Esta semana se desarrolla en Ginebra, Suiza, la primera sesión plenaria del Grupo Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Productos Químicos, Desechos y Contaminación (ISP-CWP, por su sigla en inglés). Este nuevo órgano internacional independiente nace con un mandato claro: fortalecer el vínculo entre la evidencia científica y la toma de decisiones públicas frente a una de las amenazas ambientales y sanitarias más extendidas de nuestro tiempo.
Me encuentro participando en esta instancia fundacional tras haber integrado el proceso negociador que culminó en Uruguay. Aquí no solo se discuten aspectos operativos, se están definiendo las bases institucionales que guiarán el trabajo científico global de las próximas décadas y las reglas que permitirán que la mejor ciencia disponible se transforme en políticas públicas efectivas.
La brecha de la información y el costo del retraso
El panel nace para cubrir una falla crítica en la gobernanza global sobre productos químicos y residuos. Mientras que cambio climático y biodiversidad cuentan desde hace décadas con plataformas consolidadas (como el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, más conocido por su sigla IPCC), el manejo de sustancias químicas, desechos y contaminación carecía de un mecanismo equivalente que ordenara el conocimiento y lo tradujera en alertas tempranas para los gobiernos.
Esta ausencia no es un detalle técnico, se traduce en riesgo país. No hablamos de conceptos abstractos, sino de la gestión de plaguicidas de alta peligrosidad, el control de nuevos químicos industriales y la presencia de contaminantes emergentes como los microplásticos o los disruptores endocrinos. Históricamente, el tiempo transcurrido entre el descubrimiento de un daño y la acción política ha sido devastador. El ejemplo de la intoxicación por plomo es elocuente: pasaron décadas de evidencia científica clara antes de que se lograra prohibir el plomo en naftas y pinturas a nivel global. Ese llegar tarde permitió que se afectara el desarrollo cognitivo y la salud de poblaciones enteras. En materia ambiental, la demora no es neutral: es un costo que terminan pagando los sistemas de salud, los sectores más vulnerables (niños, trabajadores, la pobreza extrema, etcétera) y los ecosistemas.
Autonomía y soberanía para países pequeños
Para Uruguay, este proceso tiene un significado estratégico que trasciende lo diplomático. El panel fue formalmente establecido en junio de 2025 en Punta del Este, tras un ciclo de negociaciones. La copresidencia ejercida por nuestra embajadora Laura Dupuy es un reconocimiento a nuestra capacidad técnica para construir acuerdos complejos.
En materia ambiental la demora no es neutral: es un costo que terminan pagando los sistemas de salud, los sectores más vulnerables (niños, trabajadores, la pobreza extrema, etcétera) y los ecosistemas.
El valor real para un país pequeño radica en la autonomía de sus decisiones. En nuestra escala, generar evidencia científica propia sobre cada nueva molécula química que ingresa al mercado es una tarea que, por el volumen de recursos económicos que se necesitaría, excede la capacidad de investigación nacional. Sin un panel global independiente, que democratice el acceso al conocimiento, los países pequeños corren el riesgo de quedar atrapados entre los intereses comerciales de las grandes multinacionales de productos químicos o las agendas impuestas por mercados externos.
Acceder a la mejor ciencia disponible es una condición básica para decidir con fundamentos claros. Decidir a tiempo y con evidencia no es un lujo ambiental: es una condición para desarrollar el país.
Un multilateralismo de resultados
En un mundo cada vez más fragmentado por tensiones geopolíticas, la creación de este panel es una señal alentadora de que el multilateralismo sigue siendo una herramienta insustituible. La contaminación no reconoce fronteras, las sustancias químicas presentes en las cosas que importamos o los residuos, y que se transportan por aire y agua, requieren una respuesta técnica coordinada globalmente.
Fortalecer la interfaz entre ciencia y política ya no es un “plus” académico, es una condición necesaria para gestionar los riesgos de una producción de sustancias químicas en expansión. Naturalmente, el éxito del ISP-CWP no está garantizado. Deberá construir credibilidad, asegurar su independencia de los grupos de presión y demostrar que sus evaluaciones pueden traducirse en medidas de protección reales.
En el contexto actual, esta solvencia científica se traduce en una ventaja competitiva estratégica: un marco regulatorio previsible y basado en evidencia es lo que atrae inversiones de calidad, alineándose con la modernización de nuestro sistema de promoción de inversiones que incluyó indicadores de desarrollo sostenible. Es, en definitiva, el único camino para asegurar un desarrollo económico que no hipoteque la salud de la gente ni la integridad de nuestro ambiente.
Que Uruguay haya liderado este camino demuestra que la escala de un país no es un límite cuando existe seriedad técnica y vocación de acuerdo. Lo que comenzó en Punta del Este en 2025 empieza ahora a tomar forma institucional en Ginebra. Aunque el impacto final se medirá en años, hay algo que ya resulta evidente: frente a los desafíos globales, la cooperación basada en evidencia es una de las herramientas de soberanía más poderosas con las que contamos.
Alejandro Nario Carvalho es ingeniero químico y director nacional de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Ambiente.