Uruguay enfrenta varios dilemas, que oscilan entre la derrota del trabajo, la elaboración de una agenda social para el desarrollo y la necesidad de ponderar a la educación como una herramienta de formación de ciudadanía. ¿Podrá la izquierda impulsar las reformas estructurales? ¿O se impondrán las reformas dictadas por la ley del mercado y la vieja política?

I. La estrella ascendente

En el sur de América la estrella ascendente del capital es Paraguay.

Pero no del desarrollo. El desarrollo humano incluye la inversión, pero también otras dimensiones cruciales para la vida de las personas. Paraguay es un país joven que no tiene casi jubilados ni protecciones laborales básicas, ni sindicalización y casi nula presión impositiva sobre las empresas (aunque es cierto que ha logrado bajas relevantes de la pobreza y la indigencia, asociadas al fuerte crecimiento económico de 4,5 [UNIDAD] entre 2007 y 2017); el gasto público social es casi ridículo en comparación con Uruguay, y toda protección social de las personas, por ejemplo en la salud, brilla por su ausencia: es el sueño o la pesadilla de la mercantilización total de la fuerza de trabajo. Pero Paraguay es la punta del iceberg del dumping social de América Latina, la competencia por capitales basada en fuerza de trabajo de baja calificación y productividad pero muy barata. Brasil ya ha realizado y profundizará reformas laborales radicales de flexibilización laboral; el sistema de protección social chileno, por su parte, no tiene sindicatos o regímenes sociales, como el colombiano o el peruano, clientelares y basados en falsas tercerizaciones o cooperativas que encubren el no pago de salarios.

¿Son estos y otros casos nacionales la ruta a seguir por todos los demás o hay alternativas de desarrollo y una agenda social de izquierda en América Latina? Es muy claro que los países de mayor calidad de vida en el mundo actual no son las dos potencias competidoras por la hegemonía global, Estados Unidos y China. En China hay un viraje de modelo económico hacia dentro y hacia la mejora de calidad de vida de la población a partir de 2008. Ahora bien, no hay alto desarrollo humano sin inversiones, empleos de calidad, reconversión ecológica de la economía, iniciativa nacional de cambio tecnológico y, dentro de lo posible en la pequeña escala, una diversificación productiva de altísima calidad en algunos rubros que agregan valor protegiendo a las clases medias productivas que a priori no tienen lugar, por escala, en los patrones prevalecientes de la globalización.

Las reformas laborales conservadoras latinoamericanas son parte de un cuadro global más amplio que incluye los programas de ajuste europeos o el renacimiento neomercantilista –tras el auge del libre comercio hacia la década del 90– en Estados Unidos y la competencia entre las grandes potencias. En América Latina la opción de las derechas en el poder es destrucción definitiva del desarrollismo brasileño tardío y fuga del capital hacia destinos de mayor explotación del trabajo o la profundización de la revolución tecnológica para el reemplazo de las personas por robots con inteligencia artificial y emocional.

II. La nueva agenda social

Los logros alcanzados por los gobiernos de izquierda en Uruguay desde 2005, el nuevo escenario global y regional de “dumping social”, el proteccionismo y el avance de la extrema derecha abren diferentes opciones en la nueva agenda social.

En el centro de los últimos 15 años de progreso de las condiciones de vida de trabajadores y jubilados se ubican fuertes mejoras de ingresos reales y nuevas protecciones sociales, mientras el dinamismo económico y la política pública contribuyeron a formar una clase media emergente pero vulnerable a la salida de la pobreza. También hubo la mayor caída de las desigualdades de la región.

Sobre este piso de logros el eje de la nueva reforma social que debe afrontar Uruguay es triple y de largo aliento. En primer término: desde la dictadura se registró un vaciamiento de las áreas centrales de Montevideo y una expansión de periferias de pobreza aisladas con altas tasas de embarazo adolescente; en los años 90, según la prestigiosa consultora del arquitecto Miguel Cecilio, los asentamientos precarios crecieron al ritmo de 7% anual y el país entró en el corazón profundo de la segregación socioespacial. La implantación de la negociación empresa por empresa en 1990 y el profundo impacto de la destrucción de la industria protegida –que vertebraba la cultura del trabajo en periferias metropolitanas y ciudades del interior– provocaron el naufragio de la vieja integración social barrial, fundada en familias patriarcales de aportante único, en todas las periferias, con la consiguiente disolución de creencias, normas sociales y valores ordenadores de vida de las personas en su cotidiano.

