Seducidos y estafados: los buenos señores y las adolescentes pillas

Parece un chiste, pero es la penosa verdad: hay quienes creen que los hombres formalizados en el proceso judicial conocido como Operación Océano han sido víctimas de las (y los) menores de edad a las que pagaron o prometieron pagar por sexo. Y creen –o no creen, pero dicen creer– que ahora están siendo, una vez más, victimizados por la condena pública, por la posibilidad de que se les imponga una sanción pecuniaria, por las molestias, en definitiva, que todo este proceso judicial les está acarreando. Tan luego a ellos, que de buena fe negociaron con las chicas para pasar un momento divertido y ya de paso darles una mano, porque son así, generosos.

Desde que empezó esta investigación se ha resuelto la detención y en la mayoría de los casos la formalización de más de 30 adultos y se ha localizado a por lo menos 18 menores de edad (los números cambian día a día) que fueron víctimas de explotación sexual. En este tiempo, como no se cansan de observar desde la defensa de los imputados, alguna de las entonces adolescentes alcanzó la mayoría de edad. Se les podría recordar que si el proceso durara lo suficiente hasta podrían, en el camino, transformarse en abuelas, y eso no cambiaría el hecho de que el abuso ocurrió cuando eran menores. Tampoco falta quien apunta, con suprema sagacidad, que se es menor de edad hasta cumplir los 18 años, y se deja de serlo en ese momento. Qué loco, ¿no? Una persona puede tener una edad a las 23.45 de un día cualquiera y otra edad 20 minutos después. Reflexiones así de profundas se han escuchado esta semana a propósito de este tema, y no ha faltado quien señale que la “principal víctima” de la Operación Océano admitió haber usado cédulas falsas para pasar como mayor. Esa confesión, supongo, debería bastar para entender que un señor de entre 40 y 50 años con dinero en el bolsillo es en realidad la víctima de una timadora inescrupulosa tan notoriamente más joven que él que tuvo que pedirle la cédula.

Así, la estrategia de los defensores de los imputados y el discurso de quienes los apoyan se orienta a minar la imagen de las adolescentes y hacerlas pasar por estafadoras y oportunistas, al mismo tiempo que se le reprocha a la Fiscalía haber dado mucha exposición al asunto y se agita el fantasma del castigo pecuniario para hacer caer la sospecha de que al final, como siempre, lo que quieren las víctimas es plata.

Y ahí está la madre del borrego. Porque estos señores, así como quien los justifica, parten de la convicción de que todo tiene precio, y de que de la negociación nacen los acuerdos. Claro que conocen la ley y saben que los niños no pueden hacer negocios, pero, ¿qué niño no miente si le conviene? Por favor.

Si todo esto pasa, si un montón de hombres adultos y hasta “adultos mayores” creen que es lícito comprar cuerpos adolescentes, si hay quienes dicen aceptar la versión del engaño (una versión que no aceptarían de un ratero que quiere vender un celular con el cuento de que lo ganó en una rifa), si hay quienes cargan la culpa a la cuenta de las víctimas es en parte porque así ha sido siempre, y en parte porque las ideas de productividad y de “proyecto personal” llevan los límites morales más allá de cualquier borde de sensatez. Porque es pensable que una adolescente de 16 años se conciba a sí misma como una usina productiva, como una entidad que es al mismo tiempo producto, agente de ventas y de cobranzas. Sumémosle a esa idea la aceitada logística que proveen la tecnología y las redes sociales para exponer, elegir, comprar, vender y entregar absolutamente cualquier cosa sin tener que ir a buscarla a lugares desagradables o peligrosos, y la plataforma que también ofrecen para que cada uno de nosotros sea su propio proyecto productivo. El cuadro, me temo, está completo, y todo esto va a seguir pasando si además de enjuiciar a los abusadores no hacemos también un esfuerzo por desarmar la lógica que sustenta esta situación. Una lógica que ya funciona sola, pero que no por eso es menos artificial y criticable.