El 22 de junio ingresó a la Cámara de Senadores un mensaje de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) con un anteproyecto de ley en el que se solicita la prórroga de la fecha establecida en la Ley de Presupuesto para la instalación de los juzgados letrados de primera instancia del interior especializados en violencia hacia las mujeres basada en género. El aplazamiento, en principio, es hasta julio de 2022. Se suma así una nueva dificultad para concretar el mandato legal de tener juzgados especializados en violencia de género, con fuero de atracción y vocación multimateria en todo el país.
Los juzgados letrados especializados en violencia basada en género, doméstica y sexual constituyen un paso de gigante de la Ley de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género (19.580). Su creación permitirá sustanciar en primera instancia asuntos como violencia ejercida contra mujeres adultas, niñas o adolescentes; divorcios, pensiones alimenticias, tenencias y visitas; suspensiones, limitaciones o pérdidas de la patria potestad en ciertos casos como consecuencia de la violencia basada en género, doméstica o sexual, o en los que se constata por cualquier medio dicha violencia aunque no se haya requerido la aplicación de medidas. Incluso alcanzará procesos penales derivados de la violencia basada en género, doméstica o sexual.
Explica Mónica Bottero, directora de Inmujeres, que “en las zonas rurales y del interior del país es difícil denunciar porque culturalmente es muy complicado. Una vez que lo hacen tienen que peregrinar por varios juzgados; con las nuevas sedes se evitará la revictimización de la mujer”.
Por otra parte, su concreción no solamente evitará el peregrinaje de las mujeres sino que, al ser especializados, serán capaces de dar una respuesta integral a la problemática.
Pero, a pesar de la obviedad de la necesidad de instalar estas sedes, lo cierto es que no se concretan.
Un rosario de postergaciones
En enero de 2021, el entonces futuro presidente de la SCJ, Tabaré Sosa, le aseguró a la bancada bicameral femenina que había voluntad de instalar seis juzgados especializados en violencia de género en el interior del país. Esta reunión fue consecuencia de una nota que la ministra de la SCJ, Bernadette Minvielle, dirigiera al presidente Luis Lacalle Pou, notificando la falta de recursos de la Corte para crear los juzgados previstos en el presupuesto.
Allí no termina (o empieza) este rosario de dilaciones. En ocasión de considerarse el Presupuesto Nacional, a fines de 2020, el gobierno no había previsto dinero para este fin. Tuvo que sonar una alerta de la sociedad civil, mediar una negociación parlamentaria, e intervenir la vicepresidenta Beatriz Argimón; debió interceder la bancada de legisladores del Frente Amplio para conseguir que se reasignaran 57 millones de pesos destinados a la creación de tres juzgados de violencia de género en el interior.
La concreción de los juzgados de género no solamente evitará el peregrinaje de las mujeres, sino que serán capaces de dar una respuesta integral a la problemática. Pero lo cierto es que no se concretan.
Isaac Alfie, el 10 de agosto de 2020, aseguró en Telemundo que no habría recortes, sino que se eliminarán “ciertos excesos, ciertos despilfarros o derroches”. 20 días después el Ejecutivo remitió la Ley de Presupuesto ignorando la dotación de recursos para los mentados juzgados.
El 15 de setiembre de 2020 la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, había afirmado en Radio Uruguay que la Ley de Presupuesto contemplaría los recursos para poner en práctica la Ley de Violencia hacia la Mujer Basada en Género.
Hemos recortado caprichosamente la reseña. Si rebobináramos un poco más la cinta, hallaríamos los compromisos de campaña y la prosa florida de los programas de gobierno siempre en el mismo sentido.
En concreto, todo este devaneo institucional se reduce a que aparezcan los recursos para cumplir con la ley y para que las mujeres en situación de violencia no tengan que peregrinar por el sistema de justicia. Como explica la abogada Marina Morelli: “Con esta modificación lo que se hace es convertir a los juzgados especializados en juzgados que sólo se aboquen a la adopción de aquellas medidas para cautelar los derechos humanos que puedan estar en riesgo. Las víctimas van a tener que transitar muchos juzgados para poder resolver una misma situación, van a tener que reiterar un relato ante diferentes sedes judiciales, y podemos enfrentarnos a resoluciones que sean antagónicas respecto del mismo asunto”.
La verificación de que no habrá por ahora juzgados multimateria ha generado reacciones en la sociedad civil y la oposición política. La Intersocial Feminista considera que la propuesta de la SCJ es inexplicable, inentendible e inadmisible. Valeria Caggiano sostuvo: “Siempre que se generan las condiciones para que se avance en el tema, tiempo después vuelve a aparecer la mención de que los recursos no alcanzan o no están”. En el mismo sentido, la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual rechazó el nuevo aplazamiento y alertó sobre su impacto negativo.
Por su parte, los jueces ya habían declarado a Búsqueda, el 8 de octubre de 2020, que discrepaban con la Corte y habían cuestionado que se derogaran juzgados de género por considerarlo un retroceso para las víctimas.
La situación actual
En estas horas, la Cámara de Diputados analiza el proyecto de Rendición de Cuentas 2020. En el tomo II del mensaje de Rendición de Cuentas, página 65, anexo de políticas de igualdad de género, se reseña como desafío 2021 iniciar las gestiones para la creación de los tres juzgados letrados establecidos en el artículo 542 de la Ley 19.924. Vuelta al primer casillero.
El 15 de julio de 2021, la Comisión de Hacienda de Diputados recibió a la SCJ. Ese día su presidente, Tabaré Sosa, sostuvo: “El Poder Judicial no recibió la totalidad de las partidas presupuestales para la implementación de dicha ley [Ley de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género] ni para la instalación de los juzgados especializados en la materia, razón por la cual se reitera la propuesta en este articulado. Somos conscientes de la situación económica que está atravesando el país, por lo que las partidas de gastos solicitadas corresponden al año 2024 y siguientes. [...] Actualmente nos encontramos en la búsqueda de locales para la instalación de las tres sedes aprobadas por la reciente Ley de Presupuesto 19.924, habiéndose concretado la instalación de una de ellas en la ciudad de San Carlos, departamento de Maldonado. Dicha búsqueda no ha sido fácil y fue la razón que obturó la puesta en funcionamiento de estos juzgados en la fecha originalmente prevista. Se estima que comenzarían a funcionar en el correr del próximo año 2022”.
Acerca de los motivos de fondo para decidir la no implementación de estos tres juzgados, Marcelo Pesce, director general de los Servicios Administrativos de la SCJ, respondió que se debe a la falta de inmuebles para poder instalarlas, que básicamente ha pasado por allí la dificultad.
En síntesis: en 2020 el gobierno intentó suprimir estos juzgados. Pudo evitarse. Ahora se busca aplazarlos.
Hoy nadie discute públicamente su necesidad, pero el dinero no está. Se nos dirá que los recursos son finitos. ¡Claro que sí! De eso se trata. Decidir es renunciar. Ocurre que en la caja siempre se echa mano a la misma herramienta. Deberíamos, al menos, problematizar el hecho de que el gobierno acuda siempre a las mismas variables de ajuste, al lado más fino de la piola.
Una vez más, las decisiones que duelen requieren más humildad que explicaciones.
Laura Fernández es abogada e integrante de Fuerza Renovadora, Frente Amplio.