El resultado fue el pasaje de un mundo urbano basado en barrios populares heterogéneos abiertos a la movilidad social propios de las décadas del 40 y 50 del siglo XX, combinando modelos de roles de personas de estudios y empleos distintos hacia nuevos barrios pobres homogéneos y guetos aislados y consolidados por cambios familiares cuyo costo principal reposó en las mujeres responsables, todavía exclusivas encargadas del cuidado de menores y adultos mayores. En ese contexto crecieron las tendencias anómicas de sucesivas generaciones de adolescentes varones, que optaron por la infracción de la ley y luego por el narcotráfico, y generaciones de chicas cuya adolescencia se redujo exclusivamente a la maternidad precoz. Sólo desde 2013 el país pudo revertir las tasas de embarazo adolescente de niveles haitianos, facilitando la concreción de la vocación de estudio de las chicas jóvenes. La nueva prioridad de los gobiernos del Frente Amplio en la agenda social es el combate y la reducción de la segregación socioespacial. Ello supone focalizar los mayores recursos de educación, salud, vivienda, integración física urbana y creación de opciones de empleos –por ejemplo mediante incentivos para crear “zonas económicas especiales”– en los puntos de nexo entre las periferias aisladas y la ciudad consolidada, con fuerte respaldo de políticas de formación profesional y cuidados para facilitar el protagonismo de las mujeres.

Lo mismo sucede con la construcción y emplazamiento de equipamientos de uso social, deportivo, cultural o recreativo y de centros comerciales a cielo abierto, que no deberían encerrarse dentro de guetos sino ubicarse como conectores con el resto de la ciudad, aportando a la formación de barrios, matrículas y usuarios heterogéneos, que siempre definen la elevación de la calidad de aprendizajes o la provisión de servicios.

Aunque la cuestión del tamaño sea relativa, una cosa son servicios de cercanía como los CAIF o las policlínicas, y otra muy distinta los servicios de escala media y superior, como los polos educativos, los centros comerciales, los complejos deportivos o culturales.

Por tanto, la estrategia social aglutinadora de los próximos gobiernos del Frente Amplio debe orientarse a acciones concretas y sistemáticas de reducción de la segregación socioespacial y a la producción de barrios heterogéneos. Si bien exige un enfoque integral de todas las políticas sociales y la promoción de inversiones, innovación y empleos en el territorio, también exige una rectoría institucional renovada y fuerte.

Una transformación del Ministerio de Desarrollo Social actual en un ministerio contra la segregación reuniendo a la Dirección Nacional de Vivienda, a la Agencia Nacional de Vivienda y a organismos de vivienda en estrecha coordinación de la focalización del cambio educativo parece insoslayable para cumplir dicha tarea. La estrategia debe ser multidimensional, y en grandes periferias supone su consolidación como nuevos barrios de calidad pero también implica producir heterogeneidad, redensificar las áreas centrales abandonadas de las ciudades de todo el país y desarrollar los nudos residenciales, productivos, educativos y de servicios de encuentros entre barrios con características socioculturales distintas y homogéneos entre sí. Ello supone apoyo a realojos y fuertes subsidios para relocalización de población de clase media vulnerable y trabajadora y en algunos casos de poblaciones vulnerables, con sectores medios y medios altos. Es necesario aplicar y hacer cumplir estrictamente las prohibiciones de formación de countries y de barrios privados de ricos, porque son la contracara de los guetos de pobres y la cara neoliberal de la ciudad de los negocios neomedieval, opuesta a la ciudad democrática como amplio sistema de espacios públicos con barrios que, sin perder especializaciones funcionales residenciales o productivas o de servicios, aseguren grados relevantes de heterogeneidad sociocultural.

