La semana pasada, una semana antes de que el juez Marcos Seijas tomara una resolución sobre las denuncias contra la abogada Michelle Suárez, la comisión de control del Partido Comunista de Uruguay (PCU) entregó en un sobre cerrado al Comité Central del partido su informe sobre la actuación de la ex senadora comunista. El sobre se abrirá cuando se reúna el comité, el primer fin de semana de junio, y no ha trascendido qué acción sugiere tomar el organismo.

No obstante, si bien el abanico de posibilidades va desde el archivo de la denuncia, el apercibimiento, la suspensión de los derechos partidarios por determinado tiempo hasta la expulsión, es difícil que la sanción no sea de las más graves. Cuando se conocieron las pericias caligráficas que determinaron que Suárez había falsificado una firma en el marco de un proceso judicial, en diciembre, el PCU le pidió la renuncia a la banca que ocupaba en el Senado, porque, según aseguró el secretario general del partido, Juan Castillo, “no era una conducta política que debe tener un comunista”.

El jueves, el PCU recibió con dolor el fallo del juez Seijas, de Atlántida, que dictó prisión domiciliaria para la abogada por cuatro delitos de falsificación de firmas, un delito de estafa y otros de falsificación de documento privado. “Es un escenario no querido, a nadie le hace gracia tener que salir a dar la cara sobre un error de este tamaño”, comentó ayer Castillo en diálogo con la diaria, y reiteró que en primer lugar desde el partido “elevamos nuestro pedido de disculpas a los implicados inocentes, por las responsabilidades indirectas que tenemos”. Consideró que, si bien en la vida de los partidos políticos “no guardamos una vigilancia de cada hombre y cada mujer, no titubeamos ni andamos con rodeos a la hora de asumir responsabilidades, que las asumimos, no como otros partidos que están con problemas en su moralidad y están dando vueltas sobre quién decide, qué hace o si lo tapan”. El secretario general del PCU aseguró que esto es “un doloroso golpe” y, con miras al futuro, consideró que queda “el aprendizaje de tomar nota sobre quiénes van a estar en lugares de representatividad de los comunistas. Es una enseñanza muy cara, pero es un problema que asumimos en primera persona los integrantes de la dirección del partido”.

En relación al origen de Suárez en la militancia LGTB, Castillo consideró que son “sectores muy castigados eternamente, que encontraron un respaldo político, una brecha en defensa de sus derechos, y habían depositado mucha confianza en algunos de sus líderes y dirigentes, y esto también los golpea”. Pero advirtió que se debe asumir “que los seres humanos podemos caer en errores, en desvíos, pero no tiene nada que ver la organización”.

Ayer, en tanto, el Colegio de Abogados del Uruguay emitió una “fuerte condena y rechazo” a la conducta de Suárez. Tales actitudes, señalan, “dañan no sólo a los derechos de los justiciables comprendidos –con quienes nos solidarizamos– sino que por su trascendencia afectan seriamente la dignidad del ejercicio de nuestra profesión”.