A partir de mañana y hasta el miércoles, Buenos Aires recibirá a delegaciones de 164 países que participarán en la Cumbre Ministerial de la Organización Mundial del Comercio. En ese marco, la Unión Europea (UE) y el Mercosur continuarán las negociaciones técnicas y políticas para concretar un Tratado de Libre Comercio (TLC).

Según informaron a la diaria fuentes de la cancillería uruguaya, los ministros de ambos bloques están dispuestos a firmar el capítulo político y de cooperación del acuerdo, como forma de dar “una señal” de su voluntad de concluir el tratado a la brevedad. La fecha estimada para el cierre de las negociaciones es enero, pero ese límite se ha venido corriendo en los últimos meses.

Las discrepancias técnicas en las negociaciones son múltiples y en varios aspectos, según queda de manifiesto en los documentos filtrados por Greenpeace Holanda esta semana. Los textos difundidos corresponden a borradores de la ronda de negociación de julio de este año y abarcan, entre otros, los capítulos de comercio de bienes, medidas sanitarias y fitosanitarias, comercio de servicios, reglas de origen, indicaciones geográficas, propiedad intelectual, compras públicas y barreras técnicas al comercio.

El capítulo de compras públicas apunta a que las empresas de los países europeos puedan competir en igualdad de condiciones con las mercosureñas en los procesos de compras estatales, en los países de ambos bloques. Incluye la compra de bienes y servicios; están exceptuados la compra o arrendamiento de tierras y bienes inmuebles, acuerdos no contractuales con cooperativas, préstamos, incentivos fiscales, la provisión de bienes y servicios a gobiernos locales y todo lo vinculado al manejo de la deuda pública.

El Mercosur quiere excluir las tercerizaciones de las disposiciones del capítulo, y las compras y adquisiciones públicas que se realizan fuera del territorio del Estado parte para consumo fuera del territorio, pero en esto no hay acuerdo con la UE. En cambio, sí hay en excluir de las disposiciones las compras vinculadas con bienes y servicios para personas con discapacidad, instituciones filantrópicas y trabajo en las prisiones, así como los bienes y servicios necesarios para proteger “la moral, el orden o la seguridad pública”, “la vida o la salud humana, animal o vegetal, incluyendo medidas ambientales”. En este punto, la UE pretende excluir también las medidas “necesarias para proteger la propiedad intelectual”, pero en esto no hay acuerdo con el Mercosur.

La UE propone el principio de trato nacional y no discriminación, y sugiere, además, que no podrá exigírseles a los proveedores europeos que tengan domicilio constituido en los países mercosureños.

En el acuerdo también se establece que los países miembro de ambos bloques no podrán exigir a los proveedores del otro bloque requisitos de desempeño tales como un mínimo de contenido local o requisitos de inversión.

Pero la discrepancia más importante entre la UE y el Mercosur en este capítulo tiene que ver con lo que la UE denomina “medidas de transición” y el Mercosur llama “trato especial y diferenciado”. Mientras que la UE aboga por una apertura “recíproca” del mercado de las compras públicas, el Mercosur reclama para sí un tratamiento “especial y diferenciado”.

La UE acepta que el Mercosur, por tener un grado de desarrollo menor, puede beneficiarse de medidas de transición antes de otorgar “acceso completo a su mercado de compras públicas”. Estas medidas deberán ser negociadas entre ambas partes. En cambio, el Mercosur entiende que debe haber un trato “especial y diferenciado” de forma permanente, y que la UE debe aplicar en todos los casos un grado de liberalización mayor. El Mercosur también propone que sus medidas de compras públicas apliquen sólo a las compras estatales, mientras que para la UE rija la liberalización también para los gobiernos regionales y locales. La propuesta mercosureña señala que los países miembro del bloque podrán establecer, en el proceso de compra pública, requisitos de un mínimo de contenido local, proveedores locales o requisitos de inversión. Además, el Mercosur incorpora en su propuesta una cláusula amplia, en la que se señala: “Los Estados parte del Mercosur podrán excluir bienes y servicios, así como programas o políticas gubernamentales que consideren necesarias para asegurar el cumplimiento de su deber en materia de políticas públicas”.

Por su parte, el capítulo de comercio de bienes contiene disposiciones generales y es un texto distinto al documento específico vinculado a las cuotas de mercado que cada bloque se compromete a otorgar. Se trata de un capítulo central para el Mercosur que tiene 15 páginas, cuando el capítulo sobre compras públicas tiene 41 páginas.

En términos generales, el capítulo sobre comercio de bienes incorpora las disposiciones de trato nacional para los bienes de ambos bloques. El Mercosur propone prohibir el mantenimiento o la introducción de subsidios a las exportaciones de productos agropecuarios, una sugerencia que no es aceptada por la UE. El Mercosur también propuso tener la facultad de adoptar medidas excepcionales –cobro de impuestos de importación– durante el período de transición del acuerdo para estimular la instalación de nuevas industrias o para apoyar a sectores que atraviesan dificultades, siempre y cuando estas medidas no excedan 15% del total de las importaciones de la UE. Esto tampoco ha sido aceptado hasta el momento por el bloque europeo.

    <h3 class="extension__title">No tan distintos</h3>

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    <p>Al conocerse los documentos de las negociaciones, Redes-Amigos de la Tierra de Uruguay emitió un comunicado denunciando que el acuerdo “incorpora los elementos más críticos de la agenda del libre comercio”. “El capítulo de comercio de bienes refleja que no existe ninguna disposición en el sentido de implementar un trato especial y diferenciado a favor del Mercosur en relación a la apertura comercial en bienes industriales. Por otra parte, la oferta de la UE que ha trascendido no contiene una sola mención a su disposición de negociar lo referente a los subsidios agrícolas, y las posibilidades reales de incrementar el acceso a mercados para los productos agropecuarios del Mercosur está cada vez más en duda”, advierte Redes. En cambio, el acuerdo revela los “compromisos en materias que restringen el espacio para la implementación de políticas públicas para el desarrollo productivo y tecnológico, desde una perspectiva de la justicia ambiental, con miras en la generación de empleo y la justicia social”. El comunicado concluye que existen “numerosos frentes de preocupación” en el acuerdo y que “resulta inaceptable y poco fiel a los principios de nuestra izquierda que se concrete un acuerdo de esta naturaleza sin la apertura de espacios verdaderamente democráticos con la sociedad organizada”.</p>
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