En segundo término, en el contexto de la competencia por dumping social (la institución del Consejo de Salarios tiene 70 años), una reforma de las relaciones laborales en la tradición de la izquierda democrática es estratégica para crear un nuevo clima de cooperación, amigable con la inversión y la generación de nuevos empleos de alta calidad y compatible con la independencia de clase del mundo del trabajo tanto del capital como del Estado. La derecha se propone una agenda de flexibilización laboral y retroceso brutal de derechos sociales en Brasil –que por razones de escala condiciona los movimientos de capital en toda la región– y otros países de América Latina y reconoce, en el mejor de los casos, una negociación aislada empresa por empresa con sindicatos muy débiles.

Es necesario ampliar el menú de la negociación colectiva de los Consejos de rama incluyendo empleos, salario social o prestaciones sociales, productividad del trabajo (medida por un instituto independiente del Estado, el capital y el trabajo), y también consolidar la cláusula de desenganche de las pequeñas empresas o empresas con probados problemas de rentabilidad. Renovar la negociación colectiva también es construir una cultura de confianza e información compartida entre las partes y una reducción del conflicto como gimnasia y gesto automático. Superar ese estilo para afirmar el verdadero poder del movimiento obrero en el control de informaciones y decisiones de inversión también supone este cambio cultural de rutinas de movilización –esto sucedió en la Europa de los años 80 y concluyó con una derrota contundente de los movimientos de trabajadores– que hoy sólo se observa en Uruguay, Grecia y pocos países más, para no hablar de los países de regímenes de tradición revolucionaria.

III. El desafío de las reformas

Esta ampliación del escenario de la negociación colectiva también exige a la clase trabajadora ponerse a la cabeza de la nueva relación entre revolución tecnológica y nuevos empleos manuales o intelectuales creativos. En Alemania la cogestión ha sido un instrumento eficaz. Pero un largo camino de creación de confianza recíproca en un país como Uruguay, de histórico déficit de emprendedores, es necesario para avanzar.

En tercer lugar, y en parte porque el desarrollo humano exige una nueva ciudadanía, activa, preparada para la iniciativa en el cambio tecnológico y la revolución de la productividad –además de colaborar con la estrategia de reducción de la segregación socioespacial focalizando un gran esfuerzo educativo para promover igualdad y calidad de inclusión y aprendizajes–, se impone la postergada transformación estructural de la educación pública del país.

Lo esencial de la desmercantilización en el paradigma socialista es la emancipación tanto de la dependencia del mercado como de las familias y formas tradicionales de autoridad religiosa o del propio Estado. La calidad y la configuración de los derechos sociales, no su simple existencia, es lo que permite identificar un enfoque socialista dotado de especificidad. En contraste con los modelos conservadores, la dependencia de la familia, de la moralidad o de la autoridad no es un sustituto para la dependencia del mercado; la idea es más bien la de la independencia del individuo. Y, en contraste con el liberalismo, el propósito del socialismo es maximizar e institucionalizar los derechos. Por tanto, una renovación del sentido de la educación como herramienta de formación de ciudadanía y para la vida, así como de anticipación del cambio técnico para la iniciativa, supone adoptar un enfoque sistémico curricular, institucional y organizativo que: a) unifique los subsistemas con una perspectiva estratégica integral de competencias centrada en el alumno y esfuerzos en el desarrollo de la educación tecnológica y la formación profesional, manteniendo el esfuerzo sostenido en primera infancia de la cobertura a la calidad; b) resuelva la dispersión de centros de decisión en un punto único del sistema; c) consagre la autonomía de centros con un margen de flexibilidad curricular y recursos propios; d) defina un nuevo escalafón docente basado en el mérito en el aula asociado a las remuneraciones; e) consagre una Universidad de la Educación que forme licenciados/as en formación en competencias con calidad disciplinar, para lo que en Uruguay hoy es la escuela y el primer ciclo, complementado por maestrías por asignatura o dificultades de aprendizaje; f) unifique, en un marco curricular común, un conjunto de competencias junto con los contenidos de las asignaturas.

O la izquierda hace las reformas estructurales de la izquierda o las reformas las dictará la ley del mercado, con toda la vieja política de las viejas dinastías, los viejos tecnócratas. Es un gran dilema para el Uruguay, pero cada día que pasa, con el avance del fascismo y la ultraderecha, que no quieren el Estado de derecho en todas partes. Estamos dentro de un pequeño Stalingrado del mercado especulativo desregulado que destruye la esencia de la democracia. La respuesta de la izquierda sólo puede ser más democracia y más reformas para el desarrollo humano.