El próximo 31 de julio, en el Espacio Colabora, se desarrollará una segunda instancia de diálogo multipartidario e intersectorial bien relevante. En el vendaval del ciclo electoral y las noticias que suelen dominar diariamente las notas, las columnas, los debates y las redes sociales, no debiera pasar inadvertida la iniciativa convocada desde la sociedad civil de iniciar un intercambio amplio y con respaldo académico que promueve discutir (desde ahora antes de votar) los distintos enfoques, prioridades y posibles abordajes que contribuyan a la definición de una hoja de ruta 2025-2030 enfocada en las necesidades de niños, niñas y adolescentes.
En alguna de las últimas reflexiones volcadas aquí en Posturas ya se ha subrayado que es imperiosamente necesario tomar la agenda que afecta a las nuevas generaciones del Uruguay como un asunto político con mayúscula. La brecha de desigualdad intergeneracional es imperdonable y duele hoy, condicionando enormemente nuestro desarrollo como sociedad en un horizonte nada lejano. Es necesario politizar, que no necesariamente es partidizar, pero sí es discutir alternativas y opciones que contribuyan a fortalecer la agenda en esta temática que redunde, a su vez, en un mayor y mejor abordaje de la política pública.
La Plataforma de Infancias y Adolescencias del Uruguay (PIAS) logró congregar a múltiples actores para discutir en profundidad en un primer evento desarrollado en la sala Maggiolo de la Universidad de la República en el cierre de mayo, y en pocos días se concretará una segunda instancia en el marco del mismo ciclo, denominado “Diálogo interpartidario e intersectorial - Prioridad Infancias y Adolescencias 2025-2030”, que es convocado desde la sociedad civil con amplio respaldo académico.
La PIAS es una alianza de organizaciones de la sociedad civil, proyectos y redes comunitarias de todo el país que promueve la defensa de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes. En el primer espacio de intercambio se congregaron 50 personas para participar, estuvieron representados cuatro de los principales partidos políticos con representación parlamentaria, así como también referentes de instituciones públicas, organizaciones gremiales y de la sociedad civil y organismos internacionales.
El enfoque de la plataforma se sustenta en la necesidad de pensar en clave de integralidad, intesectorialidad e interseccionalidad de las políticas. También es clave hacerlo en función de la territorialidad, la accesibilidad material, la universalidad y la importancia de la participación ciudadana. En ese marco se impulsan diez puntos prioritarios a modo de hoja de ruta hacia 2030, pero que debe iniciar ahora y se aspira a que todo el ciclo de intercambio abone a identificar los principales acuerdos para avanzar en una implementación con mirada quinquenal.
La propuesta a discutir desde la sociedad civil en el contexto del ciclo reseñado no parte de un documento cerrado y acabado, sin embargo, implica avanzar en el abordaje de prioridades que atraviesan la discusión presupuestal y el diseño interinstitucional. El abatimiento de la pobreza es vital, claro, pero para abordar políticas de desarrollo humano hacia las infancias y las adolescencias también se requiere de integralidad.
La hoja de ruta hacia 2030 propuesta desde la sociedad civil subraya como ejes la pobreza y la indigencia, la educación inclusiva y de calidad, el derecho a la salud de la población infantil y adolescente (con énfasis en salud mental), el combate a todas las modalidades de violencia –intrafamiliar, comunitaria e institucional–, el necesario fortalecimiento de los entornos familiares y comunitarios para el desarrollo de niños, niñas y adolescentes que no pueden seguir teniendo la institucionalización como respuesta privilegiada. Complementariamente, se hacen referencias a la necesidad de fortalecer los cuidados con perspectiva de género y generaciones, la participación infantil y adolescente, el acceso a la justicia, así como el llamamiento a rediscutir los abordajes relativos al sistema penal juvenil. La ambiciosa y más que pertinente meta de avanzar hacia la construcción de un sistema integrado de protección a las infancias y las adolescencias también tiene que apuntar a desarrollar políticas y programas de acceso a la cultura, el deporte y la recreación.
En una apretada síntesis del primer intercambio mantenido en mayo y que se retomará el próximo 31 de julio, cabe subrayar que no se registraron grandes disidencias o distancias entre varias de las posturas. Eso podría ser subrayado como un muy buen punto de partida para el ciclo multiactoral planteado. Claro que es importante señalar la existencia de ausencias relevantes en el marco del encuentro desarrollado.
