Transmitir gratuitamente algo que te pertenece en favor de otra persona. Así define la Real Academia Española la acepción jurídica del término “donación”, algo alejada del concepto de “donaciones especiales” amparadas por el Texto Ordenado de 1996 de la Dirección General Impositiva (DGI). Las donaciones que hacen las empresas bajo esta normativa a instituciones de enseñanza, salud, cuidados o rehabilitación no implican transmitir algo que les “pertenece” estrictamente, ya que 83% de lo que donan corresponde a dinero de los impuestos que deben pagar a la DGI.
Este es el principal motivo que ha llevado a discutir el régimen y sus beneficios en los últimos años, y han surgido detractores y defensores de esta política. En la última Rendición de Cuentas, presentada a mediados de 2016 en el Parlamento, el gobierno dio información detallada sobre los beneficiarios y las empresas que aportan, y se dispone a hacer lo mismo en el próximo proyecto de ley de rendición, que presentará antes del 30 de junio de 2017. A fines de abril de este año, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dio a los legisladores del Frente Amplio un adelanto de las cifras correspondientes a 2016, al que accedió la diaria. La bancada de la coalición de izquierda está estudiando en una comisión si es pertinente modificar la normativa vinculada a las donaciones especiales.
Si se observa la evolución de las donaciones efectivas desde 2012 a 2016, se constata que estas se triplicaron en ese período: pasaron de 113 millones de pesos en 2012 a 354 millones de pesos en 2016. Algunas instituciones se han beneficiado de un incremento constante del dinero que perciben por este concepto, mientras otras permanecen estancadas. Ejemplo del primer grupo es la Fundación Impulso, que gestiona un liceo ubicado en el barrio Casavalle; esta organización pasó de recibir 16,6 millones de pesos en 2012 a 58 millones en 2016. Otro ejemplo es el liceo Jubilar, que pasó de recibir 7,6 millones en 2012 a 16,2 en 2016, y la fundación Teletón, que duplicó los recursos que recibe por este concepto en cuatro años: pasó de 24 a 50 millones de pesos.
En cambio, los recursos que perciben por donaciones especiales algunos organismos públicos de atención a niños y adolescentes, como el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU), permanecieron estancados: las donaciones al INAU fueron de 200.000 pesos en 2012 y de 300.000 en 2016.
La información del MEF discrimina entre el monto de donación aprobado y lo que efectivamente se donó. En este sentido, llama la atención, por ejemplo, la situación del Plan Juntos. Entre 2012 y 2013, el monto aprobado con destino al plan fue de 77 millones de pesos, pero percibió efectivamente 11% de ese dinero. Entre 2014 y 2016, el monto aprobado fue de 55 millones de pesos, pero sólo recibió 0,1% de ese monto.
Por otra parte, si se observa las donaciones a instituciones de educación terciaria e investigación, se constata que las donaciones a la Universidad de la República en 2016 representaron 30,8% del total, mientras que las donaciones a universidades privadas representan 48,5%.
Dentro de la Universidad de la República (Udelar), las facultades más beneficiadas fueron la de Ciencias Económicas y Administración —que percibió prácticamente la mitad del dinero donado—, la de Arquitectura y la de Odontología.
Los amables donantes
La Rendición de Cuentas presentada el año pasado detalla quiénes fueron los donantes de cada institución en 2015. En el caso de la Administración Nacional de Educación Pública, destacan las donaciones de CUTCSA. En el caso de las facultades de la Udelar, las donaciones son principalmente de empresas vinculadas a la actividad en cuestión. Por ejemplo, a la Facultad de Agronomía donan sobre todo empresas agropecuarias, a la Facultad de Arquitectura donan empresas de pintura, iluminación y proveedores industriales. El donante casi exclusivo de la Facultad de Ciencias Económicas en 2015 fue el Banco Santander, y lo mismo sucedió con la empresa Bayer respecto de la Facultad de Química.
Mientras tanto, la fundación Impulso, presidida por Nicolás Herrera —abogado de Guyer & Regules y subsecretario de Economía del gobierno de Luis Alberto Lacalle entre 1990 y 1991— recibió donaciones de República AFAP, de supermercados Disco, de varios bancos y del propio Nicolás Herrera “y otros”, según consta en el listado incluido en la Rendición de Cuentas. La donación de “Nicolás Herrera y otros” a su propia fundación ascendió en 2015 a 8,4 millones de pesos, lo que representó 13% de las donaciones que percibió la fundación Impulso ese año.