Existe un alto cumplimiento de las pautas de decencia en el trabajo —ingresos y condiciones de seguridad adecuados, protección social, respeto de los derechos laborales y expresión de los trabajadores en las áreas que los afectan—, según la “Consultoría para caracterización de los Empleos Verdes en el sector de las Energías Renovables en el Uruguay”, dirigida por el economista Sebastián Parrilla para la Organización Internacional del Trabajo.

Como es sabido, desde hace una década Uruguay operó grandes cambios en su matriz productiva: el país pasó de ser importador de energía a un proveedor para la región, diversificó las fuentes de su obtención y en 2016 pasó a producir 97% de la generación eléctrica con energías renovables, lo que lo coloca muy por encima del promedio mundial, que ronda el 20%. Además, se disminuyó el costo de la energía eléctrica y se controló la volatilidad de su precio.

Los sectores protagonistas de ese cambio fueron la obtención de energía con residuos de biomasa, que se practica desde hace décadas, al igual que la generación de energía hidroeléctrica, y sobre todo, los más recientes: generación de energía eólica, energía solar fotovoltaica y biocombustibles. El informe de la OIT estudia la situación en esos sectores, y tuvo en cuenta los puestos de trabajo directos, tanto permanentes como zafrales (comunes en el caso de los biocombustibles). Según el estudio, hoy hay 5.521 personas trabajando en puestos permanentes, y 1.116 con contratos zafrales que suelen renovarse anualmente. Sumados, equivalen aproximadamente a “50% de los puestos totales en el marco de las actividades de producción y distribución mayorista de energía en el país”, dice el informe, por lo que representa una porcentaje cercano a 1,1% de la mano de obra ocupada. Un fenómeno aparte es la construcción y montaje de plantas, que en promedio ha llegado a emplear a otro millar de personas durante un año.

El informe destaca la alta decencia de las condiciones laborales, en las que incide, entre otros factores, la participación de empresas públicas con convenios sindicales fuertes, como UTE y ANCAP. En este sentido, además, “se percibe que las energías más modernas como la eólica o la fotovoltaica presentan una mayor decencia en el empleo que algunos eslabones de la cadena de valor en otros sectores con mayores dificultades y sacrificio requerido al trabajador, como [...] los biocombustibles y residuos de biomasa, en ese orden”, dice el informe. Los más expuestos a los problemas de la informalidad son extranjeros: brasileños que cruzan la frontera para la zafra de la caña de azúcar.

La perspectiva de género sigue las pautas generales del sector energético, tanto a nivel nacional como internacional: poca participación de mujeres, que llega a 35% en las áreas de empresas públicas orientadas a energías renovables, pero que en el caso de la energía eólica es de 12%. En el subsector de la energía solar, sin embargo, se observa efectividad de las políticas de incentivos de género.

En cuanto a las perspectivas de empleo, el informe apunta que, dado que no habría espacio para nuevos proyectos de gran envergadura hasta 2023, ya que la oferta de energía supera a la demanda interna, y a que esta crece en menor medida que aquella, para las exportaciones “toman especial relevancia la competitividad e inserción regional lograda por las empresas del sector y la concreción de las oportunidades de colocación de los excedentes de energía en la región, como se vienen observando hacia la Argentina y, más recientemente, hacia Brasil”.