Denunciantes y denunciados cruzan versiones sobre presuntas irregularidades en adjudicaciones de obra en Rivera. Esta semana declararon jerarcas municipales en la justicia penal, pero no el intendente Marne Osorio ni el senador (y ex intendente) Tabaré Viera.

El martes pasado una denuncia penal hecha en 2015, días antes de las elecciones municipales, llevó ante tribunales al director de Obras del departamento de Rivera, Jorge Mazzoni, junto a arquitectos y funcionarios de la comuna. También fueron citados el senador colorado y ex intendente del departamento Tabaré Viera y el actual jefe municipal, Marne Osorio. Ninguno de los dos fue a declarar. Osorio estaba en Porto Alegre y Viera ocupado con sus tareas como parlamentario.

Entre los denunciados, surge el comentario repetido de que la denuncia buscaba marcar un perfil político y disputarle la intendencia a Osorio. Los denunciantes son Francisco Iriondo (vinculado al sector Vamos Uruguay y actual director de OSE por la oposición), el frenteamplista Ariel Valmagia (ex director de obras de la comuna desde julio de 1999 hasta junio de 2000) y Mario Cupparo, convencional departamental del Partido Nacional.

En junio de este año, tras 28 meses de presentado el recurso y después de varios cambios de jueces, las autoridades judiciales citaron a los denunciantes para ratificar el recurso y a los denunciados para notificarlos. Iriondo, Valmagia y Cupparo apuntaron a dos grandes maniobras. Para empezar, en las obras de “rehabilitación del autódromo municipal”, un profesional que intervino en la confección del pliego de licitación es representante de la empresa Ramón C Álvarez, la misma a la que fue finalmente licitada la obra pública. La misma persona también “representó” a Coral Safiro SA, concesionario de la Intendencia de Rivera (IR) del predio del abasto municipal de carnes.

En un pedido que se solicitó en el período pasado de la Junta Departamental del Rivera (JDR) las autoridades omitieron información sobre estas situaciones, según la denuncia a la que accedió la diaria. Los denunciantes, referentes partidarios del departamento, también adjuntaron a la denuncia otras situaciones que el edil socialista Fabián Fontoura presentó al plenario legislativo departamental en la legislatura pasada.

Además, en el escrito presentado ante la sede penal riverense, se manifiesta que la empresa Ramón C Álvarez utilizaba el abasto municipal para alojar trabajadores y depositar maquinaria aunque la licitación la ganó Coral Safiro con la garantía de Ramón C Álvarez.

El Tribunal de Cuentas de la República (TCR) hizo una auditoría en la que se desprende que hubo varios incumplimientos de Coral Safiro en su gestión del abasto y matadero municipal. Aunque el adjudicatario se atrasó en los pagos, no se le revocó la licencia para la explotación del lugar. Tampoco se le aplicaron multas, ni se le exigieron garantías especiales para el pago del canon anual entre 2010 y 2013. La empresa tampoco pagó el canon, ni hizo contrato por seguro de pérdidas. Hubo prórrogas fuera de lugar y se realizaron varias modificaciones no previstas a nivel de obra. Sin embargo, en el período estudiado por el TCR no se hicieron inversiones que estaban previstas en el abasto que tampoco consiguió las habilitaciones del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y del Instituto Nacional de Carnes. El TCR también listó varios incumplimientos en el TOCAF.

También se advirtió una serie de presuntos maquillajes en las cuentas. La relación entre la constructora y la intendencia, además de diferencias en el plan quinquenal y las obras hechas, son el corpus de la denuncia que tramita la jueza letrada de primer turno, María Sol Peraza.

Entre esas presuntas desprolijidades administrativas, los denunciantes afirmaron que, aunque en la oferta pública la firma Álvarez no ofertó en el rubro “leyes sociales” (el que estima los costos de las leyes de seguridad social en el trabajo a realizar), la IR finalmente pagó unos cuatro millones de pesos de más por ese rubro. La empresa Álvarez es una de las principales contratistas de la IR para hacer obras.

La denuncia también recoge diferencias entre los presupuestos quinquenales proyectados y lo que efectivamente se pagó o se construyó posteriormente.

El semanario Brecha informó, cuando se presentó la denuncia, que esta empresa habría financiado la campaña electoral de sectores del Partido Colorado.

Yo no fui...

El senador Tabaré Viera, citado por la Justicia, dijo que la denuncia llegó en un momento de disputa de la intendencia municipal. Y que no fue bajo su administración que sucedieron los hechos denunciados. “Todas las denuncias refieren a hechos de cuando no era intendente. Son a partir de 2009, principios de 2010. Yo renuncié a la intendencia para ser candidato a la cámara [de Senadores] en julio de 2009”, enfatizó. Sobre su falta de comparecencia a la audiencia del martes, aclaró que no pudo ir por los compromisos asumidos en la comisión que investiga la financiación de los partidos políticos. Pero informó que le van a fijar una nueva fecha.

Por su parte, Villabaldo Rodríguez, actual director de OSE y suplente de Viera durante el período 2009 a 2010, dijo a la diaria que el fundamento de la denuncia “es meramente político”. Para él, este caso es “típico de la judicialización de la política”. “Se sabe que no va a pasar nada y se le hace perder tiempo a la Justicia que, más allá de señalar alguna desprolijidad administrativa, no creo que haya formación de causa de ningún tipo”, aventuró.

Según personas cercanas al proceso y al intendente Marne Osorio, el jefe comunal declarará por escrito en los próximos días.