Recortes y sanciones: la respuesta del gobierno a la emergencia educativa

El 2 de junio el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, informaba que tenía un grupo de Whatsapp con Pablo da Silveira, ministro de Educación y Cultura, y Robert Silva, presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), llamado “Regreso a clases”.¹ Más allá de que pueda sorprender la presencia del ministro en un grupo que trata sobre un tema que debería ser competencia de la ANEP, en consulta con las autoridades sanitarias, no dejaba de ser gratificante la señal que se quería transmitir de que la educación era un asunto prioritario para el gobierno.

Un mes y medio después se concretaba el ansiado retorno de los estudiantes de primaria y de enseñanza media a las aulas. Probablemente tuvieron un día de alegría por el reencuentro con sus compañeros y docentes. Desconozco si en alguna institución se realizó un minuto de silencio para honrar el recuerdo de las víctimas de la pandemia, muchas de las cuales fueron docentes, estudiantes, y familiares de estos. Tal fue el caso de la maestra Silvia Abram, fallecida el 12 de junio luego de haberse contagiado de covid-19 en la escuela 173 de Las Piedras. Silva se apuró en informar al otro día por Twitter que la docente no se había contagiado mientras trabajaba, lo que fue inmediatamente desmentido por el sindicato de maestros (Ademu) de Canelones. Al otro día, al ser consultado por el hecho, Silva reconoció su error (basado en una información incorrecta que le había transmitido un inspector de Primaria) y agregó: “Es una triste noticia, pero es una noticia que en honor a esa docente seguimos adelante, trabajando, sobre todo valorando el esfuerzo”.² No estoy en conocimiento de que haya habido una iniciativa de las autoridades de recordar a Abram y a las otras víctimas de la pandemia. Tanto se ha comparado esta pandemia con una guerra emprendida contra un “enemigo invisible” que bien se pudo haber decidido tener un momento de reflexión colectiva por el momento traumático que hemos vivido. Sobre todo teniendo en cuenta que muchos funcionarios de la ANEP se contagiaron cuando debieron concurrir a los institutos educativos para hacer un trabajo que pudieron haber hecho en forma virtual.

Hubiera sido también muy gratificante que los estudiantes hubieran sido recibidos con la buena noticia de que las autoridades de la ANEP no necesitaban pedirles a las del Ministerio de Salud Pública (MSP) que eliminaran la exigencia de mantener el distanciamiento físico porque durante estos meses se había invertido en la construcción de más liceos y/o salones para evitar aglomeraciones.³ Pero esto no sólo no aconteció, sino que además muchos se encontraron, al igual que el año pasado, con que no podían concurrir todos los días a los locales educativos.⁴

El gobierno rechazó una y otra vez la propuesta de que los sectores empresariales que aumentaron sus ingresos durante la pandemia aportaran más tributos. Prefirió apelar a colaboraciones voluntarias. Más allá de una generosa contribución anónima de un millón de dólares para el Fondo Covid, los aportes privados fueron apenas 0,4% de los ingresos del Fondo.⁵ Tal vez de haber sabido que el gobierno estaba dispuesto a atender, además de la emergencia sanitaria, la emergencia educativa hubieran aceptado gustosos un aumento fiscal. Todo parece indicar que, por lo menos mientras dure esta administración, no tendrán la oportunidad de retribuir a la sociedad por haber consumido sus productos o servicios. Parte de esos recursos se hubieran podido invertir en superar los problemas de conectividad y de falta de equipos informáticos que sufrieron muchos estudiantes y docentes este año, como había sucedido el año pasado. En el Foro Nacional de Estudiantes, realizado el 25 y el 26 de junio, los estudiantes definieron la virtualidad como el principal obstáculo para poder aprender.⁶ Un gobierno proactivo ya estaría anunciando un acuerdo para solucionar estos problemas entre las autoridades de la ANEP y Antel por si se diera el caso de tener que volver a la modalidad de la educación virtual. Así también se podría continuar el proceso iniciado por el Plan Ceibal para adaptar el sistema educativo público a los requerimientos tecnológicos del siglo XXI. Este proyecto, a pesar de sus defectos, posicionó a la educación pública en una situación de ventaja frente a algunas instituciones educativas privadas que se vieron obligadas a invertir en dispositivos informáticos para poder competir mejor en este rubro.⁷ Durante esta pandemia muchos padres decidieron pasar a sus hijos de la educación pública a la educación privada buscando asegurarles clases virtuales.

Para demostrar que la educación es importante no alcanza con manifestar preocupación por el retorno a la presencialidad. Es necesario demostrarlo con hechos. Por eso resulta sorprendente, incluso para los miembros de la coalición gobernante, que no se le haya incluido ni un solo peso de aumento a la educación en el proyecto de Rendición de Cuentas enviado al Parlamento por parte del Poder Ejecutivo. El diputado colorado Felipe Schipani anunció que planteará en el Parlamento que sea votado el proyecto del Codicen. Alguien distraído podría pensar que se trata de un legislador de la oposición, pero es integrante de un partido del oficialismo, el mismo del que Silva fue candidato a vicepresidente en las últimas elecciones.⁸ Previendo esta actitud ahorrativa del gobierno, el Codicen fue cauto al hacer su propio proyecto de Rendición de Cuentas. Silva declaró que pidieron recursos “dentro del marco del cuidado” de los dineros públicos porque son “conscientes” de la situación que el país vive a raíz de la pandemia.⁹ Lo que falta en nuestros gobernantes es que demuestren que son conscientes de la situación que vive la educación pública. Supongo que el grupo de Whatsapp integrado por el presidente, Da Silveira y Silva aún se mantiene. Ojalá ahora no se llame “Cero peso para la educación”.

