Hoy el Plenario Nacional del FA tomará postura sobre los 17 dictámenes del TCP

El Plenario Nacional del Frente Amplio (FA), compuesto por 175 integrantes –85 delegados de los sectores políticos, 85 de las bases y cinco integrantes de la presidencia del oficialismo–, pondrá hoy bajo la lupa a los dictámenes elaborados por el Tribunal de Conducta Política (TCP).

Luego de varios días de negociación entre los principales líderes de los sectores, se llegó a una posible fórmula de sanción que, si bien no es definitiva, por el momento, es la más consensuada: una inhabilitación por un año al senador Leonardo de León y al ex vicepresidente Raúl Sendic (ambos de la lista 711); cuatro meses de suspensión para el diputado Darío Pérez (Liga Federal) y la expulsión del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, informó el miércoles El País. El plenario podrá sancionarlos si cuenta con el apoyo de 4/5 de sus integrantes y, en los casos de expulsión, requerirá 9/10 de los votos de sus integrantes.

Mientras el oficialismo termina de diseñar una salida, varios dirigentes salieron a pronunciarse. El primero fue De León, que, en una carta que difundió este jueves, adelantó que tomó la decisión de “no participar” en las próximas elecciones “y, obviamente, no asumir ninguna responsabilidad política entre 2020 y 2024”. El senador entiende que la oposición quiso instalar la idea de que existió un “Lava Jato uruguayo”, con el “único objetivo” de exponerlo al “escarnio público”. También se refirió al dictamen del TCP que se hizo público estos días y se preguntó: si el TCP es un organismo “democrático, ¿no debería ver como un acto de grandeza y confianza plena en las instituciones que uno de sus miembros no se haya amparado en los fueros y se sometiera voluntariamente a la Justicia?”.

Luego, Sendic habló públicamente este jueves en un comité de base en el Cerro. Contó que se reunió con el presidente del FA, Javier Miranda, y otros dirigentes y les anunció que iba a “acatar” la decisión que se tome, pero les dijo que no le pidan “que vaya otra vez a poner la cabeza abajo de la guillotina en el Plenario”. Afirmó que no espera ninguna “sorpresa” desde el Plenario y que sea cual sea la decisión, va a seguir haciendo campaña: “Si el Plenario del sábado resuelve una inhabilitación, voy a trabajar en la campaña electoral, porque ser candidato o no es sólo una parte de la actividad política”.

El ex vicepresidente también salió al cruce con sus correligionarios, en especial, con el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori: “Escuché a Astori decir que Sendic era un problema para la campaña electoral. Le puedo decir que en el FA no todos pueden hablar de ética”, remarcó. Se refirió al caso de Matías Campiani en Pluna y de la fallida subasta de los aviones de la aerolínea, así como al caso del ex director de Casinos Municipales Juan Carlos Bengoa, quien terminó condenado con prisión: “Hay que tener cuidado cuando se habla de la ética y la corrupción”, advirtió.

Ayer, el secretario de la OEA difundió en su cuenta de Twitter una carta dirigida al TCP, en la que apuntó contra el organismo y manifestó que no se puede juzgar la ética política de una persona partiendo de la “propia falla ética del TCP”. Para Almagro, es “lamentable” que el organismo se haya pronunciado sin “hacer traslado de denuncia, ni de acusación, ni de dar vista de actuaciones o testimonios o medios de prueba y sin siquiera darle a conocer sus conclusiones”. Desde su punto de vista, su proceso ha tenido las “mismas garantías” que las de un “preso político en Venezuela o Cuba”. Almagro recoge que el estatuto del oficialismo dice que pueden ser juzgadas aquellas personas que ocupen “cargos políticos de confianza o de gobierno”. “No es mi caso, ustedes están juzgando a un funcionario de un organismo internacional que, eventualmente, es además frenteamplista. No hay interpretación posible que les permita hacerlo”.

