El 9 de abril el Poder Ejecutivo hizo público el proyecto de ley de urgente consideración (LUC), poniéndolo a disposición de todos los legisladores, vía Whatsapp y sin exposición de motivos, por lo tanto conocimos sus artículos, pero no su fundamentación. Días antes, varios líderes de la coalición hicieron explícita la necesidad de poner el texto a consideración del Parlamento, entre otros motivos, para hacer frente a la situación de emergencia. Sostuvimos que las urgencias de la gente eran otras y lo reafirmamos ahora. Estamos ante una crisis sanitaria que se trasladó a lo social y económico de tal modo que no tiene precedentes en la historia de Uruguay (y en el mundo): récord de trabajadores al seguro de paro, caída del consumo, dificultad para pagar alquileres y cuotas, aumento de precios, generación de ollas populares, el aumento y profundización de todo tipo de problemas de salud producto del aislamiento social. Vaya contexto. Ahí están las urgencias y para ello la bancada del Frente Amplio ha elaborado una serie de proyectos que se están haciendo públicos en estos días. En ese marco, la comisión de Educación del Movimiento de Participación Popular hará propuestas en materia educativa.
Pero volvamos a la LUC. Como punto general y más alarmante, el Poder Ejecutivo nos plantea un proyecto de ley de más de 500 artículos que aborda al menos 30 políticas públicas a discutir en 90 días. Seguridad, educación, inclusión financiera, empresas públicas, relaciones laborales, seguridad social, políticas sociales, código penal, inteligencia del Estado, derecho a huelga, libertades, etcétera, a ser votados de manera perentoria. Sólo esto bastaría para pronunciarse en contra de la forma de hacer política que nos propone la coalición multicolor.
Un programa de gobierno a trabajar en cinco años pero definido en menos de tres meses es un hecho político inédito en el país y en la historia de las leyes consideradas en forma urgente. Por supuesto, las leyes que se pretende modificar llevaron una discusión profunda y extensa; ahora nos imponen que se haga de forma apurada y desprolija. Los artículos de la LUC nos traen un modelo que desarticula muchas de las políticas desarrolladas durante los últimos 15 años y que condujeron a mejoras de la calidad de vida de la mayor parte de la población.
Los proyectos de urgente consideración fueron creados con otro cometido y para atender emergentes puntuales. Varios especialistas han planteado que este formato es inconstitucional y abusivo. Durante los últimos 15 años se enviaron cinco proyectos de urgente consideración: cuatro aprobados y uno rechazado. El más extenso constaba de 19 artículos. Ahora, son urgentes 502.
Pero a esto debemos sumarle la situación de crisis sanitaria que afrontan el país y el mundo. La política del gobierno de aislamiento, que compartimos con matices, hace aún más inviable la discusión de este proyecto. Siguiendo al politólogo Daniel Chasquetti, la realidad actual nos plantea otros elementos a tener en cuenta. En tiempo de distanciamiento social, ¿cómo será viable recibir a las delegaciones de representantes de quienes se ven afectados por los cambios propuestos en la ley? Las recomendaciones del gobierno relegan la participación de legisladores mayores de 65 años (23% del total). Tratándose de un organismo colectivo, no parece lo más razonable que el Parlamento funcione en largas jornadas, lo que no sólo involucra a los legisladores sino también a todos los funcionarios del Poder Legislativo, aumentando los riesgos de contagio.
Si bien el proyecto de ley no ha sido formalmente presentado al Parlamento, resulta más que evidente que el momento no es oportuno, y todo indica que será presentado en unos días.
Cuestiones de forma
Ya hemos dejado clara nuestra postura respecto del carácter de urgente de esta ley de 502 artículos. Pero al parecer, el proyecto que será presentado es el que circula desde hace algunos días. Por tanto, es necesario hacer algunas aproximaciones. En primer lugar, se registraron cambios en la redacción de varios artículos en relación con el borrador difundido en febrero. La discusión a la interna de la tan variada coalición multicolor y las críticas desde diferentes sectores de la sociedad generaron transformaciones. Algunas bienvenidas, otras no tanto.
