Hace 46 años que reclamamos. Un absurdo, un despropósito. Insistir con este pedido humanitario abruma. Lo hicimos en la calle, en el exterior, en todos los foros, en la Justicia. Tota ya no está. Como muchas madres y abuelas que se han ido sin saber dónde están sus hijos e hijas. El silencio y ocultamiento, similar a la omertà, mafiosa ha sido la respuesta no sólo de los integrantes de las Fuerzas Armadas, también de una buena parte del sistema político encabezado por Julio María Sanguinetti. Hay pruebas.

Se insiste con que no hay forma de saber la verdad, con que no existen registros de una actividad ilegal como la desaparición. Que los que saben no hablan. Falso: todo está registrado.

Es evidencia: toda fuerza armada en operaciones registra absolutamente todo. Los aparatos institucionales de la dictadura, como el Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), decidieron algunas acciones que costaron la vida de varios conciudadanos. Así fue con los fusilados de Soca, trasladados desde el refugio del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en Buenos Aires: Julio Abreu, Héctor Brum y su esposa María de los Ángeles Corbo (embarazada de seis meses y medio), Floreal García con su esposa Mirtha Yolanda Hernández. Su hijo Amaral García, de tres años de edad, fue entregado a una pareja de represores y recobraría su identidad muchos años después.

También el crimen de Zelmar, el Toba, Rosario Barredo y William Whitelaw Blanco habría sido decidido en una reunión del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) presidido por Juan María Bordaberry.

El periodista Roger Rodríguez, hace ya 20 años, hizo esta denuncia: “El 5 de octubre de 1976 se realizó el ‘segundo vuelo’, en el que una veintena de uruguayos secuestrados en el ‘pozo’ de Automotores Orletti de Argentina fueron traídos a Uruguay en el vuelo 511 del Transporte Aéreo Militar Uruguayo (TAMU), detenidos en unidades militares, ejecutados y enterrados, probablemente, en una fosa común. La Fuerza Aérea reconoció la existencia de aquel segundo vuelo en 2004, se llegó a realizar una causa judicial por la que ocho militares y policías fueron encarcelados en 2006, pero el Ejército sigue sin confesar dónde fueron enterrados. La impunidad sigue cubriendo la verdad”.

Los cuarteles de la patria enarbolando el pabellón nacional siguen siendo cementerios clandestinos. Una mancha en el honor de los uniformados de hoy que cargan con esa mochila. En nombre de la paz, deberían sincerarse.

El 28 de junio de 1976, Elena Quinteros, intentando escapar de sus captores, mintió un contacto cerca de la embajada de Venezuela. En un momento corrió pidiendo auxilio y asilo. Llegó a entrar al jardín. Los represores tras ella golpearon al secretario de la embajada, Frank Becerra, y al embajador, Julio Ramos, quien reclamó por Elena.

La ley de caducidad clausuró todas las acciones penales, pero el artículo 4 abría la posibilidad de investigaciones administrativas que esclarecieran casos como el de Elena Quinteros. Se remitieron oficios al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Ministerio del Interior. Este último respondió inmediatamente que no tenía ningún elemento. El canciller Enrique Iglesias se lo tomó muy en serio y designó a la doctora María del Luján Flores, directora de Asuntos Jurídicos, para la instrucción.

El expediente 201/87 (1.650 folios protocolizados con las conclusiones que esclarecían las pruebas y mecanismos que condujeron a su desaparición) fue enviado a la presidencia de la República del doctor Julio María Sanguinetti en octubre de 1989. Fue recibido y firmado por el secretario de Presidencia, doctor Miguel Ángel Semino. Su destino: encajonado y ocultado deliberadamente.

Seguir manteniendo en secreto el destino de los cuerpos secuestrados sólo responde a un objetivo ominoso: continuar la guerra en democracia.

La lectura del expediente demuestra la persistencia de la doctora Flores, que llevó adelante, contra viento y marea, la tarea asignada. El boicot y la resistencia de ciertos bolsones de la cancillería no la hicieron ceder. Su búsqueda la llevó a registrar viejos archivos en un sótano de la cancillería. Allí descubrió el memorándum secreto (incluido el manuscrito de puño y letra de quien lo confeccionó). En dicho documento se analizan las “ventajas y desventajas de entregar o no a la mujer en el caso Venezuela”. Un largo análisis sobre las repercusiones internacionales y los pro y contra políticos. El lenguaje utilizado fue repugnante. Hablan de “la mujer”. Ni siquiera nombran a Elena, porque eran conscientes de que ese documento contenía un ilícito: no entregarla significaba su desaparición.

El 5 de julio de 1976 se reunió el Cosena, integrado por los tres comandantes en jefe, el presidente de la República y los ministros del Interior, de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores. El clamor internacional por el derecho de asilo y la invasión a la embajada de Venezuela era el motivo de la reunión.

El canciller de la dictadura, Juan Carlos Blanco, presentó ese memorándum. Para su confección formó un grupo de colaboradores: el embajador Julio César Lupinacci, el doctor Guido Michelin Salomón y el embajador Álvaro Álvarez. En esa reunión se decidió “no entregar a la mujer”, ir al rompimiento de relaciones con Venezuela y ocultar el cuerpo de la maestra secuestrada.

El memorándum secreto y la investigación de la doctora Flores habrían pasado al olvido eterno si no fuera porque manos anónimas le hicieran llegar una copia al doctor Alejando Artucio, quien se comunicó con nosotros y nos entregó una copia de dicho memorándum.

Lo dimos a conocer a la prensa. Tota Quinteros solicitó una entrevista con el doctor Luis Alberto Lacalle Herrera, quien la recibió. Por boca y firma de su secretario, doctor Pablo García Pintos, se admitió que ese expediente estaba “olvidado” en uno de los cajones de Presidencia. Nos dieron una copia total del expediente y concurrimos a la Justicia.

El presidente Lacalle cumplió con esa deferencia, pero no continuó el trámite que suponía un ilícito investigado en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y una grave omisión y encubrimiento en Presidencia de la República.

En 1990 los senadores Germán Araújo y Carlos Cassina promovieron una comisión investigadora que fue contundente en las responsabilidades del excanciller Juan Carlos Blanco, entonces senador colorado. A pesar de la contundencia de las pruebas, la coalición blanca y colorada salvó al susodicho. Postergaron hacer justicia, ganando algunos años, pero finalmente, el 21 de abril de 2010, fue condenado el reo de lesa humanidad, por homicidio muy especialmente agravado, a la pena de 20 años de penitenciaría.

Se sabe quién la secuestró, se sabe dónde y quiénes decidieron su suerte, su ejecución. Falta saber quién tiene el coraje de decir dónde están sus restos.

Los ritos funerarios están presentes en todas las civilizaciones, es un rasgo de cultura humana. Seguir manteniendo en secreto el destino de los cuerpos secuestrados sólo responde a un objetivo ominoso: continuar la guerra en democracia. Un objetivo militar de mantener el miedo mediante el terror. No es sólo un problema de los familiares. Es de toda la sociedad. De la democracia. Queremos la paz.

Milton Romani Gerner fue embajador ante la Organización de los Estados Americanos y secretario general de la Junta Nacional de Drogas.