Organizaciones estudiantiles y otros movimientos sociales marcharon el viernes por la Explanada de los Ministerios, en Brasilia, con un gigantesco muñeco inflable con la imagen de Jair Bolsonaro con traje a rayas. “Nuestro país ha dado una lección de democracia al mundo. Aquí, el que atenta contra la democracia, tiene que pagarlo y ser castigado”, dijo Gabriel Souza, integrante de la Unión de la Juventud Socialista Brasil a la agencia Efe. Su reacción se sumó a muchas que dieron la bienvenida a la condena a 27 años y tres meses de prisión para Bolsonaro por liderar una trama golpista, y consideraron la sentencia como una afirmación de que nadie está por encima de la ley.
Por el momento, Bolsonaro sigue en prisión domiciliaria preventiva y, según el diario Folha de São Paulo, podría ingresar a prisión recién en diciembre, cuando su defensa ya no podrá presentar más recursos.
La revista Carta Capital explicó que antes de que Bolsonaro cumpla la pena, el proceso tiene varias etapas, entre ellas, un plazo de 60 días para la publicación del pronunciamiento del Supremo Tribunal Federal, que es inapelable. Si bien Bolsonaro y los otros siete condenados por esta trama pueden presentar recursos que posterguen el cumplimiento de la pena, no cambiarían el resultado del juicio.
El abogado penalista Antônio Carlos de Almeida Castro, dijo a ese medio que es posible que al igual que al expresidente Fernando Collor, condenado por corrupción, Bolsonaro sea trasladado en su momento al complejo penitenciario de máxima seguridad del Distrito Federal, pero sus abogados podrían pedir prisión domiciliaria. Un pedido de ese tipo también implicaría esperas, para presentar eventuales evaluaciones médicas o informes de la dirección del penal sobre la seguridad con la que contaría allí.
La defensa de Bolsonaro manifestó que apelará “incluso en el ámbito internacional” y calificó las penas que recibieron el expresidente y siete de sus colaboradores como “absurdamente excesivas y desproporcionadas”.
A su vez, aliados políticos del dirigente ultraderechista, que ya promovían una amnistía en el Congreso para quienes asaltaron las sedes de los tres poderes del Estado para reclamar un golpe militar el 8 de enero de 2023, evalúan comprender en esa ley a Bolsonaro y los demás condenados por la trama golpista.
Integrantes del Partido Liberal, al que pertenece el expresidente, se contactaron el viernes con magistrados del Supremo Tribunal Federal que no pertenecen a la Sala de Primer Turno, que lo condenó, para sondear qué receptividad podría tener una ley de ese tipo, informó O Globo. Señaló que lo mismo había hecho dos semanas atrás el gobernador de San Pablo, Tarcísio de Freitas, pero no recibió señales positivas.
Los partidarios de Bolsonaro también apuestan a la presión del gobierno de Estados Unidos. El diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, está desde marzo en ese país, en contacto con integrantes del gobierno de Donald Trump, que ya impuso aranceles de 50% a Brasil y sanciones al juez que lideró la investigación contra Bolsonaro, Alexandre de Moraes.
Al conocer la sentencia de culpabilidad contra Bolsonaro, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que “Estados Unidos responderá en consecuencia a esta caza de brujas”. A su vez, la embajada de Estados Unidos en Brasil publicó el viernes en la red X una declaración del subsecretario de Estado, Christopher Landau, en la que acusa a De Moraes de “desmantelar el estado de derecho en el país y arrastrar las relaciones” entre los dos países “al punto más oscuro en dos siglos”.
El viernes congresistas estadounidense republicanos pidieron más sanciones contra Brasil, mientras representantes de la oposición demócrata acusaron al gobierno de Trump de intentar ejercer una injerencia en ese país.
Los críticos del fallo no se refieren a la acusación de fondo. La Justicia concluyó que Bolsonaro “lideró” una trama golpista para “perpetuarse en el poder” después de perder las elecciones de 2022, ante Luiz Inácio Lula da Silva. Los jueces evaluaron documentos, audios, mensajes y discursos que respaldan esa acusación.
Señalaron que la trama comenzó en 2021, con una campaña para sembrar dudas sobre el proceso electoral y el Poder Judicial, siguió con discursos que prometían desacatar las decisiones del Supremo Tribunal Federal y continuó con la difusión masiva de noticias falsas.
Finalmente, Bolsonaro mantuvo en 2022 varias reuniones con altos funcionarios civiles y los comandantes de las Fuerzas Armadas para impulsar un golpe de Estado. Varios lo apoyaron y hoy figuran en la lista de los condenados, y otros, al no respaldarlo, lo impidieron. Pero el proyecto golpista continuó con campamentos que reclamaban un golpe militar y con el asalto a las sedes de los tres poderes.
Junto a Bolsonaro, fueron condenados su exedecán Mauro Cid, que hizo un acuerdo de colaboración con la Justicia y recibió la pena de dos años de prisión en régimen abierto, que le permite salir de la cárcel; el exjefe de Inteligencia Alexandre Ramagem (condenado a 16 años y un mes de prisión); el exministro de Defensa Paulo Nogueira (19 años); el exasesor Augusto Heleno (21 años); el excomandante de la Marina Almir Garnier (24 años); el exministro de Justicia Anderson Torres (24 años), y el exministro de Presidencia y de Defensa Walter Braga Netto (26 años).
En la región también hubo reacciones ante este fallo. En Chile, que se encamina a las elecciones del 16 de noviembre, el candidato ultraderechista a la presidencia José Antonio Kast dijo que esta sentencia esconde una “disputa política” porque “hay jueces que tienen una ideología muy marcada”.
Por el contrario, el presidente Gabriel Boric, publicó en X: “Mis respetos a la democracia brasileña que resistió un intento de golpe de Estado y hoy juzga y condena a sus responsables”.