También dijo que es “inmoral e indigno” que hicieran una selección “arbitraria” de testimonios que ha realizado y los presenten como su defensa. “Por lo que vi, se usaron de una manera equivocada pretendiendo que dieran un resultado equivocado. Todo ello no parece ni democrático, ni progresista, ni solidario, ni justo, ni respetuoso de las libertades fundamentales”.

“Definitivamente sí, nos separan principios fundamentales, donde ustedes están parados en la defensa de la dictadura venezolana y de sus violaciones de derechos humanos (torturas, asesinatos, presos políticos) y de la defensa de una dictadura arcaica, perimida y fracasada que ha despojado los derechos de su pueblo como la cubana”, afirma y concluye: “Definitivamente sí, tenemos diferencias irreconciliables en principios fundamentales de derechos humanos y democracia”.

Los principales casos

Raúl Sendic. El 9 de setiembre del año pasado, el entonces vicepresidente, Raúl Sendic, llegó a la Huella de Seregni y comunicó a los presentes que, a partir de ese día, dejaba a un lado su investidura. El anuncio tomó por sorpresa a los integrantes del Plenario Nacional, que se alistaban a tomar una postura sobre el dictamen del TCP, que analizaba el uso que Sendic le dio a las tarjetas corporativas de ANCAP mientras era presidente de la petrolera estatal. La sanción, luego de ese episodio, quedó encajonada.

En ese dictamen, el TCP evaluó que existía reglamentación sobre el uso de las tarjetas –de hecho, fue una propuesta suya– por lo que no se podía aceptar que incumpliera una norma que él dictó. Se planteaba, además, que “llaman la atención” los gastos en “numerosas” tiendas de ropas, comercios de aparatos electrónicos, freeshops, tiendas de souvenires, entre otros. Ante los integrantes del TCP, Sendic argumentó que era “absurdo” pensar que quiso enriquecerse con esas compras, ya que aseguró que eran “muy” moderadas en relación a las operaciones que hacía desde la presidencia de ANCAP. Para el tribunal, la “falta de lógica” de un comportamiento “no demuestra que no se haya incurrido en él, si los hechos indican lo contrario” y, se agrega, que desde el punto de vista ético la “cuantía de una malversación” y el grado de enriquecimiento indebido tienen importancia “relativa”.

El tribunal concluyó que el “incumplimiento reiterado” de normas de control se sostiene en el tiempo, y no es en base a un acto “irregular puntual”, sino que el escenario general de su actuación “no deja dudas de un modo de proceder inaceptable de dineros públicos”. La investidura de presidente de ANCAP y la forma en que respondió ante los “cuestionamientos de su conducta”, según el TCP, no hacen otra cosa que agravar su responsabilidad.

Leonardo De León. Si bien el fiscal de Crimen Organizado, Luis Pacheco, solicitó archivar la causa del senador bajo el argumento de que no se le podía solicitar que justificara los gastos si no existía un reglamento que lo obligara, también aclaró el 3 de mayo a la diaria que “surgen dudas” sobre algunos “gastos excesivos” por parte del senador cuando fue director de Alcoholes de Uruguay (Alur).

Desde el punto de vista del TCP, según el dictamen que trascendió la semana pasada, los “hechos políticos” analizados “comprometen seriamente la responsabilidad ética y política del compañero De León” porque se “configuran múltiples actos indebidos en perjuicio de la empresa y del interés y patrimonios públicos”.

Si bien se reconoce que Alur es una sociedad anónima regida por el derecho privado y, por tanto, se considera que sus jerarcas no son funcionarios públicos, el TCP manifestó que eso no puede “aminorar el deber ético de rigor en la preservación del patrimonio público”. En 18 casos se constatan gastos de alojamientos pagados con la tarjeta corporativa para los cuales se le habían asignado viáticos. Para el TCP, se trata de gastos “indebidamente realizados con la tarjeta corporativa” por gastos que estaban cubiertos por los viáticos. Sobre los gastos en restaurantes, de un total de 267 gastos, De León tan sólo pudo explicar 17.

