Los logros alcanzados por el gobierno del Frente Amplio en materia de educación a lo largo de estos casi 15 años de gobierno son muchos y de diferente alcance, todos dirigidos hacia un mismo objetivo: brindar buena educación que asegure un derecho humano fundamental.

La ampliación de la oferta educativa en el sector universitario, el desarrollo de becas, tutorías y boleto gratuito, los laboratorios tecnológicos, la ampliación de la educación inicial, el acceso de sectores antes relegados y el desarrollo de la infraestructura física son algunos de los puntos más potentes de las transformación en marcha.

Sin embargo, en una sociedad cruzada por desigualdades y fuertemente estratificada, con recursos que han aumentado pero aún resultan insuficientes para las necesidades del país, la tarea no ha sido sencilla y tenemos nuevos desafíos y metas en el debe.

Se puede decir que es posible mejorar la eficiencia del gasto en educación, pero ninguna de todas las propuestas que han sido publicitadas en estos tiempos hablan de gastar menos. De hecho, todas plantean la necesidad de fortalecer la inversión educativa, particularmente en los sectores más vulnerables y en la Educación Media, por sus graves problemas de egreso en el segundo ciclo, y tender paulatinamente a la universalización del acceso a la educación terciaria, objetivo aún lejano.

La asistencia intermitente, la desvinculación y la edad tardía en la culminación de la educación obligatoria son elementos que se deben revertir drásticamente, sobre todo si tenemos en cuenta que estos rasgos son más evidentes en los hogares de menores recursos. La desigualdad de origen es clave en el desempeño educativo y un predictor muy fuerte del desempeño de los estudiantes en las aulas. Pretender que el sistema educativo resuelva las contradicciones y desigualdades de acceso a vivienda, alimentación, salud y bienes culturales parece demasiado. Sin renegar del rol central de la educación en la transformación de la sociedad, el papel de las familias, la comunidad educativa, las organizaciones de la sociedad civil organizada y de la integralidad de las políticas del Estado son elementos centrales de cualquier transformación profunda. La mejora en los aprendizajes no sólo depende de las políticas y la inversión educativa, sino también de la mejora de las condiciones de vida de los estudiantes, y esto, que resulta tan elemental, parece que lo hemos dejado de lado en los debates sobre educación. Si bien estos indicadores han mejorado mucho en los últimos diez años, es imperioso profundizar los programas orientados a la continuidad educativa. Estas políticas deben ser acompañadas por transformaciones estructurales del sistema. De todos modos, muchas de las causas que explican algunos resultados se encuentran fuera del ámbito educativo. Cargar toda la responsabilidad en las instituciones educativas nos puede hacer perder de vista las desigualdades sociales de origen que, en muchos casos, determinan la futura trayectoria educativa.

Cambios a largo plazo

Menciono tres aspectos clave que a mi entender debería encarar el próximo gobierno. En primer lugar formular, con la más amplia participación social y política posible, un Plan Nacional de Educación (PNE) que otorgue una guía general que oriente el camino. En segundo término, debemos revitalizar el funcionamiento administrativo contra la burocracia paralizante y multiplicar las experiencias exitosas, y por último, crear un sistema de formación docente universitario.

El último Congreso Nacional de Educación reafirmó la necesidad de un PNE. Ya contamos con importantes insumos para su elaboración,1 suficientes para comenzar con el diseño de una hoja de ruta que nos permita delinear el camino a recorrer, por lo menos, en los próximos 20 años. El PNE deberá establecer el marco general estructurante de nuestro sistema educativo, delineando los grandes objetivos a alcanzar y los medios para conseguirlos; un mínimo común denominador de los actores políticos, sociales y la institucionalidad educativa.

Históricamente hemos considerado que el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública debe ser un ámbito de coordinación y establecimiento de las grandes líneas educativas, por lo que la simplificación de su organigrama jerárquico sería importante. El otro cambio, a mi entender fundamental, tiene que ver con la cultura del control burocrático que atraviesa la institución, lo que implicaría pasar del sistema de control ex ante, a un sistema ex post. En esta línea, en setiembre presentamos un proyecto de ley que tiene por cometido simplificar los trámites para la firma de convenios entre los centros educativos e instituciones locales que tengan por finalidad mejorar los procesos educativos de sus estudiantes.2

Otro aspecto central de cara a los próximos años es continuar profundizando aquellas experiencias que han mostrado efectos integradores, tanto aquellas que se han promovido desde los consejos como las que han surgido del cuerpo docente; el cambio pedagógico surge de varias instancias y debemos valorarlas a la luz de sus efectos. Se han concretado experiencias educativas inclusivas e integradoras con sectores de la población que tienen mayor vulnerabilidad, que han generado disminución de la inasistencia, reducción de la desvinculación y mejoras en los aprendizajes. Algunas experiencias han provocado cambios cualitativos en las comunidades: maestros comunitarios, liceos de tiempo extendido y completo, los centros educativos asociados, los liceos con tutorías y las becas de estudio son algunas de esas iniciativas que deben ser multiplicadas y difundidas, dado el potencial demostrado.

Mantenemos la convicción de fundar una Universidad de la Educación (Uned) formadora de profesionales con la base del actual Consejo de Formación en Educación. En el período anterior la propuesta fue rechazada por la oposición, y actualmente se encuentra en discusión del Parlamento un proyecto de ley presentado por el Ministerio de Educación y Cultura, aunque con escasas posibilidades de ser aprobado por el cogobierno propuesto. Debemos tener conciencia de que cualquier sistema educativo se sostiene en la capacidad de sus docentes, y en ese sentido se dirige la creación de la Uned, que, junto a la formación de grado, debe ampliar la oferta de posgrados que posibilite la actualización permanente. El carácter universitario nos permitirá, también, desarrollar y sistematizar los procesos de investigación que ya existen, pero en muchos casos como esfuerzos aislados.

Las transformaciones exitosas son aquellas en las cuales sus actores son protagonistas. Ningún cambio impuesto ha sido exitoso y sobran los ejemplos de ello. La comunidad educativa (estudiantes, padres, docentes, autoridades) debe establecer los puentes para generar una acción conjunta que nos guíe a cambios que sean significativos, que resuelvan los problemas actuales que muestra la educación pública. Debemos ser capaces de diseñar una política de largo plazo y con cambios estructurales que nos conduzcan a una permanente mejora de nuestro sistema educativo, que asegure a los que tienen menos posibilidades una buena educación.


  1. Sistema Nacional de Educación Pública, junio de 2018. Informe Final del Congreso Nacional de Educación Enriqueta Compte y Riqué. Disponible en: http://congreso.snep.edu.uy/informe-final/. GRE, setiembre de 2017. Plan Nacional de Educación, documento 9, disponible en: http://www.polomercosur.org/grupoeducacion/tag/gre/. Plan Nacional de Educación 2010-2030. Componente ANEP. 

  2. Por más información sobre el proyecto de ley se puede consultar: http://columnistas.montevideo.com.uy/uc_303331_1.html