El 5 de agosto de 2022 fueron asesinados dos jóvenes en Marconi: Micaela, madre de cuatro niños y niñas, acababa de dejar a sus hijos en la escuela y al más pequeño en un centro de atención a la primera infancia y se dirigía al trabajo; Gabriel había cruzado a un almacén cuando lo atravesó una balacera entre presuntos grupos delictivos vinculados al tráfico de drogas. Estos hechos se tornan casi cotidianos en algunas zonas de Montevideo y son catalogados como “ajustes de cuenta” que no se encuentran tipificados en la legislación penal nacional, y en general no son investigados. Lo particular en este caso es que vecinas, vecinos, organizaciones sociales del barrio, así como los servicios de la Universidad de la República (Udelar) presentes en la zona, se nuclearon en un movimiento que pasó a llamarse La Vida Vale y que denuncia la violencia territorial, además de violencias estructurales y complejas; “violencias que se entremezclan y potencian, violencias que tienen que ver con la privación cotidiana al acceso a una vida digna, violencias que tienen que ver con el hambre”, “la violencia de que el Estado se conforme con darnos ‘migajas’ como si nuestros barrios, nuestras infancias, nuestras vidas no valieran”, expresaron los vecinos organizados de Casavalle-Marconi en un comunicado.

A este primer comunicado se sumó el de la Mesa de Articulación Udelar, que hizo un llamamiento a la comunidad universitaria, así como a las organizaciones de la sociedad civil y estatales, “a generar espacios de diálogo y construcción colectiva con miras a afrontar y transformar esta situación que afecta a toda nuestra sociedad, en particular a los sectores más postergados”.

Desde 2022 a la fecha, este colectivo –que en su origen abarcaba los barrios Marconi, Casavalle y Plácido Ellauri– se ha convertido en un colectivo multibarrial porque se han sumado grupos de vecinos y vecinas, así como organizaciones sociales de otros barrios de Montevideo que viven situaciones similares.

Estudios recientes identifican en Montevideo un “cinturón de homicidios”, en tanto concentración de asesinatos cuyas características principales, como se mencionó antes, están ligadas a los “ajuste de cuenta”, sicariatos cuyas principales víctimas y victimarios son varones jóvenes. El “cinturón de homicidios” está ubicado en zonas de la capital uruguaya que presentan índices de pobreza históricos que han aumentado en los últimos dos años, según cifras del Instituto Nacional de Estadística, fundamentalmente en mujeres, niños, niñas y adolescentes, generando brechas aún más profundas por el viraje en la política socioeconómica del gobierno de derecha que recortó, entre otras cosas, presupuesto para políticas sociales y se ubicó en el penúltimo lugar en América Latina en materia de inversión durante la pandemia por covid-19. De esta manera se ha agudizado la ya existente pobreza estructural caracterizada por desigualdades socioterritoriales, brechas educativas, dificultades de acceso al mercado de empleo, inseguridad alimentaria, entre otras cosas. Por otro lado, son territorios caracterizados por lo que el sociólogo Michel Misse denomina “acumulación social de la violencia”, es decir, procesos sociales de larga duración cuyos conflictos se resuelven con un recurso inmediato que es el arma de fuego.

Mediante comunicados, manifestaciones en Casavalle-Marconi, dos marchas a la Torre Ejecutiva, numerosas entrevistas en medios de comunicación, asistencia a la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Representantes, entre otras acciones, el colectivo La Vida Vale expresa su derecho a una vida digna y al reconocimiento y valor de sus vidas, interpelando la concepción de una ciudadanía de “categoría A y B”. En palabras de Judith Butler, son vidas que valen la pena y que merecen un duelo, que merecen ser lloradas.

