1. El problema agrario no es un asunto de relato sino del mundo material

Ante la movilización del 23 de enero en Durazno y sus marchas previas y posteriores, múltiples voces progresistas abundaron en disputas del relato de la realidad por los interlocutores de Un Solo Uruguay. La jerarquización del relato obedece al tiro corto (defensa del proyecto) e impide ver el tiro largo, que corresponde a un cambio objetivo material en el precio de las materias primas que exportamos y que trae consigo un problema estructural (históricamente repetido en diversas crisis) de disminución de la renta agraria y con ella de las divisas que circulan en el país, trayendo como consecuencia problemas de la balanza de pagos, de sostenibilidad del aparato productivo (fundamentalmente agrícola), de un claro problema para la “forma” de trabajo de los productores agrícolas, dado que el arrendamiento es la forma de tenencia que les permite escala, y de reestructura del empleo y subempleo en el interior, que ve disminuida la actividad zafral y de servicios relacionada a la agricultura.

Existe un problema objetivo que es imperioso atender, porque ocurre en el epicentro de la generación de riqueza genuina de nuestra nación y define nuestra capacidad de intercambio con el mundo. Y, claro está, existe un problema estructural para la producción familiar, que seguirá siendo filtrada año a año si la “política con mayúscula” no interviene en definir el proyecto de campo que quiere para Uruguay.

2. Los problemas del campo y de la ciudad se alimentan uno al otro

La cuestión agraria es la cuestión nacional, pero la mentalidad urbana impide visualizar esa realidad cotidianamente por la mayor parte de organizaciones sociales y políticas. No se ve circular la renta del suelo cuando uno compra una pilcha o un electrodoméstico. La fuga de pobladores y productores en las últimas décadas, además de abonar el problema de la población sobrante en las ciudades (que no tienen proyecto económico que las albergue), continúa concentrando riqueza y poder cada vez en menos empresas nacionales y extranjeras que tienen enorme capacidad de boicot de cualquier cambio en torno a lo agrario. No alcanza un Estado que redistribuya renta agraria o que se juegue al derrame del mercado, se precisa un proyecto productivo, educativo, científico-técnico y demográfico que dé cuenta de la importancia económica del agro.

3. El movimiento Un Solo Uruguay nace en base a un problema agrario objetivo, pero no es sectorial, sino que se comporta como un partido

Más allá de cuestiones formales, lo relevante es observar que tempranamente este movimiento articula un discurso integral de lectura de la realidad y genera asimismo una respuesta integral a sus problemas. Transversaliza intereses uniendo a productores, comerciantes, intermediarios, transportistas, etcétera. Convoca en sus actividades a que la gente “se arrime y cuente sus problemas”, como en Paysandú. Nadie queda afuera de sus llamados a participar en las actividades y, claro está, como todo partido, su principal opositor es el que está en el gobierno. La misma noche del día del acto en Durazno circuló un video resumiendo la proclama muy bien editado que culminaba diciendo que iban a sacar al gobierno a patadas.

Para la producción familiar, esta herramienta organizativa no tiene soluciones duraderas, porque no sólo reafirma la estructura de poder (statu quo terrateniente) que ha impedido la reproducción de la familia rural en la tierra, sino que reivindica abiertamente un sistema de competencia mercantil que, por razones de escala, filtra primero a los productores familiares, radicalizando este objetivo en el momento que concentran sus baterías en el achique del Estado, único actor de poder que permite la resistencia de la producción familiar y el avance de los derechos de los trabajadores rurales.

4. La imagen de Un Solo Uruguay es Brasil, Argentina y Paraguay

Rápidamente fueron expresando abiertamente en sus circuitos de comunicación hacia dónde se dirige el proyecto político del partido. Si habremos de competir con nuestros vecinos y ellos tienen permitido un régimen de 12 horas de trabajo legal, si ellos bajan salarios vía población sobrante o bajando gastos sociales y jubilaciones, nosotros también. Representan entonces la cara uruguaya de la ofensiva para el cambio de ciclo político latinoamericano. Los avances para la producción familiar que existieron fundamentalmente en Brasil y Argentina, creando institucionalidad específica para su apoyo, fueron rápidamente desmantelados o acorralados por estos gobiernos. No hay razones para pensar que gobiernos conformados en ese espejo sean convenientes para los productores familiares o los trabajadores rurales.

5. La década progresista se comportó de manera contradictoria en torno a la cuestión agraria

El modelo neodesarrollista deja fluir al capital, le da marco para estimular sus inversiones y utiliza al Estado para regular derechos y compensar o mitigar los males mayores del sistema. A nivel rural esto se expresó, por un lado, en el incremento sostenido de la extranjerización y concentración de la tierra, pero por otro, en avances en condiciones para los trabajadores rurales (ocho horas), en dinamización de la entrega de tierras por parte del Instituto Nacional de Colonización y en líneas diversas de apoyo a la producción familiar por proyectos, instituciones, etcétera.

