La Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos (Andebu) es el grupo de presión que históricamente ha controlado las políticas sobre los medios audiovisuales en el país. Como plantea la historiadora Mónica Maronna, desde que la gremial de propietarios de los medios audiovisuales comerciales se creó, en 1933, ha manifestado reiteradamente su rechazo a la intervención estatal y su defensa de la propiedad privada y múltiple de los medios de comunicación como garantía para el ejercicio de la libertad de expresión. Es que en Uruguay, al igual que en la región, libertad de expresión y libertad de empresa se han tomado como sinónimos durante mucho tiempo.

Año tras año y gobierno tras gobierno, fueron muy pocos quienes se animaron a poner límite al poder que ostentan los medios comerciales en Uruguay. En el libro Las cuatro décadas de Canal 5, en Televisión estatal, ¿qué hacer con ella?, el investigador Carlos García Rubio plantea que, por medio de Andebu, los medios comerciales operaron políticamente en reiteradas ocasiones en contra de los intereses del canal público. El primer enfrentamiento de relevancia fue en mayo de 1966, cuando Canal 5 recibió la autorización para comenzar a facturar publicidad proveniente de anunciantes privados, y entonces los tres canales emitían en sus pantallas que “la publicidad que propala el SODRE es ilegal, inconstitucional e inconveniente”. Políticos como Luis Hierro Gambardella y Amílcar Vasconcellos defendieron firmemente la postura del canal público, lo que desembocó en que el primero de ellos dejara su cargo en el Ministerio de Instrucción Pública debido a las fuertes presiones que ejerció Andebu en su contra.

Otro episodio que describe García Rubio, y que ilustra la capacidad de freno de los medios comerciales sobre las reformas, fue la salida de Carlos Maggi de la dirección de Canal 5. Al asumir la presidencia de la República en 1985, Julio María Sanguinetti designó a Maggi director del canal con la idea de desarrollar un proyecto de profesionalización que nunca fue concretado debido a presiones de los canales privados, situación que provocó su renuncia semanas después de la designación. Según Maggi en una entrevista con el semanario Búsqueda en 1990, cuando le preguntó a Sanguinetti si era posible continuar adelante con el proyecto, este le respondió: “Esa batalla no la puedo dar, porque si la doy la pierdo”.

Los medios y el FA

Esta realidad no ha sido muy distinta desde que el Frente Amplio (FA) llegó al gobierno. Es cierto que desde 2005 se han concretado varias normas en materia de libertad de expresión, como las aprobaciones de las leyes de Radiodifusión Comunitaria, de Acceso a la Información Pública y la que modificó la Ley de Prensa para despenalizar parcialmente los delitos de comunicación. Sin embargo, estas normas sólo tocan muy lateralmente los intereses de los medios audiovisuales comerciales. Justamente, las iniciativas que sí se metieron directamente con sus intereses no se han aplicado o naufragaron. De un lado, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), que pone reglas claras y da derechos a la ciudadanía en relación con los medios, y que casi no se ha aplicado después de tres años de aprobada. Del otro lado, el impulso a la entrada de nuevos actores a la televisión abierta, por medio de la Televisión Digital Terrestre, que originalmente preveía el ingreso de cinco nuevos canales en Montevideo (dos del sector comercial, dos del comunitario y uno del público), sólo concretó la entrada de uno, que ya existía en el cable: TV Ciudad.

En síntesis, poco ha cambiado el sistema de medios audiovisuales en Uruguay desde 2005, más allá de la lucha de algunos actores del gobierno y de la sociedad civil, sin la que no se hubieran concretado las escasas reformas.

Históricamente, el FA ha considerado a los grandes medios audiovisuales en la vereda del frente desde el punto de vista ideológico. Sin embargo, durante los tres gobiernos del FA no hubo grandes enfrentamientos públicos, más allá de diferencias, cuya forma de resolución se desconoce. Quizá el momento más claro fue durante la discusión de la LSCA, en la que los canales montevideanos optaron por silenciar el debate o privilegiar las posturas en contra de la ley y a favor de sus intereses. Pero también puede recordarse la silla vacía de Tabaré Vázquez en el debate que organizó Andebu en 2014 para los entonces candidatos a la presidencia. Ahora se suma la declaración de la gremial empresarial a la convocatoria del martes en Durazno, en la que muchas voces comenzaron a alzarse contra políticas del gobierno. En todos los casos, las patadas de los dueños de los medios casi no tuvieron respuesta pública de los respectivos gobiernos, tampoco del FA, más allá de algunas voces aisladas en las redes sociales.

Quizá el papel político que jugaron recientemente los medios concentrados en Brasil y Argentina sean fantasmas que sobrevuelen en el Poder Ejecutivo y en el FA. Sin embargo, parece difícil que, con la centralidad que tienen los partidos políticos en Uruguay, otro actor por fuera del sistema pueda erigirse en el principal opositor de un gobierno. También puede argumentarse que no vale la pena poner tanta energía en los medios audiovisuales tradicionales, que están en proceso de extinción y pronto serán sustituidos por internet. Quizá ello ocurra para algunos sectores de la población, pero todavía la radio y la televisión son las más importantes fuentes de información en la sociedad uruguaya, y nada indica que dejarán de serlo en el corto y el mediano plazo.

Que quede claro: el problema no es que Andebu haya adherido a la convocatoria de Durazno ni que los canales se hayan puesto de acuerdo para realizar una amplia cobertura de la actividad, como nunca antes lo hicieron con ninguna movilización popular. Al contrario, siempre es bueno recordar que los medios también son actores políticos y que sus dueños y periodistas tienen juicios de valor sobre la realidad, y que ambos no necesariamente son coincidentes. El problema es que ello sea la única posibilidad para quien prende la tele con el propósito de informarse, por medio de ondas que le pertenecen a toda la sociedad. Todavía hay tiempo para lograr una radiodifusión más democrática y menos concentrada. Lo único que se necesita es voluntad política y personas dispuestas a dar “esa batalla”.