Una mirada rápida al tomo II del libro Batlle, los estancieros y el imperio británico, de los historiadores José Pedro Barrán y Benjamín Nahum, vuelve sorprendente la similitud discursiva de los productores y las gremiales de la época con las expresiones que se escuchan en todos los medios desde que comenzó el verano, a raíz de la proyectada movilización de los productores agropecuarios.
Eran tiempos de dicotomías similares. En los primeros 15 años del siglo XX, el “reformismo” liderado por el presidente colorado José Batlle y Ordóñez se enfrentó con fuerza, por lo menos en el plano discursivo, con la clase alta rural. Cuestionó lo que los historiadores citados denominan el “mito ruralista”. Este, “elaborado por la clase alta rural partiendo del hecho real –y eso era lo que daba fuerza a su prédica– de que la ganadería era la base de la riqueza nacional”, englobó en su defensa “a su propio grupo y a la propiedad privada de la tierra”. Los estancieros se identificaron entonces con el “ser nacional” y la tradición histórica del país, y pretendieron convertir los ataques a la clase alta rural “en absurdos económicos y crímenes de lesa patria, pues de esa clase dependía la viabilidad y continuidad de la nación”.
El reformismo buscó deconstruir este discurso elaborando otra caricatura: la del latifundista “rico a costa del trabajo social”, “retrógado”, “dormidor de siestas”, “ausentista”, “en la capital o viajando por Europa”. “A los ojos de la clase alta rural, el reformismo fue el causante de la inversión de su imagen ante la sociedad uruguaya: al hacendado constructor de un país ‘progresista’, a pesar de las múltiples guerras civiles, sucedía ahora –reformismo mediante– el hacendado rutinario, que, al producir desempleo y miseria, creaba las condiciones para la inestabilidad política. El reformismo había creado así una imagen del estanciero opuesta punto por punto a la que difundiera la Asociación Rural desde su creación, en 1871”, señalan Barrán y Nahum.
El reformismo cuestionó el orden económico y social del Novecientos, basado en el respeto a la propiedad privada, la creencia en que el progreso del país radicaba en el crecimiento hacia afuera mediante la explotación de las ventajas naturales, la creencia en que “la marcha de la sociedad sería armoniosa si el Estado no interviniera para proteger a los ‘débiles’ frente a los ‘fuertes’, ya que la ‘debilidad’ de ciertos grupos sociales sólo era una condición transitoria de sus integrantes”. “Cada uno de estos supuestos fue puesto en duda por la dirigencia política” que representaba al reformismo, cuentan los historiadores.
El combate fue más bien discursivo, contra los editoriales del diario El Día y las oratorias del presidente, los ministros y los parlamentarios. En el plano concreto, el batllismo halló muchas limitaciones para avanzar con su programa de reformas en el ámbito rural, que incluía, entre otras medidas, planes de colonización y avances tributarios. En el cuestionamiento al régimen impositivo y al aumento de la contribución inmobiliaria en 1905 se centró buena parte de los discursos contrarios al reformismo de la Asociación Rural. En esa disputa y desde antes, a partir de la creación de esa gremial, en 1871, la clase alta rural, que se arrogaba la representación de todo el sector rural, fue construyendo el núcleo de lo que Barrán y Nahum denominan “la ideología conservadora”.
En términos generales, esta ideología propugna que el medio rural es la nación, que las ideas de los gobernantes de la época son foráneas y peligrosas para el país. Promueve la defensa a ultranza de la propiedad privada y de la libertad económica, y el respeto al orden establecido. Concibe que toda reforma es legítima si proviene de “los creadores de la riqueza nacional”.
Esta ideología considera que la sociedad no se divide en débiles y fuertes o en burguesía y proletariado, sino en “clases productoras y clases parasitarias”, advierten los historiadores. Las primeras están integradas por todos los que trabajan, peones y estancieros, y la segunda por los “políticos” y los “especuladores”. Esta construcción discursiva permitía a los estancieros “hermanarse con los trabajadores, liderarlos y a la vez mostrar como enemigo común de todos al reformismo, núcleo de los políticos parasitarios”. Otra dicotomía que se construye es la de campo versus ciudad, “reforzada por la tradición histórica y cierta diferenciación económica, social y cultural entre las dos regiones del país”.
En los discursos de la Asociación Rural, se observa que la concepción de los estancieros es que el Estado debía “respaldar a los ganaderos apoyándolos en todo lo que pidieran –comunicaciones, crédito, educación técnica–, no interfiriendo en el desarrollo de la economía”. Y que la sociedad rural está constituida “por una sola clase de hombres: los trabajadores, socios todos de un negocio”. En esta empresa, los ricos debían tratar con humanidad a la peonada, “inculcándole sus valores, único camino para el ascenso social”.