En esta oportunidad quiero enfocarme en las propuestas en torno a la educación, a las que la LUC dedica 74 artículos de los 502 (casi 15% del total). La “Sección III Educación” tuvo modificaciones con respecto al borrador inicial. Pero antes de entrar a mirar con más rigurosidad, quiero hacer algunas consideraciones generales.
Nadie puede objetar que cuando el Frente Amplio reformó la ley de educación, lo hizo en forma democrática, participativa y responsable. Casualmente, en 1985 también se había modificado la ley de educación a través de un proyecto de urgente consideración. En cambio, el Frente Amplio convocó a un debate nacional sobre educación: se realizaron asambleas locales, charlas, conferencias, hubo reuniones en centros educativos con padres y madres, docentes y estudiantes, proceso que culminó con un Congreso Nacional de Educación (que contó con 713 asambleas y 400 aportes documentales). Incluso participé en una de ellas en el liceo Manuel Rosé, donde me desempeñaba como profesor de Historia.
Fue un proceso de participación social muy rico y, aunque muchos quedaron disconformes con el resultado legislativo, una enorme cantidad de elementos centrales de la ley aprobada tuvo como sustento este proceso, como las grandes definiciones generales. Luego de la discusión reseñada, el proyecto ingresó en junio de 2008 y se aprobó tras seis meses de discusión parlamentaria. En ese transcurso de tiempo se recibió a representantes del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de la Educación Pública (ANEP), de la Universidad de la República, de las mesas de asambleas técnico docentes (ATD) de Primaria, Secundaria, UTU y Formación Docente, a delegados estudiantiles y representantes de sindicatos de funcionarios y docentes de la educación. Pasamos de un proceso participativo y amplio a uno acotado en tiempo y participantes. Tampoco habrá movilizaciones de quienes sientan que se menoscaban sus derechos.
Este proyecto de ley, que se inscribe dentro de las denominadas “leyes ómnibus” (esas que vienen cargadas de artículos y abordan una enorme variedad de temas muy disímiles), no hace más que dejar en evidencia las características de la coalición. Primero, y más claro aún, su fragilidad. Segundo, el modo de concebir la política: cuanto menos participación social y discusión política, mejor. Y tercero, una clara violación al artículo 202 de la Constitución que establece en su inciso 3º: “[...] los Entes de Enseñanza Pública serán oídos, con fines de asesoramiento, en la elaboración de las leyes relativas a su servicio por las Comisiones Parlamentarias”.
Cuestiones de contenido
El discurso instalado desde hace años (por la oposición y buena parte de los medios de comunicación) sobre la situación de la enseñanza que pregona la ruina de nuestro sistema y el inminente apocalipsis tiene su correlato en el proyecto de ley. Los efectos son profundos y con consecuencias, por lo menos y en principio, muy preocupantes. La LUC, en su Sección III “De la Educación”, aborda las transformaciones en el sistema educativo. Desde el artículo 129 al 203 se plantean los cambios “necesarios” para terminar con la “emergencia” en educación.
Si bien el proyecto de ley recoge algunos planteos realizados por distintos sectores vinculados al ámbito educativo en relación con el borrador de febrero, el texto mantiene en esencia un relato que se puede resumir en tres puntos centrales. En primer lugar, el quiebre de la histórica y distintiva autonomía con la que cuenta nuestro sistema educativo desde sus orígenes, lo que va de la mano de la eliminación de la participación de los actores vinculados al quehacer educativo. En segundo lugar, el avance de lo privado sobre lo público. Y por último, la precarización de la labor docente, menoscabada desde distintos flancos. Todo esto bajo un manto de dudosa constitucionalidad, tanto en su forma como en su contenido.
