Valentina Ballesta, directora adjunta de Investigación para América de Amnistía Internacional (AI), advirtió que las políticas contra inmigrantes y el despliegue de la Guardia Nacional y los Marines para reprimir las protestas en Los Ángeles son parte de una escalada hacia el autoritarismo por parte del gobierno del presidente Donald Trump.
“El mayor riesgo aquí es no sólo al debido proceso y a las garantías constitucionales de todas las personas a ser juzgadas por un tribunal imparcial y a defenderse de este tipo de acusaciones, sino que también la separación de poderes está en riesgo”, expresó Ballesta, informó el diario La Opinión de Los Ángeles.
La experta recordó que Estados Unidos históricamente fue una especie de “refugio” para movimientos en otros países donde se “violan sistemáticamente los derechos humanos”.
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AI, agregó Ballesta, evalúa si las acciones que está tomando el gobierno de Trump están afectando derechos civiles, el debido proceso y la división de poderes, así como abusando del uso de militares en aspectos civiles.
Desde que volvió a la Casa Blanca en enero, la administración Trump implementó varias acciones contra inmigrantes indocumentados, lo que fue calificado por organizaciones civiles como una campaña de “terror”, al empujarlos incluso a la deportación. “Pero lo más grave, por supuesto, es que se está traduciendo en políticas específicas frente a las que hoy protestan en Los Ángeles”, agregó Ballesta.
La integrante de AI dijo que la situación en la ciudad californiana es particularmente preocupante, debido al despliegue de 4.000 miembros de la Guardia Nacional y 700 miembros de la Marina. “Para AI, la militarización de las labores de seguridad pública hacia la ciudadanía nunca es buena idea”, expresó.
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Medios estadounidenses informaron que el viernes comenzaron a llegar a Los Ángeles los primeros 200 marines de un batallón de 700, que se unirían a las tropas de la Guardia Nacional ya desplegadas en la ciudad por decisión de Trump.
El mando de esas tropas se viene disputando en las cortes judiciales. En la noche del jueves, un tribunal de apelaciones anuló un fallo anterior y dictaminó que Trump puede conservar el control temporal de la Guardia, lo que supone un duro golpe para el gobernador de California, Gavin Newsom. El dirigente demócrata se opone a la llegada no solicitada de militares para cumplir funciones policiales, en lo que denunció como una muestra del creciente autoritarismo del Ejecutivo de su país.
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El tribunal emitió el fallo después de que el juez de distrito Charles Breyer dictaminara que la acción de Trump era “ilegal” y violaba la Décima Enmienda, y que por lo tanto el presidente debía devolver el control de las 4.000 tropas a Newsom.