También se le cuestionó que se rehusara a comparecer al TCP para dar información, con el argumento de que el “caso está debidamente cerrado”, porque el tribunal entiende que las “responsabilidades éticas y políticas” son independientes de los pronunciamientos de la Justicia.

Luis Almagro. El secretario de la OEA, Luis Almagro, planteó públicamente que estaba a favor de una intervención militar en Venezuela para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. “Ninguna circunstancia de orden interno puede justificar el quebrantamiento del principio de no intervención”, sostiene el informe del TCP. De hecho, se agrega que así también lo establece la carta de la OEA.

Se plantea que los posteriores dichos de Almagro no “justifican ni atenúan su gravedad”. Se reconoce, además, que es “inequívoca la incompatibilidad absoluta de esa postura asumida por Almagro con los principios que sustenta el FA en materia de derecho internacional y defensa del principio de no intervención como pilar indispensable del régimen interamericano”.

Como se trata del “desconocimiento” del sistema jurídico interamericano en uno “de sus pilares más inconmovibles”, el TCP manifestó que los dichos mencionados pueden “considerarse la violación más grave” de los principios del FA, más teniendo en cuenta la “altísima función que tiene a su cargo”.

El trío disidente. Cuando se discutía la Ley de Presupuesto, en 2015, al oficialismo le faltó tres votos para aprobar dos artículos: uno que buscaba la reducción de vacantes militares, y otro que promovía el pasaje de la Policía Caminera a la Guardia Republicana. Las tres manos que no acompañaron lo dispuesto por la bancada oficialista fueron las de los diputados Sergio Mier, Darío Pérez (ambos de la Liga Federal) y el fallecido Víctor Semproni (Congreso Frenteamplista).

El TCP recibió información tanto de Mier como de Pérez, y si bien Semproni acusó recibo de la convocatoria, “no se presentó” ni “mandó ningún tipo de aviso previo de su inasistencia”. En el texto enviado al TCP, Mier y Pérez sostienen que tomaron esas “dolorosas” medidas “sabiendo y haciéndonos cargo de sus consecuencias”, y agregan: “Actúen, pero no sólo con nuestra ‘rebeldía’, actúen en lo que el pueblo frenteamplista que ‘anda y arde’ en las calles desea”, por lo que el organismo sostiene que la respuesta de los diputados “confirma claramente la existencia de los hechos que configuraron la infracción”.

Como agravante, se sostiene que su voto en contra hizo que esos artículos no fueran aprobados, pero el tribunal apunta que se habría “incurrido en infracción aunque el hecho no hubiera tenido esa consecuencia” y concluye manifestando que infringieron sus deberes como legisladores del FA.

Los ediles de Salto. Los ediles salteños Lilian Filonenko, Jorge Pintos, Lucía Martínez, Gervasio Carbajal y Eduardo Godoy quedaron bajo la lupa del TCP luego de desconocer un mandato del Plenario Departamental, en una votación de la Junta Departamental de Salto a principios del año pasado. El Partido Colorado (PC) elevó a la junta un proyecto de ley para otorgar una partida mensual fija de dinero para gastos de representación a los ediles titulares y suplentes. Los votos a favor de estos ediles inclinaron la balanza en contra de lo establecido por el FA y la iniciativa se terminó aprobando. Según los argumentos vertidos al TCP, los ediles consideraron “acertadas” y “necesarias” las partidas que votaron, porque argumentaron que la partida de 15.000 pesos que reciben para los “gastos que les impone su labor en la Junta” es muy “reducida”. Sin embargo, el TCP entiende que el FA tiene “establecido un régimen de deliberación colectiva y decisión mayoritaria obligatoria”, y la adhesión al oficialismo supone el “acatamiento” de estos criterios. Tanto Filonenko como Pintos integran hoy el Partido de la Gente y Carbajal se fue al PC. En cambio, Martínez y Godoy continúan en el oficialismo.

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