Ediles frenteamplistas de Maldonado quieren saber en qué y cómo se gasta el dinero que administra el intendente blanco, Enrique Antía; indagar en la contratación y los ascensos sin concurso de decenas de nuevos funcionarios, y cuestionar por qué es secreto el acuerdo con la empresa armamentista israelí Elbit Systems, que instaló 1.200 cámaras de vigilancia en Maldonado. Los ediles del Frente Amplio (FA) se quejan por la “falta de transparencia” en la gestión y por los pedidos de informes no contestados; por eso, presentarán estas presuntas irregularidades a la Justicia.

Cuando el edil Joaquín Garlo (Movimiento de Participación Popular) quiso conocer los detalles del contrato con la industria israelí de tecnologías militares, la respuesta de Diego Echeverría, secretario general de la intendencia, fue que el acuerdo es de carácter reservado. La empresa israelí ya trabaja para instalar 1.200 cámaras de seguridad en varias ciudades fernandinas.

No fue la única negativa del Ejecutivo departamental ante pedidos de información que los ediles han presentado vinculados a la gestión financiera y la administración de recursos de la intendencia. La dirección de Asuntos Legales de la comuna fernandina negó información en 17 pedidos de informes sobre diversos asuntos, como contrataciones directas o el ingreso a la función pública en la intendencia. Entre febrero y marzo, los dos curules de Alianza Progresista (lista 738) realizaron las solicitudes, que no fueron contestadas. Luego, solicitaron los datos requeridos mediante la Ley de Acceso a la Información Pública (18.831) y tampoco tuvieron suerte.

En sucesivas vistas firmadas por Adriana Gariuzo, responsable del área jurídica, se negó el acceso porque “los ediles no tienen potestad de hacer ese pedido”. Gariuzo basó su decisión de no otorgar la información en el numeral 2 del artículo 292 de la Constitución, que impide a los ediles “tramitar o dirigir asuntos propios o de terceros ante el gobierno departamental”. Para Gariuzo, el pedido de acceso fue “un asunto propio ya que el edil se presentó en su calidad de ciudadano y no como edil en el cumplimiento de sus funciones”.

Pero los ediles no creen lo mismo, y por eso presentaron el caso ante la Agencia del Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y Conocimiento (AGESIC). El 18 de mayo esta oficina recomendó a la Intendencia de Maldonado responder los pedidos de acceso a la información cursados por los ediles Fermín de los Santos y Leonardo Delgado. “El derecho de acceso a la información pública es un derecho humano, por lo que no puede limitarse su ejercicio en función del cargo que desempeña el solicitante”, expresó el informe de la AGESIC y la Unidad de Acceso a la Información Pública al que accedió la diaria. El organismo también pidió a la intendencia que conteste los pedidos realizados y que lo haga en fecha.

“Cada uno de los 17 pedidos de informe se transformó en expediente. Y en cada expediente hizo un copy paste, nos contestó de la misma manera”, se lamentó Fermín de los Santos.

Los ediles frenteamplistas buscan conocer los criterios de ascenso de funcionarios de carrera que no concursaron, sino que fueron ascendidos directamente, y otros aspectos.

Aquellos no fueron los únicos pedidos de la oposición sin responder. Los ediles del FA denunciaron reiteradamente que el intendente Antía hace “uso discrecional” de los fondos públicos y de la contratación de personal. En sesión de la Junta Departamental, el edil Garlo denunció que Antía dispuso personalmente de 30% de los nuevos ingresos a la intendencia sin concurso ni oposición de méritos, y también dio la orden de disponer de 800.000 pesos durante su quinquenio para financiar cargos de confianza.

“Cuando éramos gobierno, hacíamos concurso de oposición de méritos. Había un respaldo a quien estaba en la carrera funcional y aspiraba al ascenso; era un respaldo de que iba a haber igualdad de condiciones frente a sus compañeros. Ahora es una cuestión de que el intendente pone nombre y apellido para aumentar el grado y ha seguido funcionado así”, opina De los Santos.

La Intendencia de Maldonado es una de las administraciones que tiene mayor cantidad de observaciones del Tribunal de Cuentas (TCR) y la mayoría de ellas son por contrataciones directas o por no dar publicidad a licitaciones.

Los ediles frenteamplistas también denunciaron que muchas licitaciones figuran durante un tiempo muy corto o poco antes de terminar su plazo, y que no todas las empresas pueden presentar la documentación requerida en tiempo y forma.

Entre las decenas de observaciones del TCR figura la compra directa por 18.500.000 dólares del sistema de videovigilancia que pondrá en red las esquinas de varias ciudades de Maldonado. El proyecto es monitoreado técnicamente por el Ministerio de Defensa de Israel (en convenio con los ministerios del Interior y Defensa de Uruguay). Los israelíes seguirán brindando “aportes técnicos” cuando el circuito esté pronto, informó Luis Eduardo Pereira, secretario general de la intendencia, en el llamado a sala que lograron los ediles frenteamplistas en marzo. El dirigente nacionalista también se refirió a que el contrato debe “mantenerse en secreto [...] mediando cualidades de peligro en la divulgación de esta información, unido todo a la confidencialidad de los datos que se proporcionan en la contratación”.

Estas palabras motivaron a que el edil Garlo presentara, el 8 de mayo, un pedido de acceso a la información en la Unidad de Acceso a la Información Pública. Todavía no tuvo respuesta.

“No es sólo ese gasto con Elbit Systems. A ese contrato se suman las subcontrataciones, como la empresa Sureste Construcciones SRL por 23.000.000 de pesos para construir el centro de monitoreo. También hubo un tercer contrato con una empresa de electricidad por 27.000.000 de pesos. Todos los contratos fueron observados por el TCR”, remarcó Garlo.

El edil presentará una denuncia en la Justicia para acceder a la información solicitada, según anunció a la diaria.