El juez Humberto Álvarez determinó ayer la libertad del presunto autor de la amenaza contra el fiscal de Corte Jorge Díaz en noviembre, después de que sus abogados defensores, Gustavo Salle y Enrique Viana, interpusieran un recurso de inconstitucionalidad contra el Código del Proceso Penal (CPP), que debe ser analizado por la Suprema Corte de Justicia (SCJ). El sospechoso es el abogado Juan José Ayala, sobre quien se mantuvieron procedimientos de vigilancia electrónica y escuchas telefónicas después de que el sábado 18 de noviembre, de noche, llamara al edificio de la Fiscalía General de la Nación y dijera: “Somos el comando de la restauración nacional, dígale a Jorge Díaz que va a morir en la calle”.

Ayer Subrayado divulgó parte de las conversaciones telefónicas grabadas a Ayala, quien es, según manifestó Jorge Díaz, ex policía. En una de ellas advierte que tiene escondido un revólver: “Estoy escondiendo el revólver, el 32 nuevo que tengo... Cuando yo amenacé a Díaz, tú sabías de eso, ¿no? Dije que era un comando y se cagaron. Yo me temí que me hicieran un allanamiento así que me podían joder, guardé tanto el 32 nuevo que no lo encuentro”, dice. En otra de las conversaciones, con una mujer, Ayala dice: “Además de la depresión y eso, tengo una fobia contra el fiscal de Corte Díaz [...] un odio profundo se me generó”. Y en otro de los fragmentos el abogado asegura que “los masones se apoderaron” de la justicia penal: “Es masón el presidente de la Corte y el fiscal de Corte [...] Lo amenazaron, lástima que no lo mataron, porque es un paria. Es un pichi de mierda que cambió un código en el cual ahora los que están pesados están años y los que están livianos se van libres, para acomodar gente”.

Viana dijo a la diaria que Ayala le aseguró que “no hizo ningún tipo de amenaza”, pero el sospechoso no pudo declarar ante el juez. En la audiencia de ayer, la fiscal Mónica Ferrero solicitó la formalización del juicio por delito de amenazas y tenencia de armas, y le pidió al juez que tome como medida cautelar la prisión preventiva de Ayala por 90 días. El jueves, además de detener a Ayala, se dispuso un allanamiento en su casa, donde se encontraron dos armas sin registrar y con el número de serie tachado. Al turno de la defensa, Viana y Salle presentaron el recurso de inconstitucionalidad, que obligó al juez a suspender el proceso, elevar la acción de inconstitucionalidad a la SCJ y determinar la libertad del detenido.

Sobre las escuchas difundidas ayer, Viana dijo que no las iba a comentar porque es “irregular” su difusión en medios de comunicación cuando “el juez no ha escuchado estas pruebas”, y opinó que es “lamentable que hayan sido divulgadas, tiendo a pensar que por la fiscalía”.

Nuevos órdenes mundiales

En el escrito, los abogados recurren a varios artículos de las leyes 19.334 y 19.483, que crean y regulan el funcionamiento de la Fiscalía General de la Nación, y cerca de 40 artículos del nuevo CPP, en el entendido de que con esas tres normas “se monta una verdadera ingeniería jurídica que conculca sistemáticamente” 18 artículos de la Constitución de la República. En el escrito de 70 páginas los abogados afirman que “a los jueces se les usurpó el poder de instruir los crímenes. Se les prohíbe investigar los hechos presuntamente delictivos, disponer de oficio prueba a su respecto, dirigir la indagatoria y averiguar la verdad material”; que se creó una agencia gubernamental “al mando de un solo director supremo”, en referencia a la Fiscalía General de la Nación y el fiscal de Corte, y que “este director supremo a través de dicha agencia, en definitiva, decide quién va preso y quién no”. Además, señalan que los fiscales están “sometidos a instrucciones y directivas de un fiscal general o director supremo, en un régimen de unidad y jerarquía, disciplinado, vertical y proselitista”. Por último, señalan que al fiscal de Corte se lo “armó” “con la prerrogativa discrecional de eliminar el juicio criminal, privatizar el Derecho Penal (tornarlo negociable, mercantilizarlo) y a través de pactos o acuerdos extorsivos. Junto a ello, se establece la facultad de que se pueda decretar la prisión preventiva de un indagado sin la previa realización ante el juez de la prueba de la semiplena prueba de la comisión de un delito”, y “se derogaron los institutos objetivos de la libertad condicional y de la suspensión condicional de la pena”; se establece así, concluye el escrito, “un proceso penal comisarial, administrativo, discrecional, clasista, perverso e inmoral”.

A la vez, los abogados piden la recusación de los integrantes de la SCJ y también del fiscal de Corte al analizar este recurso, ya que tanto la SCJ como Díaz, consideran, “ha venido ponderando la instauración del CPP”, lo que, a su juicio, “ofende la imparcialidad jurídicamente exigible” para analizar el caso.

Al salir de la audiencia de ayer, Salle aseguró que se iba “con una enorme satisfacción de luchar por la Constitución de la República, luchar contra un código foráneo, un código que es fruto de la imposición imperial, un código que nos afecta en nuestro sentir nacional”. En tanto, el abogado Jorge Barrera, que representa a Díaz en el caso, advirtió que el único efecto que tiene la presentación del recurso de inconstitucionalidad “es un efecto dilatorio”. “Vinimos a la audiencia sabiendo qué iba a pasar. Aquí se habló mucho del Código, la política, los nuevos órdenes mundiales, las directrices. Se habló mucho de política, pero en un juzgado de lo que se tiene que hablar es de la comisión de delitos y de identificación o no de responsables”, aseguró.

“Cartón ligador”

Ayer Jorge Díaz comentó, en entrevista con Subrayado, que “no es agradable estar de cartón ligador”, en referencia a la otra amenaza que recibió en 2017, de parte del Comando Barneix. Aseguró que la liberación del sospechoso ayer le genera una “sensación de desazón y preocupación”, ya que “hay una admisión de estos hechos en una comunicación telefónica” y porque “es un ex policía que usa armas, que tiene armas, que por lo que me dicen anda siempre armado”. Estimó que el motivo de las amenazas debe ser “un deseo de que me saquen del cargo, y segundo que el CPP retroceda”, y opinó que la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra el CPP “es una maniobra dilatoria que han usado, por ejemplo, las defensas de acusados de violaciones a los derechos humanos. Ahí hay un patrón”. Díaz mencionó que en otros países donde se reformaron los sistemas penales “ha habido resistencias”. “El sector de los operadores judiciales somos un poco conservadores”, comentó, y dijo que sabe de marchas o paros en otros países, “pero este tipo de cosas francamente no las esperábamos”. Consideró que el nuevo CPP es “un salto cualitativo muy importante” y que, ante estos hechos, “lo que tenemos que hacer es reafirmar el compromiso”. El fiscal de Corte comentó que recibió el apoyo del presidente Tabaré Vázquez y de “prácticamente todas las autoridades del país y de todos los partidos”.