El Frente Amplio (FA) se dispone a cumplir con una de sus promesas electorales. Había anunciado que si llegaba al gobierno nacional convocaría el mes que viene a un amplio diálogo sobre seguridad social, mediante mesas temáticas con participación de partidos, organizaciones del mundo del trabajo, academia y organismos internacionales.

El FA tiene definidas de antemano varias propuestas que planteará en ese diálogo. Fue la respuesta acordada por la fuerza política tras la aprobación, en 2023, de una reforma jubilatoria que no votó ni comparte.

En las elecciones del año pasado hubo dos decisiones de la ciudadanía relacionadas con la seguridad social. Por un lado, quedaron en minoría los partidos del oficialismo saliente, que proponían dejar como está la ley de 2023, y fue mayoría el FA, que planteaba el diálogo nacional antedicho para modificarla. Por otro lado, se rechazó la propuesta de reforma constitucional en la materia que propuso el PIT-CNT. Ambos mensajes políticos deben ser valorados y tenidos en cuenta.

La consulta popular no fue un referéndum sobre la ley oficialista y su resultado no equivalió a reafirmarla. Por el contrario, el triunfo frenteamplista respaldó el cuestionamiento de esa norma. No tendría utilidad alguna que la futura oposición participara en el diálogo para plantear que no se cambie ni una coma de la ley de 2023, aprobada por quienes perdieron la confianza mayoritaria de la ciudadanía.

A su vez, el apoyo al proyecto de la central sindical no llegó a 41% y tampoco tendría sentido político encarar el futuro diálogo social como una oportunidad para revertir esa decisión. De todos modos, el fracaso no descalifica todos los componentes de la iniciativa. Es imposible establecer los motivos de cada persona que decidió no poner en el sobre de votación la papeleta blanca del Sí, pero con seguridad fueron diversos.

Parece probable que parte de esas personas no estuvieran de acuerdo con ninguna de las propuestas del proyecto de reforma, que otras apoyaran algunas pero no todas, que a otras les parecieran bien todas pero no quisieran incluirlas en la Constitución, y que otras no hayan votado a favor por desconocimiento o por dudas no aclaradas.

La reforma de 2023 apuntó a revertir en forma transitoria las tendencias al desequilibrio del sistema, tomando como variables de ajuste el aumento de la edad de retiro y los egresos, sin agregar ninguna fuente nueva de financiamiento. No encaró de forma integral y con una perspectiva de largo plazo la notoria insuficiencia de la mayoría de las jubilaciones y pensiones, los cambios tecnológicos, la situación de las personas con déficit de acceso a la protección social, las tendencias demográficas o la cuestión del sistema nacional de cuidados. Tampoco explicitó una ubicación de la seguridad social y de sus componentes en el conjunto de prioridades para las políticas públicas. Son carencias estratégicas a resolver y el punto de partida necesario es un diálogo amplio en el que cada parte haga un esfuerzo por contribuir al bien común.