El intendente de Montevideo, Daniel Martínez, informó a la diaria esta semana que la comuna está “juntando opiniones” de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, la Junta Departamental y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para buscar “una alternativa que involucre a todo el mundo y no genere el ruido” que provocó el proyecto de ley que proponía la venta de padrones de la zona del dique Mauá para que Buquebus instalara una terminal fluvio-marítima.

El anuncio motivó la reacción de la Asamblea Permanente Por la Rambla Sur, que nació hace tres meses en oposición al proyecto. Ayer el grupo difundió una carta abierta en la que hace una serie de preguntas a Daniel Martínez, entre otras, “en qué evaluaciones técnicas, ambientales, sociales y de participación basa la decisión de que la zona del predio Mauá es la más adecuada para instalar la terminal”, “cómo piensa cumplir” con las obligaciones que marcó la Institución Nacional de Derechos Humanos respecto de “evaluar impactos, hacer públicos sus resultados y generar participación en las discusiones” sobre este tema y “por qué no han sido públicos los estudios de prefactibilidad” al respecto. “Nuestra movilización logró evitar la venta, y hoy alertamos sobre los riesgos de realizar a ciegas una posible concesión que, con otra figura legal, mantendrá los mismos efectos negativos sobre el uso y la conservación de ese enclave urbano”, afirma.

La carta señala que el colectivo “lejos de pretender que ese sitio quede como está, quiere promover un espacio abierto al disfrute público, a partir de su reacondicionamiento y, en ese sentido, está construyendo un proceso de trabajo colectivo”, y enumera los criterios sobre los que se está desarrollando el proyecto. En primer lugar, que debe garantizar “la libre circulación, el acceso, el disfrute y el uso públicos, sin apropiaciones para usos privados”, que asegure la “inclusión social, intergeneracional, de género y la accesibilidad”, que sea compatible con las normativas de ordenamiento territorial, que “preserve el paisaje y el disfrute del horizonte ribereño” y que “favorezca la identidad costera de Montevideo”.