La Ley de Presupuesto es el instrumento del gobierno para llevar adelante sus proyectos, asignándoles recursos a lo largo de todo el período, en función de sus prioridades.
Este proyecto de Ley de Presupuesto termina de confirmar el doble discurso del gobierno que anunciamos cuando se creó el nuevo Ministerio de Ambiente en la ley de urgente consideración (LUC).1 El gobierno cumple su promesa con la creación del nuevo ministerio, pero confirma que es simplemente una señal más de marketing para la tribuna y en los hechos implica un retroceso en el cuidado del ambiente y el desarrollo sostenible.
Un presupuesto de recorte
Se confirma en esta instancia el recorte de los recursos necesarios, incluso respecto de las capacidades en la Dirección Nacional de Medio Ambiente, en la de Agua y en la de Cambio Climático que existían hasta ahora en el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA).
Lo único que se incrementa es básicamente el gasto en nuevos cargos de confianza y otras partidas asociadas: el nuevo ministro, el subsecretario, el director general de Secretaría, y un nuevo cargo de director nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos; todos vinculados a cargos de confianza política. El presupuesto previsto de este rubro es de 59 millones de pesos por año.
El personal que debería incrementarse, primero para cubrir tareas administrativas y logísticas que antes se compartían con un sector fuerte como la vivienda, y complementariamente para desarrollar mejores políticas o aumentar los controles, etcétera, no sólo no aparece considerado, sino que su presupuesto será disminuido ya en 2021, además de la pérdida siguiente por la caída del salario real anunciada. La consecuencia es que ni siquiera se podrán llenar las vacantes que se generen. En 2019 se tenían asignados en sueldos 308 millones de pesos, que actualizados a 2020 representan 335 millones, y están presupuestados a partir de 2021 sólo 323 millones por año (a precios de 2020), más allá de los posibles ajustes a la baja por consideraciones generales anunciados.
Sin embargo, sí se considera la posibilidad de nutrirse de 115 pases en comisión de otros organismos, para cumplir funciones directamente para el ministro y el subsecretario, sin criterio alguno de restricciones, formación o mecanismo de selección, esenciales para el cumplimiento de roles técnicos y específicos como requieren los temas ambientales, ¿con qué criterio se definirán esas incorporaciones?
Tampoco aparecen los lineamientos estratégicos ni una nueva estructura fortalecida, más allá de los cargos políticos mencionados. Perdemos así la oportunidad de fortalecer la institucionalidad. Dejamos librado a la arbitrariedad de los cargos políticos para llenar con amigos un nuevo ministerio que debería ser fundamentalmente técnico. El propio ministro, Adrián Peña, que en la comisión expresó su preocupación porque el ministerio queda alcanzado por la norma sobre redistribución de sus funcionarios, ahora pretende completar su plantilla con 115 pases en comisión, sin ninguna condición ni estructura de cargos y funciones aprobada.
Por otra parte, las inversiones y los gastos previstos también son menores a los del período pasado, y además estarán disminuidos por la inflación (y seguramente serán topeados por criterios generales como ya lo hicieron con el Decreto 90/20), reduciendo por ejemplo la cantidad de horas a los técnicos contratados, y ahorrando la de otros que directamente fueron cesados. En 2019 se destinaban a gastos e inversiones 316 millones de pesos, que actualizados a 2020 son 343 millones, y en este presupuesto se asignan sólo 338 (a precios de 2020) desde 2021 a 2024.
Un ministerio sin contenido y una justificación hipócrita
Más allá de estas definiciones concretas que luego tendrán sus consecuencias para el ambiente, y para los habitantes actuales y futuros, las afirmaciones que se realizan en la exposición de motivos del proyecto de Ley de Presupuesto, y que luego se transcriben en el informe de la mayoría presentado al plenario de la cámara, son totalmente inaceptables y merecen respuestas y algunas reflexiones.
Las justificaciones son tan absurdas que demuestran que las motiva la clara distorsión o el total desconocimiento de la realidad. Evidencian, además, los prejuicios en que se basa la propuesta, que terminan advirtiendo todo lo que no aparece en la futura Ley, ni aparecerá en los próximos años.
Se afirma que el Estado “no fue capaz de coordinar sus propias políticas de protección del ambiente”, pero se desconoce y desarma la Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático, que coordinaba aquellas políticas desde Presidencia, asistiendo al Gabinete Ambiental y al Sistema Nacional Ambiental, integrado por los ministros y las instituciones vinculados a la temática. Este proyecto de ley no crea ningún mecanismo de coordinación a nivel del Estado. No alcanza con crear un ministerio si no tiene un marco para contraponer su visión a la de los ministerios productivos logrando en esa interacción un desarrollo sostenible.
