El intendente de Maldonado, Enrique Antía, será interpelado. Así lo resolvió por unanimidad la Junta Departamental de Maldonado (JDM) esta semana. Andrés de León, edil del sector Cablido 1813, del Frente Amplio (FA), propuso la moción y consiguió los votos para llevar a sala al responsable del gobierno municipal del Partido Nacional (PN).

Los representantes quieren conocer aspectos del contrato de las cámaras de videovigilancia que la intendencia contrató directamente por un monto de 18 millones y medio de dólares a la empresa israelí Ellbrit, en convenio con los ministerios de Defensa y del Interior.

A pesar de las observaciones del Tribunal de Cuentas de la República y las dudas de varios ediles frenteamplistas, Antía avanzó en la instalación de las cámaras y ha negado información sobre los detalles del acuerdo. Las 1.200 cámaras ya instaladas, con su centro de operaciones, fueron una compra directa sin licitación. “Fue la compra más grande que ha hecho el PN en estos dos años y tres meses de gestión. Queremos saber sobre las características del contrato, la forma de pago, si hubo asesoramiento y de quién y los convenios con el Ministerio del Interior. Porque la intendencia, por la Constitución y la Ley Orgánica Municipal, no se tiene que hacer cargo de la seguridad interior. Queremos saber cuánto ha recaudado en el Presupuesto Quinquenal que el FA no votó. Porque hay una tasa adicional con un impuesto para financiar el sistema de videocámaras que pagan todos los habitantes de Maldonado. Queremos saber cuánto ha recaudado, y tenemos otro lote de preguntas”, explicó De León a la diaria.

En diversas instancias, la intendencia ha negado información sobre el contrato, la administración y la cuestión económica por detrás del acuerdo con la proveedora de servicios de seguridad Elbit Security Systems LTD, una empresa que tiene el aval del Ministerio de Defensa de Israel.

La interpelación se votó por unanimidad con los votos del oficialismo, el Partido Colorado y el FA. Todavía no está claro quién será el miembro interpelante.

Los ediles Joaquín Garlo (MPP) y Fermín de los Santos (Alianza Progresista) han intentado, en vano, obtener información mediante pedido de informes a la comuna. Garlo llegó a presentar el asunto a la Justicia, amparado en la Ley de Acceso a la Información Pública. Pero la Justicia de Maldonado negó ese derecho la semana pasada, una vez más. En esta oportunidad, la jueza civil de 6º Turno, Constanza Farfalla, desestimó el pedido de Garlo. La decisión se fundamentó “atento a la calificación de [información] reservada”.

El edil emepepista apeló el fallo y al final de la próxima semana estaría la resolución de un tribunal de apelaciones en Montevideo.

“No nos interesa saber cómo funciona el sistema de videovigilancia, ni saber cómo trabaja el Ministerio del Interior. Ninguna de las cuestiones operativas nos interesan. No es objeto de la investigación. No queremos que el intendente vaya a hablar del sistema en sí, sino que explique por qué esa compra secreta y millonaria que compromete los dineros públicos. Hay falta de transparencia y no se nos ha dado la información necesaria para ejercer el contralor”, explicó Garlo a la diaria. Aunque la bancada del FA votó por unanimidad, no todos piensan que la interpelación a Antía sea lo mejor en este momento. El MPP evaluará este fin de semana cómo se parará el sector al respecto. Lo cierto es que, por primera vez, Antía deberá responder públicamente sobre varias de las irregularidades que se han detectado en esta compra.