Estás saliendo del consultorio. Ahora vas a retirar en la farmacia un medicamento o a sacar fecha para realizarte un estudio. Antes, el médico debió explicarte bien por qué te lo indicó (beneficios, potenciales efectos adversos, riesgos, argumentos de por qué valoró realizar una intervención terapéutica o diagnóstica). Vamos bien. Sin embargo, te invito a que pares un segundo y pensemos juntos: ¿quién evalúa la medicación o los estudios que indica el médico? En este momento, además de vos, decenas de personas están saliendo de otros consultorios en todo el país.

¿Quién evalúa las indicaciones, sean diagnósticas o terapéuticas, de los médicos? ¿Estamos seguros de que no existen opciones de medicamentos mejores o menos costosas? ¿Los médicos acceden a la tecnología médica más eficiente? ¿Sus prácticas fueron las más adecuadas?

Los médicos nos preparamos durante años con tenacidad, con pasión y muchos con un enorme compromiso y vocación de ayudar, curar o acompañar, pero formamos parte de un sistema que, si quiere funcionar bien, debe asegurarse un mecanismo independiente de evaluación. No hay manera de avanzar, de ser mejores en salud, si no comenzamos por asumir que todos necesitamos un actor de calidad y rigurosidad técnica que sea independiente, que nos toque la espalda para recomendarnos, desde una perspectiva global y de todo el sistema, los medicamentos, procedimientos, formas de organización (tecnologías sanitarias en la más amplia y justa acepción) que puedan hacernos mejores, o indicarnos cuáles no son tan adecuados para un tiempo y un contexto económico, social y científico determinado. Esto se aplica a los precios, a las prácticas, a las prestaciones, a las tecnologías diagnósticas y terapéuticas; por lo tanto, a la calidad de la atención en el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS).

Por eso desde 2013, en la Novena Convención Médica Nacional (9CMN), se ha planteado la necesidad de discutir este punto. En esa convención se emitieron opiniones sintetizadas del colectivo.

En la actualidad, desde el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) estamos promoviendo una ley que cree la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. A su vez, hay consenso en actores políticos de todos los partidos para apoyar esta iniciativa, y actualmente el gobierno de coalición la ha planteado en la ley de urgente consideración, aunque persisten matices sobre el alcance de la agencia, que podrá ser mejorada con celeridad para la próxima rendición de cuentas.

Porque más allá de los médicos individuales, que trabajan en un sistema organizado, un mecanismo de evaluación que debe proponerse (independiente de quien regule, ejecute y controle) podría mejorar la eficiencia del gasto sanitario, costos que tienen relación con la efectividad de los procedimientos, con la calidad y utilidad de las prestaciones; y, por ende, mejoras en la calidad de vida, la sobrevida general y también una posible reducción de la mortalidad. Esto daría mayor seguridad a los usuarios del sistema.

¿De qué hablamos cuando hablamos de tecnologías sanitarias? ¿Y de una agencia que emita recomendaciones? ¿Qué rol cumpliría? ¿En qué marco debería insertarse? Desde que entramos a una consulta o a una emergencia hasta que volvemos a casa, sería bueno que los estudios que se solicitan, la medicación que nos recetan y los tipos de cirugías que se realizan dependieran de análisis serios sobre calidad, seguridad y eficiencia para la toma de decisiones de su inclusión o no en las prestaciones sanitarias del sistema. Todo eso puede analizarse con metodología y evidencia científica para tener mejor calidad asistencial, un mejor sistema de salud y una mayor eficiencia del gasto sanitario.

Desde la 9CMN se propuso estimular la creación de una agencia independiente y asegurar recomendaciones científicas para que las autoridades políticas tomen las decisiones bajo un marco legal y técnico claro, transparente.

La agencia debe pensarse avanzando hacia un sistema sanitario único, que contemple la universalización de la cobertura asistencial y la integralidad de las prestaciones que se brindan, modalidades de financiamiento rigurosas y unificadas en un fondo, con orden de los recursos disponibles. Es necesaria la regulación del sistema, así como el diseño de escenarios que promuevan la continua mejora de la calidad asistencial, a partir de la evaluación de los servicios, según una definición presupuestaria explícita de antemano.

Esta agencia, técnica, independiente y transparente, tendría entre sus tareas las de realizar recomendaciones científicas, de coste-efectividad, de coste-utilidad y de estudio de umbral, y analizar la incorporación de prestaciones, tecnologías y medicamentos. Es hoy una necesidad sistémica contar con esas recomendaciones y resoluciones, de carácter no vinculante, que potenciarían la toma de decisiones de las autoridades políticas del SNIS, sin perder el énfasis en la equidad y el acceso como orientaciones esenciales.

De esa forma, lo que se define colectiva y políticamente como gasto en salud se haría de una forma ordenada y con el mejor resultado de carácter general para la salud y la calidad de vida de la gente. Una agencia con estas características potenciaría la calidad de nuestro sistema de salud, por lo que estaremos alertas, velando para que no se distorsione la iniciativa, que puede mejorar la salud de todos y todas.

Federico Preve Cocco es integrante del Comité Ejecutivo del Sindicato Médico del Uruguay.