Se menciona explícitamente la falta de coordinación en la “gestión de los residuos”, asunto en el cual, precisamente, el gobierno anterior elaboró la Ley de Gestión Integral de Residuos con todos los actores, más allá de la competencia de los gobiernos departamentales en la temática. La nueva ley clarificó las competencias que venían de la Ley Orgánica Municipal de 1935, que necesitaba actualizarse, y generó las condiciones para dar un salto en la gestión de los residuos en un trabajo conjunto.
Se plantea que “la emergencia ambiental de mayor magnitud es el agua. En 2004 los uruguayos aprobamos una reforma constitucional que declaraba el acceso al agua potable como un derecho humano fundamental. Sobre los siguientes gobiernos recayó una responsabilidad de hacer efectiva esa declaración que no fue cumplida”.
Parece que este gobierno no se enteró de que en 2005 se creó una nueva institucionalidad vinculada al agua en el MVOTMA, la Dirección Nacional de Aguas (Dinagua) y la Comisión Asesora de Agua y Saneamiento, para integrar a la sociedad en las decisiones relativas al agua. Desde allí se propuso la Política Nacional de Aguas, que se aprobó por unanimidad en el Parlamento en 2009, con la Ley 18.610. En esta norma se define una nueva gobernanza para la gestión, planificación y control, basada en las comisiones de cuenca, y los tres Consejos Regionales de Recursos Hídricos que se empiezan a instrumentar en todo el país.
Increíblemente, desde que comenzó este período hasta la presentación de la ley al Parlamento, no se había convocado ni una sola vez a ninguna de las 13 comisiones de cuenca creadas, ni tampoco a ninguno de los tres consejos regionales.
Por otra parte, se recortaron los contratos de unos 30 técnicos calificados en la Dinagua, con lo cual no se entiende además con qué recursos humanos van a asumir las actividades necesarias o cuáles son las propuestas para mejorar la situación de acceso al agua potable.
Además, OSE reestatizó las concesiones del servicio de agua potable otorgadas en Maldonado durante los gobiernos de Luis Alberto Lacalle y Jorge Batlle, en los 90 y 2000, sobre todo las que nunca cumplieron sus compromisos de inversión. Se logró, prácticamente, la universalización del servicio de agua potable en todas las localidades del país, con un Plan de Abastecimiento a Pequeñas Localidades que alcanzó a más de 300 servicios nuevos en el país. Este plan no reconoce antecedentes en América Latina y llega a poblaciones y escuelas rurales totalmente dispersas con servicios incluso de menos de 50 viviendas.
Tampoco dice nada este proyecto de ley acerca de cómo van a continuar extendiendo el acceso al agua y al saneamiento durante el período.
La exposición de motivos dice que “no sólo se trata del estado de nuestras fuentes de agua potable, afectadas por el uso incorrecto de sustancias, la mala gestión del suelo y el tratamiento inadecuado de efluentes industriales y urbanos. Además, existían carencias conceptuales para enfrentar el tema. Por ejemplo, no se incorporó de manera sistemática la noción de cuenca como objeto de acción pública”.
Es increíble que se ignore el trabajo que se viene realizando desde 2009 en las comisiones de cuenca, que articulan, además de los distintos niveles de gobierno central, departamental y municipal, a la sociedad civil, la academia y los usuarios. Dichas comisiones de cuenca han creado planes de mejora de la calidad del agua para cada cuenca, y planes de acción específicos, como el Plan de Acción de la Cuenca del Santa Lucía y la Iniciativa del Río Negro, entre otras.
También parece desconocerse el Plan Nacional de Aguas, elaborado de manera participativa y abierta en 2017, que recopila –por primera vez en el país– el conjunto de aspectos conceptuales acumulados y sistematizados por la academia, las personas y las instituciones vinculadas.
En resumen, se advierte una vez más el doble discurso y la inconsistencia total entre los hechos y sus propias palabras; entre las definiciones de recorte presupuestal y las intenciones expresadas. Además, se desconoce totalmente la realidad y los avances logrados por el conjunto de la sociedad en los últimos años. También quienes la proponen parecen olvidar sus propias acciones, contrarias a las que hoy dicen reivindicar, como las concesiones de los servicios de agua en Maldonado, o su falta de esfuerzos por universalizar el acceso al agua y al saneamiento. Obviamente, tampoco dicen qué harán para lograrlo, qué harán con la implementación del Plan Nacional de Aguas y del Plan Nacional de Saneamiento, o con los proyectos prontos para la construcción de una nueva reserva de agua para el área metropolitana, o para atender el saneamiento de La Paz y Las Piedras.
Esperemos que la realidad sea más sensata que la exposición de motivos, y que las acciones de la sociedad eviten los retrocesos que este presupuesto supone.
Martina Casás es bióloga y diputada suplente. Daniel Greif es ingeniero y fue director de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua y de la Dirección Nacional de Aguas. Ambos son coordinadores del nodo asesor en medioambiente de Fuerza Renovadora, Frente Amplio. Los autores agradecemos al grupo de asesores parlamentarios del Frente Amplio por los insumos aportados.