Natalia Uval

Los años de crecimiento económico en América Latina no fueron acompañados de una mejora en los indicadores relativos a la seguridad. Los homicidios en la región crecieron 11% en diez años y los robos se triplicaron en 25 años, según informó la Organización de las Naciones Unidas el 12 de enero. Brasil, Argentina y Uruguay apuestan en direcciones similares: mayor articulación entre políticas de seguridad y políticas sociales, tenencia responsable de armas, actualización policial. En Colombia, con el argumento del combate a la guerrilla, el gobierno impulsó un fuero militar que deja los homicidios cometidos en ese marco a consideración de la Justicia de las Fuerzas Armadas.

Salarios a funcionarios que prácticamente no tienen tareas, energía eléctrica, agua, teléfono, servicios de vigilancia y de catering, arrendamiento de equipos, difusión, viajes y viáticos. El Parlamento del Mercosur gasta anualmente un millón y medio de dólares, pese a que no sesiona desde hace más de dos años.

La desaparición de 12.000 productores de menos de 100 hectáreas en los últimos diez años y un aumento en la concentración de la propiedad de la tierra forman parte de las conclusiones preliminares del censo agropecuario 2011, que se conocieron en diciembre. El senador emepepista Ernesto Agazzi reflexionó sobre este proceso y sobre las políticas de tierra del gobierno del Frente Amplio (FA). Estimó que 2013 es el año para avanzar en medidas contra la extranjerización y cuestionó a quienes critican lo realizado desde el “análisis intelectual”, pero no plantean cómo llegar a cambios más profundos.

El canciller Luis Almagro mantendrá su posición en el ranking de los ministros más interpelados, cuando el 4 de febrero concurra al Senado a responder las preguntas del nacionalista Sergio Abreu y el colorado José Amorín Batlle por el viaje del presidente José Mujica a Venezuela. Mujica acusó ayer a blancos y colorados de “insultar”, “torcer” y “mentir” con sus críticas a la política exterior, uno de los temas de mayor enfrentamiento entre gobierno y oposición. En la Administración Nacional de Puertos (ANP) hubo declaraciones cruzadas por el dragado del canal Martín García.

En la noche del miércoles dos camionetas de la embajada de Estados Unidos se aproximaron al presidente de la Juventud del Partido Nacional, Gonzalo Baroni, que retornaba a su casa en el barrio de Carrasco. Un hombre vestido de particular bajó la ventanilla y le pidió los documentos. Baroni le solicitó que se identificara y el hombre mostró una placa que el dirigente nacionalista no pudo ver bien por la falta de luz. Le dijo que era un oficial de la Policía de Montevideo al servicio de la Embajada de Estados Unidos y que estaba haciendo un procedimiento para “complementar el patrullaje en la zona”. El diputado Pablo Iturralde evaluará si el tema amerita ser incluido en la interpelación a Bonomi.

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker (Partido Socialista), afirmó que está de acuerdo con incrementar los gravámenes a las “ganancias extraordinarias”. Negó en diálogo con la diaria que una medida de este tipo desestimule la inversión y recordó que lo mismo se decía cuando se discutió la Ley de Negociación Colectiva.

Desde el 11 de enero está abierto el llamado a nuevos operadores de televisión digital comercial. El Comité Honorario Asesor Independiente (CHAI), que evaluará los proyectos que se presenten, no alcanzó quórum ayer para sesionar. Dos de sus integrantes expresaron preocupación al gobierno por la exoneración de requisitos a los actuales canales dispuesta por el decreto del 31 de diciembre. El subsecretario de Industria Edgardo Ortuño evaluó que estas críticas pierden de vista lo "sustancial". El Frente Amplio no tiene opinión porque sus autoridades no conocen los contenidos de la norma.

En la bancada del Frente Amplio (FA) había ayer un malestar generalizado con la actitud del diputado emepepista Esteban Pérez. El legislador no acató el mandato de su bancada y se retiró de sala sin dejar suplente al momento de que se votara en la cámara la prórroga por un año de la permanencia de las tropas uruguayas en la Misión de Estabilización de Naciones Unidas en Haití (Minustah), que resultó aprobada por amplia mayoría.

Se termina el año y el Poder Ejecutivo no ha publicado aún el pliego del llamado a nuevos operadores de televisión digital comercial, que según el decreto aprobado este año, debería haber estado listo a mediados de julio. Fuentes del Poder Ejecutivo indicaron que el gobierno pretende conciliar con los canales privados, que han anunciado que no se presentarán al llamado.

Las bases del Frente Amplio (FA) en Montevideo pretenden que el acuerdo de defensa que se negocia con Estados Unidos, que sustituirá al vigente desde 1953, no proponga una relación “tan cercana” con ese país. El vicecanciller Roberto Conde dijo a la diaria que todavía no hay un texto de acuerdo, y aseguró que en cuanto esté listo se informará al Parlamento y al FA. En la última reunión entre ambos países se descartó la línea que planteaba Estados Unidos, aseguró una fuente del Ministerio de Defensa Nacional (MDN).

El 29 de junio, un grupo de organizaciones de izquierda no frenteamplista constituyeron la Coordinadora por la Construcción de la Unidad Popular (CCUP). Esta semana terminaron de redactar un programa que someterán a debate, y que incluye la nacionalización de la banca y del comercio exterior, la expropiación de los latifundios y un sistema de salud exclusivamente estatal. Proponen además privilegiar el Alba como espacio de integración.

La Cámara de Senadores votará el jueves la prórroga por un año de la permanencia en Haití de las tropas uruguayas de la misión de paz. La bancada del Frente Amplio resolvió ayer, con la sola oposición del Partido Comunista y de dos senadores del Espacio 609, Constanza Moreira y Alberto Couriel, acompañar la prórroga. Todos los legisladores acatarán lo resuelto pero Moreira se retirará de sala. El ex diputado socialista Guillermo Chifflet, en tanto, declaró a la diaria que a Uruguay “no le honra” ir a “hacer el trabajo sucio del imperio a Haití”. “Me parece la cosa más repugnante que le pueda pasar al país”, sentenció.

El italiano obrero o agricultor, el español comerciante. El imaginario sobre los inmigrantes en Uruguay está todavía atado a las características de la inmigración durante el siglo XIX. Sin embargo, en los últimos años, más de la mitad de los inmigrantes que llegaron a Uruguay provinieron de Argentina y Brasil, un patrón que se repite en la región. Éste y otros datos surgen del informe “Caracterización de las nuevas corrientes migratorias en Uruguay”, que se presentará mañana, y que echa por tierra otro imaginario: el de la tolerancia como característica casi innata del “ser uruguayo”.

Los monopolios no son buenos en la economía. Esta afirmación, que nadie desmentiría sin pasar por políticamente incorrecto, para algunos actores se aplica a todas las actividades productivas menos a los medios de comunicación. En los últimos años en la región ha habido regulaciones diversas en la materia -y en algunos casos ausencias significativas- pero un aspecto en común: la resistencia de sectores políticos y empresariales a un cambio en las reglas de juego. En esta disputa, tan económica como política, la libertad de expresión parece sólo una bandera jurídica.