Natalia Uval

Las declaraciones de los últimos días hacían prever un intenso debate, pero la interpelación en la Comisión Permanente al canciller Luis Almagro por el viaje del presidente José Mujica a la ceremonia de asunción del nuevo gobierno venezolano quedó saldada ayer con una definición de diccionario.

Fue la empresa que desarrolló la sacarina. Pero hoy nadie la recuerda por eso. Monsanto es casi el nombre de la soja transgénica en la región. La estrategia de la empresa incluye la firma de convenios con organismos estatales para ganar legitimidad y formalidad para su negocio. Mario García, ex vicepresidente del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), opinó que los eventos transgénicos “no deberían ser patentados” pero hizo notar la falta de recursos del sector público para desarrollar tecnología propia. Argumentos similares esgrimen en Argentina y Paraguay, según un informe de la Red de Economistas del Mercosur que se publicará próximamente.

En una reunión de más de seis horas, los ministerios comunicaron ayer al presidente José Mujica sus prioridades para 2013. Se anunció el envío al Parlamento de una ley sobre recursos genéticos y otra sobre envases de agrotóxicos. Además, se informó que se hará una revisión general de la normativa vinculada a los trabajadores rurales y que la semana que viene se conformará una comisión para crear un nuevo código penal juvenil.

El Comité Ejecutivo del Partido Comunista del Uruguay (PCU) expresó ayer su apoyo al ministro de Salud Pública, Jorge Venegas, y a su equipo en la decisión de remover al también comunista Yamandú Bermúdez de la Dirección General de Salud. En una declaración de cinco puntos, los comunistas señalan el compromiso del partido de continuar avanzando en la reforma de la salud y expresan su apoyo al rumbo programático e ideológico de profundización de la reforma que sigue el equipo ministerial.

Mujica pidió ayuda a su par de México para instalar la Utec, y Peña Nieto le solicitó apoyo para aplicar el Plan Ceibal en su país.

Los años de crecimiento económico en América Latina no fueron acompañados de una mejora en los indicadores relativos a la seguridad. Los homicidios en la región crecieron 11% en diez años y los robos se triplicaron en 25 años, según informó la Organización de las Naciones Unidas el 12 de enero. Brasil, Argentina y Uruguay apuestan en direcciones similares: mayor articulación entre políticas de seguridad y políticas sociales, tenencia responsable de armas, actualización policial. En Colombia, con el argumento del combate a la guerrilla, el gobierno impulsó un fuero militar que deja los homicidios cometidos en ese marco a consideración de la Justicia de las Fuerzas Armadas.

Salarios a funcionarios que prácticamente no tienen tareas, energía eléctrica, agua, teléfono, servicios de vigilancia y de catering, arrendamiento de equipos, difusión, viajes y viáticos. El Parlamento del Mercosur gasta anualmente un millón y medio de dólares, pese a que no sesiona desde hace más de dos años.

La desaparición de 12.000 productores de menos de 100 hectáreas en los últimos diez años y un aumento en la concentración de la propiedad de la tierra forman parte de las conclusiones preliminares del censo agropecuario 2011, que se conocieron en diciembre. El senador emepepista Ernesto Agazzi reflexionó sobre este proceso y sobre las políticas de tierra del gobierno del Frente Amplio (FA). Estimó que 2013 es el año para avanzar en medidas contra la extranjerización y cuestionó a quienes critican lo realizado desde el “análisis intelectual”, pero no plantean cómo llegar a cambios más profundos.

El canciller Luis Almagro mantendrá su posición en el ranking de los ministros más interpelados, cuando el 4 de febrero concurra al Senado a responder las preguntas del nacionalista Sergio Abreu y el colorado José Amorín Batlle por el viaje del presidente José Mujica a Venezuela. Mujica acusó ayer a blancos y colorados de “insultar”, “torcer” y “mentir” con sus críticas a la política exterior, uno de los temas de mayor enfrentamiento entre gobierno y oposición. En la Administración Nacional de Puertos (ANP) hubo declaraciones cruzadas por el dragado del canal Martín García.

En la noche del miércoles dos camionetas de la embajada de Estados Unidos se aproximaron al presidente de la Juventud del Partido Nacional, Gonzalo Baroni, que retornaba a su casa en el barrio de Carrasco. Un hombre vestido de particular bajó la ventanilla y le pidió los documentos. Baroni le solicitó que se identificara y el hombre mostró una placa que el dirigente nacionalista no pudo ver bien por la falta de luz. Le dijo que era un oficial de la Policía de Montevideo al servicio de la Embajada de Estados Unidos y que estaba haciendo un procedimiento para “complementar el patrullaje en la zona”. El diputado Pablo Iturralde evaluará si el tema amerita ser incluido en la interpelación a Bonomi.

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker (Partido Socialista), afirmó que está de acuerdo con incrementar los gravámenes a las “ganancias extraordinarias”. Negó en diálogo con la diaria que una medida de este tipo desestimule la inversión y recordó que lo mismo se decía cuando se discutió la Ley de Negociación Colectiva.

Desde el 11 de enero está abierto el llamado a nuevos operadores de televisión digital comercial. El Comité Honorario Asesor Independiente (CHAI), que evaluará los proyectos que se presenten, no alcanzó quórum ayer para sesionar. Dos de sus integrantes expresaron preocupación al gobierno por la exoneración de requisitos a los actuales canales dispuesta por el decreto del 31 de diciembre. El subsecretario de Industria Edgardo Ortuño evaluó que estas críticas pierden de vista lo "sustancial". El Frente Amplio no tiene opinión porque sus autoridades no conocen los contenidos de la norma.

En la bancada del Frente Amplio (FA) había ayer un malestar generalizado con la actitud del diputado emepepista Esteban Pérez. El legislador no acató el mandato de su bancada y se retiró de sala sin dejar suplente al momento de que se votara en la cámara la prórroga por un año de la permanencia de las tropas uruguayas en la Misión de Estabilización de Naciones Unidas en Haití (Minustah), que resultó aprobada por amplia mayoría.

Se termina el año y el Poder Ejecutivo no ha publicado aún el pliego del llamado a nuevos operadores de televisión digital comercial, que según el decreto aprobado este año, debería haber estado listo a mediados de julio. Fuentes del Poder Ejecutivo indicaron que el gobierno pretende conciliar con los canales privados, que han anunciado que no se presentarán al llamado.