Pero el colectivo también ha emprendido el camino de ir tejiendo comunidad, relacionándose con colectivos y organizaciones sociales de otros barrios que viven situaciones de violencia territorial. Ha hecho planteos concretos a partir de propuestas que pretenden colocar la mirada sobre el fortalecimiento de la comunidad y, sobre todo, la necesidad de una mayor presencia del Estado en los barrios, no desde una mirada punitivista y represiva, sino desde un Estado presente a través de políticas públicas que abarquen lo social, educativo, económico, habitacional, cultural, entre otros.

Es entonces a través del accionar colectivo persistente que los asesinatos pasan de ser un “asunto privado”, de los tantos invisibilizados, a un asunto político que debe incumbirle a la sociedad en su conjunto.

En esta línea, el sábado 25 de mayo se llevó a cabo un encuentro en el Instituto Juan Pablo Terra para intercambiar sobre políticas de Estado en clave de convivencia social. Participaron en esta actividad integrantes de diversos colectivos de distintos barrios, organizaciones sociales, representantes de la academia y del sistema político. Luego de la presentación en términos históricos del colectivo La Vida Vale, se presentó una propuesta de fortalecimiento de la convivencia barrial y del tejido social por medio de un dispositivo multiactoral llamado Nodos Comunitarios de Convivencia (NCC), para pasar luego a un trabajo en subgrupos donde intercambiar acerca de las reflexiones y propuestas que hay en relación con las diversas violencias en el marco de la convivencia comunitaria, a la vez de encontrar puntos de contacto con los NCC.

Es entonces a través del accionar colectivo persistente que los asesinatos pasan de ser un “asunto privado”, de los tantos invisibilizados, a un asunto político que debe incumbirle a la sociedad en su conjunto, y en primer lugar al Estado, que debe cumplir con su rol de garante de derechos. Los asesinatos vulneran los derechos humanos no sólo de las víctimas sino también de los familiares sobrevivientes, cuando se les traslada la tarea de la Policía y la Justicia solicitándoles “pruebas”, como, por ejemplo, filmaciones o nombres de los supuestos victimarios. Quedan así vulnerados los derechos humanos de las víctimas y de sus seres cercanos que no cuentan, en su mayoría, con asesoramiento jurídico para poder hacer un seguimiento del expediente policial (en caso de que se registre la denuncia) y judicial. Por otra parte, esta violencia institucional los coloca frente a una situación de alta exposición, ya que dar los nombres de posibles victimarios, quienes pueden llegar a ser sus propios vecinos, puede tener consecuencias de más violencia hacia las familias de las víctimas. De esta manera, se desestimula la denuncia policial y los sobrevivientes quedan envueltos en un manto de temor, amenazas e impunidad.

Por otro lado, denuncian también la situación que actualmente viven las infancias y adolescencias en los “cinturones de homicidios”: “No queremos que los niños tengan que escuchar el ruido de una bala y tirarse debajo de la mesa en un CAIF, porque no estamos en guerra; sin embargo, los niños hacen cuerpo a tierra desde los dos años. Para nosotros, eso es tremendo, porque el trauma de un niño que vive entre balas se traduce, cuando crece, en un ciudadano adulto con muchas dificultades, y eso no lo queremos” (Versión taquigráfica de la sesión de la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Representantes del 17 de noviembre de 2022).

Este camino que viene recorriendo el colectivo La Vida Vale pone sobre el tapete la politización de los asesinatos, a la vez que hace visible la necropolítica del Estado uruguayo que gestiona el espacio urbano y el control de aquella población vista como “no ciudadana”, exponiéndola a la muerte y reduciendo su vida a condiciones de precariedad, además de catalogarla como potencialmente sospechosa y propensa al crimen.

Laura Cafaro es magíster en Trabajo Social, docente e investigadora en el Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Una versión más amplia de este artículo se puede encontrar en Cafaro Mango, Ana Laura (2023). Respuesta colectiva frente a la violencia territorial y los ajustes de cuenta: un estudio de caso en una localidad de Montevideo (Uruguay). Tramas y Redes, (5), 265-280, 500d. DOI: 10.54871/cl4c500d

Referencias