6. Existe un cambio de correlación de fuerzas entre grupos sociales agrarios y se recomponen las alianzas

Sosteníamos hace tiempo, cuando el capital transnacional estaba a la ofensiva por la tierra en Uruguay y se hablaba de extranjerización y “land grabbing”, que el agronegocio representaba de facto una alianza entre el capital transnacional, los terratenientes y el capital nacional, contando además con el apoyo explícito de la tecnocracia gobernante, una fracción de los trabajadores que ven mejorados sus ingresos y un grupo de productores familiares (fundamentalmente los propietarios de sus tierras) que logran capturar la suba de precios de los commodities. Del otro lado del mostrador, una gama de conflictos débiles y dispersos relacionados a la salud, el ambiente, la concentración de la tierra o el acorralamiento de productores familiares, el incremento del precio de los arrendamientos que corrían algunos pastoreantes ganaderos o pequeños tamberos daba cuenta de una alianza tácita desarticulada y a la defensiva (resistencia) entre productores familiares y pobladores rurales. Esta resistencia tuvo su pico de movilización en las marchas en defensa de la tierra con la inversión de la minera Aratirí, finalmente frustrada.

De la mano de la caída del precio de los commodities hay un repliegue del capital transnacional y el capital nacional quiebra con el gobierno, porque su negocio no es sostenible. Se acaba aquí el pacto pacífico de clases del Frente Amplio, la burguesía agraria se corre de la alianza con el gobierno y decide enfrentarlo. De la vieja guardia de la Federación Rural van quedando pocos dentro del elenco frentista, los arroceros culminan su amorío con la salida del ministro y los lecheros, sector muy apoyado por las políticas públicas, están golpeados financieramente y enojados. Con ese cambio de correlación de fuerzas, los sectores pudientes del campo precisan captar en su interior de forma orgánica a toda la producción familiar (que siempre está al filo en sus ingresos) y al pueblo trabajador del interior que está sufriendo la caída de actividad. La legitimidad del agronegocio está en la generación de riqueza y mejora de las condiciones de vida de la población; en cuanto eso deja de pasar, la crisis abre aguas y se disputa la dirección de la salida de esa crisis.

Los terratenientes y el gran capital agrario intentan que la salida pase por un ajuste salarial y del gasto público. Parte de su base de apoyo discursiva es contradictoria, porque es imposible abarcar todo el campo y ciudad del interior (productores para el mercado interno vs. aumento del dólar; ajuste del Estado y del salario vs. comerciantes locales; además de sus propios intereses encontrados: rentistas vs. dinamismo inversor).

7. La producción familiar se encuentra en un parteaguas

O elige ser furgón de cola de los grandes empresarios y propietarios rurales en su embestida contra el gobierno o asume un rol protagónico en una alianza con los trabajadores para avanzar sobre su programa histórico: la democratización de la tierra, la solución a sus problemas de escala y el afincamiento de más familias en el campo, y con ellas, la profundización de los servicios asociados. La decisión de qué hacer es determinante, porque será la sociedad civil y su programa los que orienten la salida de la crisis, dado que, sea el gobierno que sea, deberá atender la cuestión agraria y la renta del suelo en una dirección u otra.

8. La única forma de pasar a la ofensiva es en alianza con pobladores urbanos y trabajadores organizados

A lo largo de la historia nacional los productores familiares obtienen avances en gobiernos en los que la clase trabajadora organizada tiene incidencia. Esto es lo que ha ocurrido fundamentalmente en los períodos batllistas y durante los gobiernos del Frente Amplio, cuando se avanzó tanto en derechos de los trabajadores como en políticas de apoyo explícito a la producción familiar. Sin embargo, en la medida en que el capitalismo uruguayo en su expresión concreta actual mande al muere a los productores familiares, no habrá política compensatoria que recomponga esta alianza.

En este momento Un Solo Uruguay y la mayor parte de las gremiales rurales eligen poner al gobierno y el Estado de chivo expiatorio de los problemas propios del sistema capitalista y su tendencia natural a la concentración, porque en esta vuelta los está filtrando a ellos.

9. La salida a la crisis de disminución de la renta agraria no es la recomposición de la tasa de ganancia del gran empresariado y los rentistas, sino el avance de la democratización de la tierra

Cualquiera sea la opción del gobierno, en todos los escenarios existirá ajuste de la economía e inversión estatal. El asunto es cómo se procesa el ajuste, por un lado (sobre trabajadores mediante devaluación, congelamiento salarial y achique del Estado, o sobre rentistas, mediante carga impositiva a las grandes extensiones y limitando la superficie bajo una firma), y, por otro, dónde se canalizan los recursos de apoyo (si van a concentrarse cada vez más en pocas empresas del medio rural o se va a confiar la capacidad inversora a la producción familiar, productores medianos y emprendimientos colectivos, mediado por herramientas financieras similares a las que ya existen para los sectores productivos, por ejemplo, los fondos lechero y arrocero).

10. En el corto plazo, la alianza que permita consolidar un bloque de avance en la propiedad social del suelo y de la renta agraria pasa por articular la lucha por los bienes comunes y las empresas públicas: energía, agua y tierra

Como siempre en la historia, la realidad manda, y lo importante es trabajar los asuntos por problemas y no en abstracto. La ofensiva sobre el Estado y las empresas públicas obliga a todos los que vivimos del trabajo a reivindicar nuestro lugar de participación e incidencia en los destinos de la sociedad de la que somos parte. Achique del Estado y achique de lo público es achique del poder para los trabajadores y productores familiares. El desafío que tenemos por delante es articular en una única lucha a la sociedad civil organizada para defender los bienes estratégicos para la vida y la economía nacional: organizaciones de la producción familiar y redes asociadas a la agroecología, mercados y asociaciones de consumidores, sindicatos de trabajadores rurales, sindicatos de las empresas públicas y comisiones que ya están activas para defender los bienes comunes.

Ramón Gutiérrez | Consejero de la Comisión Nacional de Fomento Rural e integrante de la Unidad Cooperaria N°1 (Cololó)