Principalmente resultó llamativa la ausencia de entidades claves de la política pública (tanto de infancia y adolescencia en particular, como de las políticas sociales en general). No participaron del diálogo referencias educativas de organismos claves como la Administración Nacional de Educación Pública y sus desconcentrados, así como tampoco participó ningún referente del propio Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, ente rector, ni el Ministerio de Desarrollo Social.
No habrá transformaciones sustantivas en nuestras infancias y adolescencias si estas son miradas o etiquetadas como un problema y no se convierten en protagonistas de la solución.
Como elementos relevantes que retroalimentan el enfoque de la propuesta cabe subrayar la importancia de pensar desde la pobreza multidimensional, aunque ello no inhibe asumir la necesidad de generar respuestas específicas desde la materialidad imprescindible de recursos para estos sectores. Otro aspecto subrayado es el de la relevancia decisiva y el peso estructural de lo que ocurre en el mercado de trabajo, algo que condiciona inmensamente la situación de familias con niños, niñas y adolescentes, por eso es clave pensar el impacto del mercado de trabajo no sólo en cifras y porcentajes, sino en su calidad, porque los niños y las niñas pobres pertenecen a familias y hogares donde los adultos registran problemas de inserción laboral y de precarización.
Un capítulo altamente preocupante es el vinculado a las múltiples violencias contra la niñez y la adolescencia que han proliferado tanto en el ámbito intrafamiliar como en el comunitario y el institucional. Se requiere un profundo análisis para reformular enfoques y abordajes que claramente han resultado deficitarios. Algunas de las claves mencionadas fueron la imperiosa necesidad de avanzar en una política de desarme civil y promover circuitos de inclusión a partir de ámbitos de inserción al deporte y la cultura para niños, niñas y adolescentes.
El abordaje de respuestas integrales a problemas complejos implica siempre abarcar una discusión que involucra Estado, mercado y comunidad (en particular a las familias). Discutir con evidencia la relevancia de las transferencias económicas para familias y hogares en los que el mercado de trabajo no llega o no alcanza es importante.
El diseño institucional y la gobernanza fueron un eje recurrente en el debate, aunque no registran visiones predominantes. Lo que sí aparece como impostergable es que el Estado y sus políticas de infancia y adolescencia deben profundizar su integralidad, intersectorialidad, territorialidad y participación de la comunidad en las respuestas.
La sociedad civil desde sus diversas experiencias de articulación con el Estado registra un acumulado indiscutible y ha realizado importantes contribuciones metodológicas en clave de innovación para las políticas públicas del Uruguay, por lo tanto, estos ámbitos deben seguir profundizándose.
¿Por qué no pensar que hay una causa que, aun en plena efervescencia preelectoral, es superior y puede abonar a la construcción de acuerdos básicos imprescindibles?
La instalación de un ámbito multiactoral e intersocial es pertinente y necesaria para impulsar transformaciones impostergables en materia de infancias y adolescencias en el Uruguay con miradas de corto, mediano y largo plazo, porque consolidar políticas públicas que privilegien recursos y respuestas de calidad requiere mucho diálogo y articulación. Los diagnósticos y las evidencias no debieran ser mayor obstáculo si la reducción de la pobreza en la niñez y la adolescencia es un tema ético, pero no alcanza con declaraciones de buenas intenciones, hay que sostener desde el compromiso, con los recursos y las capacidades que viabilicen la transformación. Eso también requiere decisión política y audacia para mejorar la distribución del ingreso. El crecimiento de la economía y del ingreso no ha producido automáticamente efectos mágicos y ello se ratifica con datos muy claros de la actual coyuntura en el país.
En columnas anteriores ya se ha planteado que Uruguay, así como muchas veces es “el más lindo de la foto”, en términos de algunos indicadores comparativos con la región, está pésimamente mal, por ejemplo, cuando se analiza la distribución del ingreso en general y en particular en lo que involucra a las nuevas generaciones.
Es una muy buena señal que la sociedad civil, desde una plataforma bien ancha y con enfoque territorial, se posicione con propuestas y lejos de la demanda o la catarsis, y tienda puentes para invitar a los distintos actores a profundizar los diálogos y principalmente los compromisos con quienes no pueden seguir esperando.
Los niños y las niñas no votan, pero deben seguir amplificando su voz a través de los ámbitos y los canales disponibles. No hay leyes que hagan magia sin recursos y compromisos. Tampoco habrá transformaciones sustantivas en nuestras infancias y adolescencias si estas son miradas o etiquetadas como un problema y no se convierten en protagonistas de la solución.
Martín Pardo es politólogo, magíster en Desarrollo Local y Regional. Integra el equipo de dirección de Fundación La Plaza y es integrante de la Plataforma de Infancias y Adolescencias Uruguay.