Los diputados franceses adoptaron el martes el proyecto de ley de financiamiento de la seguridad social (PLFSS) para 2026 con un margen de 13 votos. Una votación que podría marcar un punto de inflexión en la cultura parlamentaria francesa y abrir la puerta a futuros “contratos de coalición”.

Francia vive desde 2022 una situación política en la que ningún bloque tiene mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. La disolución parlamentaria decidida por el presidente Emmanuel Macron en junio de 2024 no sólo no resolvió el problema, sino que lo agravó de algún modo, fragmentando aún más el hemiciclo entre extrema derecha, derecha tradicional, centro macronista, socialistas e izquierda radical.

En este complejo tablero parlamentario, la votación del martes mantuvo en tensión la Asamblea Nacional hasta el último momento. Con 247 votos a favor, 234 en contra y 93 abstenciones, el presupuesto de la seguridad social para 2026 logró finalmente ser aprobado por la cámara baja. Este giro marca un punto de inflexión en la cultura parlamentaria francesa, tradicionalmente marcada por el uso de mecanismos constitucionales que permiten al Ejecutivo imponer su voluntad.

La aprobación de este presupuesto relativo a la seguridad social es crucial, ya que engloba los gastos sanitarios, las pensiones y las prestaciones sociales, y representa una parte fundamental del gasto público francés.

Una estrategia de compromiso que dividió a la Asamblea

La clave del éxito de Sébastien Lecornu residió en su decisión de renunciar al uso del artículo 49.3, que permite aprobar leyes sin votación pero expone al gobierno a mociones de censura. En su lugar, el primer ministro optó por una estrategia de negociación y concesiones que le permitió obtener el apoyo o la neutralidad de varios grupos de oposición. Durante semanas, el primer ministro y su ministra de Cuentas Públicas, Amélie de Montchalin, se reunieron con los diferentes grupos parlamentarios, buscando terrenos de entendimiento.

“El giro Lecornu consiste en haber tenido una verdadera actitud de negociación y apertura en la discusión parlamentaria, que estuvo ausente con Michel Barnier y François Bayrou”, los primeros ministros que lo precedieron, señala Denis Baranger, profesor de derecho público en la Universidad Paris-Panthéon-Assas.

Sin embargo, este éxito tiene un precio político considerable. El texto adoptado no satisface a nadie, ni siquiera a quienes lo votaron. “Es un presupuesto imperfecto, pero necesario”, resumió Pierre Cazeneuve, diputado de Renaissance (el partido de Macron). En privado, los macronistas hablan de un “compromiso rengo”. Por el otro lado, Boris Vallaud, presidente de la bancada socialista, asume haber limpiado el “museo de los horrores” presentado inicialmente por el gobierno, pero insiste: “No lo votamos porque sea nuestro, sino porque es el fruto del compromiso republicano”.

El riesgo de no hacerlo era evidente. Como advierte el diario francés Le Monde, el rechazo sistemático habría alimentado “la impresión de bloqueo institucional” y demostrado la “incapacidad del Parlamento para generar mayorías”, debilitando aún más la democracia representativa en un momento en que los extremismos están en alza.

Tres medidas emblemáticas del presupuesto

La medida más emblemática –y más costosa políticamente para la derecha– es la suspensión temporal de la controvertida reforma de las jubilaciones aprobada en 2023. Aquella reforma, que elevó la edad legal de jubilación de 62 a 64 años, había provocado meses de manifestaciones masivas y huelgas que paralizaron Francia.

Como concesión clave para obtener el voto socialista, el gobierno aceptó suspender parcialmente su aplicación hasta las elecciones presidenciales de 2027. De este modo, una persona nacida en 1964 podrá retirarse a los 62 años y 9 meses en lugar de los 63 años. Sin embargo, para quienes nacieron a partir de 1969, la edad de jubilación se mantiene en 64 años. El costo económico de esta medida se estima en 300 millones de euros para 2026 y 1.900 millones para 2027.

Otra medida clave fue el rechazo de los diputados al congelamiento de las pensiones de jubilación y las prestaciones sociales (asignaciones familiares, subsidios de vivienda, ingreso mínimo de inserción). Estas prestaciones seguirán indexadas a la inflación, protegiendo el poder adquisitivo de millones de franceses.

Esta decisión representa una derrota para el gobierno en el hemiciclo, pero Lecornu la aceptó junto con el congelamiento de la reforma de las jubilaciones como parte del proceso de negociación.

Otro punto clave fue la creación de la red France Santé. El gobierno propuso y la Asamblea adoptó una medida para la creación de una red para facilitar el acceso a la asistencia sanitaria en las zonas aisladas del país. Se trata de una red compuesta principalmente por estructuras existentes, que podrían beneficiarse de una ayuda financiera de unos 50.000 euros cumpliendo determinadas condiciones de accesibilidad y proximidad.

Consecuencias políticas: un respiro frágil

Para Lecornu, la aprobación del PLFSS representa un logro que contrasta con el fracaso de sus predecesores. Por ejemplo, el ex primer ministro Michel Barnier perdió el cargo en diciembre de 2024 por este mismo presupuesto. Al evitar el uso del 49.3 y lograr un consenso parlamentario, aunque mínimo, el primer ministro parece demostrar que es posible gobernar sin mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, situación que Francia enfrenta desde 2022.

Sin embargo, el margen de 13 votos expone la fragilidad del Ejecutivo. Cualquier pequeño movimiento en el complejo tablero parlamentario francés podría cambiar la situación. Sólo falta recordar que el gobierno anterior, nombrado por Lecornu en octubre pasado, duró exactamente 14 horas.

Pero el verdadero desafío comienza con el presupuesto general del Estado, donde encontrar una mayoría parece aún más difícil. El Partido Socialista ya ha condicionado su voto a medidas fiscales que graven a “los más ricos”, mientras que Los Republicanos podrían rechazar un presupuesto demasiado “confiscatorio”.

El voto del martes trasciende el simple marco presupuestario para plantear una pregunta fundamental sobre el futuro de la democracia francesa: ¿puede Francia, acostumbrada a un sistema presidencialista fuerte en el que el Ejecutivo impone tradicionalmente su voluntad, adaptarse a una nueva era de gobiernos sin mayoría y coaliciones frágiles?