Los recortes ya empezaron. La consejera del Consejo de Formación en Educación (CFE) en representación del orden docente, Rosana Cortazzo, denunció que el 20 de julio la mayoría del Consejo resolvió impedir que estudiantes y docentes del profesorado semipresencial pudieran tener instancias de encuentro presenciales en el segundo semestre como sí las tendrán los estudiantes y docentes de los institutos. Así se ahorra en el pago de viáticos y de pasajes en el último año de la carrera de la modalidad semipresencial del profesorado.

Silva también declaró que parte de los recursos incrementales que se solicitaba en el proyecto de Rendición de Cuentas tenía “como principal finalidad mejorar los aprendizajes de todos los estudiantes”. Todo docente sabe que, a pesar de las mejores intenciones de su parte y de los mayores recursos que tenga a su disposición, no se puede asegurar que se va a producir un aprendizaje en los estudiantes. Esto dependerá de si estos tienen el deseo de aprender y, aun si así fuera, de si tienen también las posibilidades de hacerlo adecuadamente. Sin embargo, son muchos los políticos y burócratas que creen que esto no sólo es un objetivo posible de conseguir, sino que también es algo cuantificable.

Los docentes necesitan sentir que pueden enseñar en un ambiente de confianza. Que las autoridades confían en su capacidad como profesionales. El presidente de la República, en su discurso de asunción, se comprometió en trabajar por un país más libre.¹⁰ Las autoridades educativas, sin embargo, se han mostrado más interesadas en dar una imagen de abuso de autoridad. Es conocida la decisión de separar del cargo y retener por meses la mitad del salario a 15 docentes y funcionarios que osaron hace dos años sacarse fotos dentro del liceo para apoyar la campaña de su sindicato contra una propuesta de reforma de la Constitución.¹¹ Menos difusión ha tenido el caso de una docente castigada con la misma pena por no usar barbijo dentro de un salón de clase.¹² Tal vez estas autoridades hayan querido tirar un tiro por elevación al presidente que hasta ahora permanece impune por haber cometido esa misma falta en octubre del año pasado cuando recibió sin tapabocas a la embajadora de Uruguay en España, Ana Teresa Ayala, quien un día después del encuentro fue diagnosticada con covid-19.¹³ Pero no creo en las teorías conspirativas, así que supongo que se trata sólo de una coincidencia.

Recientemente las autoridades de UTU decidieron sancionar a los docentes que no se conectaron a Crea.¹⁴ A través de esta plataforma se puede cuantificar cuántos docentes y estudiantes se conectaron y con qué frecuencia. Reconforta saber que fueron más que los que no lo hicieron. Pero cualquier docente y estudiante sabe que este dato es sólo una parte de la realidad. No nos dice nada de cuánto se enseñó ni de cuánto se aprendió. Parecería que lo que importa es guardar las apariencias para evitar sanciones. El propio director de UTU, Juan Pereyra, reconoce que también hubo docentes que se conectaron por Whatsapp. Supongo que también sabe que hubo docentes que usaron el correo y otras aplicaciones para hacer videoconferencias. No es mi intención defender a los docentes que no quisieron establecer algún tipo de vínculo pedagógico mientras no podían dar clases presenciales, pero sí creo que sería interesante que las autoridades demuestren que están al tanto de los motivos que tuvieron estos docentes y que expliciten también qué medidas tomaron para apoyarlos si es que tenían dificultades.

Toda esta situación parece ser el escenario ideal para que los gremios docentes se movilicen para reclamar, cuándo no, por los recursos presupuestales necesarios para paliar lo que se pueda el daño hecho durante la pandemia a la educación y el levantamiento de las sanciones. Es poco probable que tomen medidas de paro, para no perjudicar más a los estudiantes que perdieron meses de clases. Más probable es que este malestar se manifieste en las elecciones previstas para el 30 de octubre, cuando los docentes elegirán sus representantes en el Codicen y a los delegados a la Asamblea Técnica Docente, mientras que los estudiantes elegirán a su representante en el CFE.¹⁵ Durante años los actuales integrantes de la coalición de gobierno culparon de los males de la educación a la existencia de representantes de los docentes en el gobierno de la ANEP. Aunque eran minoría tanto en el Codicen como en los consejos, parecían ser el “chivo expiatorio” ideal para explicar la falta de avances en materia de reformas. Resulta curioso que fueran los partidos de oposición los que se quejaran de esto y no el gobierno frenteamplista, el más interesado en que estos supuestos obstáculos a su gestión no se dieran. Ahora que, ley de urgente consideración mediante, han desaparecido los representantes docentes en los Consejos de Primaria, Secundaria y UTU, sólo quedan dos cargos en el Codicen que pueden ser electos por los docentes. Los políticos designados por este gobierno para dirigir la educación han demostrado tener más mentalidad burocrática que de profesionales de la educación. Espero que en las elecciones previstas para octubre los docentes elijan dos representantes que puedan aportar una perspectiva en clave pedagógica. La esperanza es lo único que nos queda.

Federico Lanza es profesor de historia y magíster en Ciencia Política.