Repasemos. En ningún artículo de la LUC se expresa literalmente la eliminación de la autonomía de la educación, pero lo que hace el articulado de la ley es ir desarmando la estructura en la que se afianza esa autonomía. Algunos ejemplos. La dirección de la política educativa pasa a la órbita del Ministerio de Educación y Cultura, encargado de redactar el Plan de Política Educativa Nacional que luego debe ser aprobado por el Parlamento. Las críticas realizadas desde febrero hicieron que en el nuevo proyecto se incluyera un párrafo que indica que será: “elaborado en coordinación y consulta con las autoridades de los organismos estatales autónomos de enseñanza”. “Coordinación y consulta” que se realizará con los tres directores nombrados por el Poder Ejecutivo y que, previamente, debieron “ratificar su conformidad con los principios y metas generales del Compromiso de Política Educativa Nacional”. En la misma línea de centralización, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa sería conducido por tres miembros designados directamente por el Poder Ejecutivo. ¿Son los mismos que planteaban que este organismo debía tener más autonomía política? Sólo algunos ejemplos de la concentración y centralización del poder sobre las políticas educativas.
Junto a la pérdida de autonomía de todas las ramas de la educación, la LUC socava las diferentes formas de participación. Los actuales consejos desconcentrados (Inicial y Primaria, Secundaria, UTU-Técnico Profesional) pasan a tener una dirección unipersonal de carácter gerencial eliminando la participación de los representantes docentes. Incluso, en el caso de Formación Docente, que mantiene su carácter de Consejo, desaparece la representación docente y estudiantil. Y en el Codicen, donde sobreviven los representantes de los docentes, su papel será meramente testimonial ya que buena parte de las decisiones pueden ser adoptadas por mayoría simple (es decir, con los votos de los miembros designados por el Poder Ejecutivo sin necesidad de consensuar con los representantes docentes).
Sin autonomía ni representación, la LUC abre la puerta de la educación pública a los intereses privados. En relación con el borrador de febrero, el nuevo texto reincorpora la prohibición de asumir acuerdos que “directa o indirectamente signifiquen considerar a la educación como un servicio lucrativo”, pero deja de lado la frase original de no “alentar a la mercantilización”. La puerta queda abierta. Además, en la actual Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública desaparece el término “pública”, ampliando la participación de los agentes privados. Otro aspecto que se dirige en el mismo sentido es la eliminación del requisito de diez años de ejercicio de la docencia en educación pública para ocupar cargos de dirección en la ANEP.
Sumamente preocupante es la creación de un nuevo estatuto docente, sin ninguna participación de los actores involucrados, que convivirá con el actual –es decir, dos normas que rigen la misma tarea– y que sería impuesto por ley. Esto va de la mano de una serie de medidas que trasladan un gran margen de autonomía a las direcciones de centro, incluso pudiendo escoger a sus docentes. En este capítulo también se alertó sobre su inconstitucionalidad.
En definitiva, nos encontramos ante un borrador de proyecto de ley que por su extensión y alcance es de dudosa constitucionalidad. Que de urgente tiene poco. Que nos muestra una forma de hacer política que excluye la discusión parlamentaria y la participación de los actores involucrados. Que desarticula una serie de políticas desarrolladas en los últimos 15 años, centradas en una sociedad más justa y equitativa. Que promueve el avance de lo privado sobre lo público. Que en lo relativo a la educación dinamita un aspecto identitario del sistema uruguayo como es su autonomía y que abre las puertas a la mercantilización de la enseñanza. Entre otras muchas cosas. Y todo esto, en el marco de una emergencia sanitaria que debe convocarnos a volcar todos los esfuerzos y la atención disponible.
Es claro que no compartimos los lineamientos esenciales de la LUC, ni en su forma ni en su contenido. Pero menos aún bajo las condiciones excepcionales que afronta el país. Sin embargo, no renunciamos a nuestro derecho a defender la educación pública.