El diputado nacionalista Pablo Abdala opinó que el memorándum de entendimiento que el gobierno firmó con Shell por la construcción de la planta regasificadora es “mucho peor que la Ley de Asociación de ANCAP de 2003”, propuesta por el gobierno de Jorge Batlle y que el Frente Amplio llamó a derogar mediante un referéndum. La afirmación la hizo durante el llamado a comisión general de la Comisión Permanente a la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, ayer de mañana.
El legislador aseguró que el memorándum de entendimiento firmado en setiembre del año pasado entre Gas Sayago y Shell es un “contrato” que “implicaría en los hechos una privatización de un servicio público”. “Vamos a la conformación de un monopolio privado”, advirtió, y le preguntó a Cosse qué papel jugó en la firma del memorándum la ahora presidenta de ANCAP, Marta Jara, quien fue presidenta de Shell México entre 2008 y 2012.
Abdala continuó diciendo que el memorándum se hace “llevado por el estado de necesidad” y desde “una posición de debilidad”. “Esta última oportunidad, que se llama Shell, no se puede desaprovechar, porque si no se queda sin nada”, agregó, y cuestionó “ilegalidades e ilicitudes” del proceso.
Cosse respondió que el acuerdo es “un memorándum de entendimiento y no un contrato vinculante, que sienta las bases generales bajo las cuales se desarrollarán las negociaciones hasta el 31 de marzo de 2018”, por lo que “no se promete entregar nada ni se compromete nada”. La ministra recordó que Gas Sayago inició un proceso competitivo “abierto” en 2016, en el que se invitaba a las empresas a “ofertar para tomar la capacidad de regasificación y colocarla según le parezca al privado”, y Shell “fue la única empresa que cumplió con ciertas condiciones formales valoradas como básicas”.
Explicó que el esquema planteado consiste en que Shell sea la responsable del riesgo de colocar la capacidad de regasificación –“no Gas Sayago, ni el Estado uruguayo”–. “Le hemos consultado a Shell acerca de qué más necesitan para tomar la decisión final de inversión, y cuando respondan tendremos los elementos para tomar una respuesta madura y seria”, finalizó la ministra. “La devolución no es para nada tranquilizadora”, retrucó Abdala, y cuestionó: “¿Qué más se le va a dar? Entregamos todo a cambio de nada o no sabemos bien de qué”, afirmó. La ministra respondió que “no estamos preguntando qué más necesita para dárselo”, sino que “queremos saber antes del 31 de marzo qué piensa Shell sobre la decisión final, para tener ese elemento objetivo y tomar una decisión de nuestra parte”.
Sobre el rol de Jara, Cosse dijo que es el mismo que el del presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, ya que UTE y ANCAP son socios de Gas Sayago (UTE de 80% y ANCAP de 20%). La secretaria de Estado también recordó que la construcción de una planta regasificadora figura en el acuerdo multipartidario firmado por todos los partidos políticos en 2010.