FA sin mayoría para derogar abuso de funciones

Integrantes de la Liga Federal Frenteamplista (LFF) y del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) plantearon ayer en la Mesa Política su posición contraria a votar la derogación del delito de abuso de funciones en la Cámara de Diputados, y propusieron, en cambio, trabajar un proyecto alternativo que mejore su redacción.

José Maldonado, representante de la LFF en la Mesa, planteó que los diputados del sector, Darío Pérez y Sergio Mier, “entienden que no es el momento oportuno de aprobar la derogación, dada la situación actual de [el ex ministro de Economía y Finanzas Fernando] Lorenzo y [el ex presidente del Banco República Fernando] Calloia”, que fueron procesados por ese delito en el marco de la causa Pluna. Además, Maldonado consideró que tampoco es momento de votar ese proyecto, ya “que el FA no tiene mayorías” en la cámara baja. El sector está de acuerdo en que el delito “no tiene una adecuación típica como el resto de los delitos”, y da “mayor margen de discrecionalidad a los jueces”, por lo que entienden que es necesaria “una nueva redacción sobre el abuso de funciones”.

“Así como está no lo vamos a votar”, afirmó el dirigente, que añadió que los legisladores están trabajando “para presentar al FA un proyecto alternativo”. El próximo sábado el Secretariado Nacional de la LFF definirá su postura sobre la derogación, así como su posición sobre la Rendición de Cuentas.

Carlos Coitiño, diputado por el PVP, explicó que consideran que el delito “es un instrumento muy válido para la sociedad, para que, en aquellos casos que una acción de gobierno requiere mayor transparencia, la ciudadanía pueda recurrir a un análisis que se encomienda al Poder Judicial, que deberá laudar si hubo daño o no por las decisiones que institucionalmente se adoptaron, fundamentalmente por los cargos de responsabilidad de gobierno”. “Quitarle a la ciudadanía la posibilidad de utilizar este instrumento, casi por razones de oportunidad, implicaría que estamos tratando de levantar un paraguas sobre hipótesis de que hemos hecho actos de gobierno de carácter grave, que han significado pérdidas para el país”, opinó.

Un documento que presentó Coitiño ayer en la Mesa Política indica que entre 2003 y 2013 de un total de 1.092 procesamientos por delitos contra la administración pública, 101 (9,2% del total) fueron por abuso de funciones, y entre los procesados se encuentran desde un ministro de Economía o un ex presidente del Banco Central hasta ex directores de OSE, “lo que indica su impacto político”. Además, puntualiza que la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, ratificada en Uruguay en 2006, recomienda a los estados legislar sobre el abuso de funciones, así como también la Junta de Transparencia y Ética Pública propuso un proyecto de modificación en ese sentido.

Coitiño contó a la diaria que el viernes 2 ya había planteado esta postura en la Mesa Política, y que también lo había hecho en la bancada de diputados, tras lo que se acordó convocar a una reunión con senadores y diputados del FA para analizar el tema. Esa instancia “no se procesó, pero igual lo votaron”, indicó el diputado. Coitiño afirmó que su postura no significa “que no lo vamos a votar”, sino que “vamos a agotar todos los esfuerzos para corregir un error político tan importante como este que consagró la bancada de senadores”. Ayer en la Mesa el diputado dijo que se reiteró “que no estamos hablando de una frivolidad, sino de algo realmente trascendente, que puede provocar heridas profundas a la credibilidad de la fuerza política”.