Colombia: cinco años de una paz incumplida

En noviembre se cumplen cinco años de la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Desde entonces, y siendo este un buen momento para hacer balance, una conclusión justa sería la de concebir la paz colombiana como una paz incumplida. Una paz que ha encontrado en el actual gobierno de Iván Duque, en sus estertores, un saboteador de manual que, a base de incumplimientos, retrasos y resistencias, ha desdibujado el proceso de implementación que, inicialmente, cabía esperar.

Al respecto, en 2017 y 2018 debían ser los primeros pasos en la construcción de paz, de manera que la prioridad debía ser la materialización de la dejación de armas y el cese al fuego definitivo, además del desarrollo del componente normativo e institucional que favoreciese la implementación. Expresado de otro modo, es desde 2019 que el acuerdo debía asumir su dimensión más puramente transformadora, removiendo las condiciones estructurales, simbólicas y culturales que soportaron durante cinco décadas la violencia.

Empero, si se observa el último reporte de seguimiento realizado por el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame es posible observar cómo, en todo 2020, por ejemplo, el nivel de avance, como sucedió en 2019, apenas fue de 2%, situándose en un avance íntegro del cumplimiento de apenas 28%.

Relacionado con el primer punto del acuerdo, relativo a la Reforma Rural Integral, continúan irresolutos los retrasos en la conformación de un Fondo Nacional de Tierras que permita redistribuir la tenencia de la tierra de una manera más democrática y productiva, de la misma manera que cualquier atisbo de fortalecimiento de la democracia local; por el momento, esto apenas se reduce a una declaración de intenciones. Tanto es así que, según el informe mencionado, publicado en mayo, hasta la fecha sólo se había completado íntegramente 4% del total de las 104 disposiciones contempladas en el acuerdo.

Otro de los aspectos con importantes dificultades en cuanto a su implementación es el que guarda relación con el punto cuarto, centrado en el Problema de las Drogas Ilícitas. A tal efecto, el Programa Nacional Integral para la Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito ha experimentado importantes retrasos en su puesta en marcha, además de carecer de espacios de interlocución efectivos con la sociedad civil. A pesar de que se ha conseguido reducir la superficie cocalera por debajo de las 150.000 hectáreas, los niveles de producción de cocaína han aumentado y la geografía de la violencia sigue siendo la misma que antes de la firma del acuerdo. Esto es, 90% de la producción cocalera se concentra en apenas nueve departamentos del país, que son los mismos escenarios en donde, hasta el momento, se ha concentrado 90% de los más de 300 homicidios violentos contra excombatientes y 75% de los más de 1.400 homicidios violentos contra líderes sociales, según informan Indepaz y la Organización de las Naciones Unidas.

En contraste, mayor suerte, aunque no mucho mejor, corren el punto segundo (participación política), tercero (fin del conflicto) y quinto (víctimas). Así, en lo relativo al punto segundo, sobre participación política y social, de un total de 94 disposiciones previstas, para el reporte oficial de mayo de 2021 apenas se había satisfecho plenamente 12%, lo que evidencia que muy poco se ha avanzado en la aspiración de gozar de una democracia más incluyente y efectiva. De hecho, se destacan las notables resistencias gubernamentales a impulsar las reformas políticas y de representación democrática que preveía el acuerdo y que, en muchos casos, han motivado posiciones de oposición al Ejecutivo de parte del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional.

Aparentemente, el punto en que más se ha avanzado ha sido el tercero, relacionado con el fin del conflicto. Especialmente, porque integra todo el componente de desmovilización, entrega de armas y reincorporación a la vida civil. De un total de 140 disposiciones, 49% están completadas, 19% se encuentra en fase intermedia, 19% en inicial y sólo 14% queda por comenzar.

Empero, mientras que el componente relativo al cese de las hostilidades y la entrega de armas está satisfecho en 97%, igualmente se ha avanzado ampliamente en el proceso de reincorporación a la vida civil y política (59%). Todo lo contrario, los mayores retrasos reposan en las garantías de la seguridad de los excombatientes (17%) y la acción integral contra el desminado, íntegramente en proceso de ejecución.

A tal efecto, la falta de garantías a la seguridad y las demoras procedimentales lastran un proceso de reincorporación que incluye una altísima vocación agraria que contrasta con una realidad cuestionable. En octubre de 2021 la mayoría de los exguerrilleros sigue trabajando sobre predios arrendados, y los proyectos productivos en favor de la población guerrillera aún no han llegado ni a la mitad de los excombatientes desmovilizados.

Quedaría por analizar la situación de la implementación del último de los puntos del acuerdo, relativo a las víctimas. El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición ha experimentado una férrea oposición del actual gobierno. Desde el inicio hubo una especial demora en la aprobación de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pues, aunque el 8 de febrero de 2019 el Congreso había cumplido con el trámite de remisión al presidente para su sanción, dos días después, este presentaba objeciones a la norma que, aunque no prosperaron, demoraron su entrada en vigor hasta el 6 de junio de 2019. Tal entrada en vigor, desde entonces, se ha acompañado con una reducción en su financiación que llega a 30%, y que nuevamente exhibe al actual gobierno de Duque como un actor que dificulta más que posibilita una correcta implementación.

En conclusión, estas cifras invitan a un pesimismo y a una posición de clara confrontación con la posición oficial del uribismo. La única llamada al optimismo reposa en que, con toda seguridad, su posición desaparecerá de la Casa Nariño en las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo año. Esperemos que sea el momento para que llegue a la presidencia de Colombia un gobierno a la altura de un Acuerdo de Paz que, como reconoce la prestigiosa Universidad de Notre Dame, a pesar de sus dificultades, es el más ambicioso y completo de los suscritos en las últimas décadas.

Jerónimo Ríos es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid. Este artículo fue publicado originalmente en www.latinoamerica21.com