Empresarios exoneraron 189 millones de dólares en IVA con ley de vivienda social; diputado del FA considera que renuncia fiscal es “injustificada”

Las exoneraciones fiscales a las constructoras, desde que se aprobó la ley de vivienda social, llegarían a 800 millones de dólares. Un diputado del Frente Amplio (FA) hará un pedido de informes para precisar la cifra. Desde que la ley entró en vigencia, se aprobó la construcción de más de 10 mil apartamentos por 1724 millones de dólares. Pero los precios de alquileres y compra venta siguen sin bajar, algo que preocupa al gobierno y a algunos legisladores oficialistas.

Desde la entrada en vigencia de la ley (18.795) de vivienda de interés social (LVIS), aprobada en 2011, hasta el 17 de agosto de este año, las inversiones en este tipo de viviendas superaron los 1724 millones de dólares, estimó Eneida de León, ministra de Vivienda, Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (MVOTMA).

Al primero de julio de 2017 había 5723 viviendas promovidas bajo el paraguas de la LVIS. Permanecen en construcción 5319 viviendas; 500 más fueron aprobadas recientemente y otras 48 están en alguna oficina a la espera de terminar la tramitación.

Las autoridades estiman que la exoneración de IVA para estos apartamentos es de 189 millones de dólares. La información surgió de un pedido de informes que presentó en marzo de este año el diputado comunista Gerardo Núñez, que el MVOTMA respondió a finales de setiembre.

La secretaría de Estado no precisó los montos que los empresarios pudieron exonerar por concepto de exoneración del Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales, Impuesto al Patrimonio o IRAE.

Núñez estima que por cada vivienda construida las empresas logran una exoneración que bajo otro régimen de construcción agregaría 40 mil dólares al costo final. La renuncia fiscal sería de 800 millones de dólares. Para saber el monto exacto, esta semana realizará otro pedido de informes, esta vez al Ministerio de Economía y Finanzas.

“Los valores de los inmuebles de la LVIS están bastante por encima, incluso igual, al valor del mercado de aquellas viviendas o apartamentos que se construyen sin estos beneficios fiscales”, explicó el diputado a la diaria. Del pedido de informes se desprende que un apartamento de dos dormitorios en Montevideo, de los 468 disponibles para alquilar con estas características, ronda los 17.749 pesos.

“Es injustificada la renuncia fiscal para justificar la construcción de vivienda cuando los resultados no se ven reflejados en los precios de venta o alquiler”, opinó Núñez.

El objetivo del representante y algunos legisladores de la bancada del FA es “profundizar la regulación de los precios de los alquileres. [...] Queremos contar con contrapartidas, reales, medibles y concretas. No nos parece responsable generar este conjunto de beneficios fiscales para grandes grupos económicos sin un correlato directo en beneficio de quienes necesitan vivienda”, dijo Núñez.

“Los indicadores de los precios de arrendamientos y transacciones de compra venta para el MVOTMA no son satisfactorios. Si comparamos precios con los ingresos de las familias, vemos que accederían a estas soluciones sectores de cierto nivel de ingreso, algo que acota mucho la posibilidad y sobre todo las necesidades habitacionales en los deciles de ingresos más bajos”, remarcó el arquitecto Salvador Schelotto, director nacional de Vivienda, en diálogo con la diaria.

En la Dirección Nacional de Vivienda están evaluando el incremento del stock habitacional, que fue uno de los objetivos de la LVIS. También analizan los aspectos urbanísticos en ciertos barrios y áreas de las ciudades del país y el impacto en los sectores de la sociedad con algún tipo de déficit de vivienda.

Las autoridades estudian, además, dos innovaciones legales. Una son los subsidios al alquiler, una posibilidad que se utiliza a demanda en casos de extrema precariedad o, por ejemplo, ante la situación de una mujer víctima de violencia doméstica que no puede hacer frente al alquiler y recibe un subsidio del Estado durante un período. Este beneficio podría extenderse a otros sectores de la sociedad.

“El otro proyecto es de alquiler público. Para que las viviendas que son del Estado sean otorgadas en alquiler y no para compra venta, que es lo que ocurre”, informó Schelotto.

Evaluación del tope

El gobierno decretó el año pasado que las viviendas construidas por la LVIS que se volcaran al mercado de alquileres y se sometieran a topear el precio al inquilino se verían beneficiadas por exoneraciones totales de IRPF e IRAE, más otros beneficios. Quienes no se ciñeran a esta línea sugerida serían exonerados hasta 40% de estos impuestos.

Los empresarios advirtieron que habría menos inversión en construcción. Y también sugirieron que el gobierno estaba equivocado desde el punto de vista legal al “topear” el precio de los alquileres, ya que la ley de “libre contratación” de la dictadura permite que los ofertantes hagan sus negocios tan libremente como el bolsillo de los inquilinos lo permita.

Los últimos datos indican que más de 5000 viviendas ya están construidas y otras 5000 se están construyendo (además de los proyectos que están a estudio).

“Los datos muestran que los proyectos siguen ingresando, no dicen que se esté construyendo menos. Si hay un menor volumen o cantidad menor de proyectos que ingresaron antes que los mejores años, ¿es porque el gobierno los desestimula? ¿Es porque hay sobrestock y hay que colocar lo que ya se construyó? ¿O es porque el ritmo de inversión en vivienda acompasa a otros sectores de la economía? Los precios de las inversiones promovidas acompañan la cantidad de proyectos de vivienda. Los años que hubo más montos y proyectos en vivienda coinciden en los años de mayor inversión en infraestructura, parques eólicos, supermercados, hoteles”, entiende Schelotto.

“Argumentar que hoy está cayendo el número de proyectos porque el gobierno tomó medidas restrictivas parece intencionado”, dijo el director de vivienda.