Uno de los proyectos de ley que el Poder Ejecutivo deberá revisar el próximo año es el que establece beneficios en materia de empleo para las personas con discapacidad. La iniciativa tiene media sanción de Diputados, de octubre de 2016, pero no avanzó en la cámara alta; mientras, el PIT-CNT continúa con su campaña de recolección de firmas. Ayer Martín Nieves, delegado del Área Discapacidad de la central obrera, confirmó a la diaria que ya tienen más de 300.000 firmas en respaldo al proyecto.

Algunos sectores empresariales plantearon reparos y el Poder Ejecutivo inició un camino de diálogo; en concreto, el presidente Tabaré Vázquez creó una comisión entre la central obrera y su gabinete. En este proceso, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social hace de puente entre varias secretarías de Estado y agencias públicas para buscar una síntesis con las posiciones que presentaron el PIT-CNT y otras organizaciones sociales. “El gobierno tiene muchísimo interés en este proyecto. Estamos casi por terminar la síntesis del sector público para transmitirla al PIT- CNT. Si acordáramos, rápidamente lo remitiríamos al Senado. Es un proyecto absolutamente prioritario para el ministerio”, aseguró a la diaria el viceministro de Trabajo, Nelson Loustaunau.

En la Comisión de Asuntos Laborales del Senado está recién llegado el sindicalista y ex director de Trabajo, Juan Castillo. Dice que la ley cumple con objetivos de justicia y de derechos, aunque está dispuesto a reabrir la discusión para garantizar su aprobación. “Si para eso hay que buscar acuerdos, flexibilizar sin que afecte la sustancia, estamos dispuestos a hacerlo”, dice el senador comunista.

Uno de los incisos del articulado que se discute refiere a qué tipo de empresas deberían absorber a estos trabajadores. “En nuestra propuesta establecemos atender el tamaño de las empresas y regular el tiempo. Ajustar esas variables para que en un tiempo más o menos razonable se vayan incorporando los trabajadores con capacidades diferentes” sugiere Loustaunau.

También estudian los parámetros tributarios y cuáles serían los beneficios que recibirían las empresas y los trabajadores. El gobierno evalúa cuál será el estatuto de este trabajador, cuáles serían los motivos de despido y cómo se tramitarían algunos puntos que son un reto para el mundo del trabajo, como los beneficios financieros, entre otros ajustes.

15,9 % de los uruguayos tienen alguna discapacidad. Hay unas 12.000 personas con esta condición que buscan empleo y no lo consiguen en Uruguay. En 2016 hubo 33.000 accidentes laborales (sólo en la construcción fueron 3.600). La Ley 18.651 prevé que 4% de las vacantes en el sector público deben ser ocupadas por personas con discapacidad. Pero sólo 247 trabajadores en estas condiciones están empleados, uno de cada diez.

“Es un indicador grave de las dificultades de estas normativas y del incumplimiento flagrante del Estado”, denuncia el senador Pablo Mieres (Partido Independiente), que habla de la necesidad de “una política de integración”. Entiende que la normativa es “complicada”, un “saludo a la bandera” difícil de instrumentar.

Martín Nieves, del PIT-CNT piensa lo opuesto. “En diez años de gobierno progresista deberían haber entrado (al Estado) 2.400 trabajadores con discapacidad, entraron 250. Y ni siquiera 2.400 puestos por año cubriría el mínimo de los trabajadores con discapacidad que activamente buscan empleo”, explicó.

Aunque se excusa de no poder decir mucho porque las negociaciones con el gobierno requieren hablar poco, no se puede callar algo. “Al Ejecutivo le pedimos dos cosas: que estudie los datos que analizaron los técnicos. Y que si toma la temática de la discapacidad y considera importante la inclusión en las empresas, que lo haga real, que no sea algo ficticio. Ahí está el ejercicio”, opinó.