El Frente Amplio (FA) de Salto vive un momento complicado. Meses atrás, tres ediles electos por la lista 888 (Agrupación Humanista “Armando Aguerre”, que tuvo como uno de sus fundadores al intendente Andrés Lima), Martín Pertusatti, Dayana Añasco y Graciela Beppo, se fueron de esa fuerza política y luego se sumaron al Partido de la Gente (PG) de Edgardo Novick, después de que el jefe comunal los denunció por una eventual adulteración de boletas de gastos para beneficiarse a sí mismos. Esto implicó que el FA perdiera la mayoría en la Junta Departamental y que gracias al voto de estos ediles el Partido Colorado logró imponer por dos años consecutivos a José Alberto Villas Boas (Vamos Salto) como presidente del cuerpo.

En agosto, otros tres ediles, Liliana Filonenko (que pertenecía al Partido Comunista), Jorge Pintos y Gervasio Carbajal (también ex lista 888), anunciaron su alejamiento del FA, por lo que la bancada de ediles oficialista quedó reducida a 10 integrantes. El jueves, mediante un comunicado se informó que además que los tres primeros, Filonenko y Pintos, se sumaron a la Agrupación Nacional “La Gente de Novick” del PG, que lidera el diputado Guillermo Facello.

Además de estos reveses en la Junta, Lima suma desavenencias en su propio grupo, esta vez con la diputada Catalina Correa, que asumió la banca que obtuvo Lima en 2014, cuando este fue electo intendente en 2015.

Las discrepancias con las críticas a la gestión que le hicieron Correa y otros miembros de la lista 888, llevaron a Lima a presentar renuncia el 30 de setiembre al grupo que fundó.

Poco más de un mes después, Lima lanzaba su propio grupo, denominado Movimiento Social Progresista, acompañado de su hermano, Álvaro Lima, y de algunos directores de la comuna.

En medio de esto, trascendió que el intendente habría utilizado un dinero aportado por el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) para la compra de productos de limpieza para asear las viviendas de los damnificados por las últimas inundaciones en el retorno, antes de volver a habitarlas, en un “asado” que se organizó para jóvenes de un Centro de Capacitación de Producción (Cecap) del departamento.

Correa se hizo eco de estas versiones y, según publicó Búsqueda, denunció el tema ante la Mesa Política de Salto. En diálogo con la diaria, Correa explicó que hizo “un pedido de informes al Cecap” para saber “si los chicos que habían intervenido en una actividad en Colonia Lavalleja pertenecían a algún programa de ese centro y si existía alguna relación entre ese programa que era el de campamentos juveniles con la intendencia de Salto”. Según la diputada en el Cecap le comunicaron este jueves que el informe “aún no estaba pronto”; “ellos tienen 10 días para presentar los informes, así que lo estamos esperando”. Si el informe asegura que la actividad tiene relación con el Cecap, “no habría ninguna irregularidad porque sería como un convenio, ahora si los chicos no pertenecen al programa y si no son -como se dijo- chicos que estuvieron desplazados, ahí tendríamos que ver cuál fue la situación, porque la donación se hizo específicamente para limpieza de hogares de retorno. Queremos saber, nada más que eso, no hay ninguna denuncia pública, nosotros no somos jueces”, explicó. El pedido lo hizo a través de la ley de acceso a la información pública.

Con respecto a la gestión de Lima, Correa opinó: “No podemos quitarle mérito a las cosas que se están haciendo bien, pero se están tomando en algunos aspectos decisiones con las que no estamos de acuerdo. No vemos una planificación en el territorio, una planificación pensada con una dirección y un objetivo claro. Lo vemos todo como improvisando o como se dice vulgarmente 'cobrando al grito'”, criticó la diputada. Correa explicó que “eso es lo que nosotros criticamos y dijimos a nuestro intendente desde un principio, desde que empezamos a ver esas cosas. A nuestro intendente no le gustó y por eso se apartó de nuestro grupo”. Lima se ha mantenido por fuera de esta polémica, la diaria intentó comunicarse con el intendente pero no obtuvo respuesta.

Este jueves el semanario Búsqueda informó además que la directora de Desarrollo Social de la Intendencia salteña, Yolanda Soria, se ofreció a comparecer ante el Tribunal de Conducta Política del FA para dar explicaciones sobre los fondos destinados al campamento de jóvenes.