Ayer, viernes, en la Torre Ejecutiva, integrantes del Comité Consultivo del Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC) hicieron un balance del primer año de trabajo. La regulación laboral de los cuidadores, la elaboración de un código de ética, el seguimiento de los servicios y la realización de una rendición de cuentas son los desafíos para los meses venideros. La ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, y el secretario nacional de Cuidados, Julio Bango, también estuvieron en esa mesa.

El SNIC tiene un comité asesor honorario, que está integrado por delegados de diversas organizaciones. Bango valoró el carácter heterogéneo y dijo que “cualquier política que se realiza, y más como la del Sistema de Cuidados, no es duradera si no está en acción con los diferentes sectores”. “Más allá de las lógicas diferencias que puede haber entre los distintos sectores, lo importante es tener una sintonía sobre la relevancia de lo que Uruguay está haciendo en la región, que es implementar un sistema que atienda a los niños y a las personas con discapacidad”. “Esa es la estrategia, y esperamos tener un año muy intenso y fermental”, alentó.

Clara Fassler, en representación de las organizaciones civiles, destacó “la experiencia novedosa, que ha permitido que actores de diferentes lugares aúnen ideas, prioricen problemas y aporten soluciones para enfrentarlos”. Fassler manifestó “alegría” ya que “hemos peleado” para que ese comité “incidiera en la elaboración y construcción de la política”. Resaltó que el comité consultivo “es un espacio de acción”, que debe “mantener autonomía frente al Estado, para aportar una mirada crítica y de colaboración”. “No queremos ser furgón de cola de una política pública, sino ser interlocutor válido para tener incidencia”, advirtió.

Fassler dijo que el Estado debe establecer “una clara rectoría sobre el mercado” en la aplicación de las políticas de cuidados, lo cual “garantizará la calidad del servicio”. Asimismo, señaló que esa política “debe acompasarse con un cambio cultural que implique la corresponsabilidad entre hombres y mujeres, para lo que es imprescindible que las tareas de cuidados se dignifiquen y se reconozcan, y sean remuneradas de acuerdo a la calidad del servicio que ofrecen”.

Por su parte, Milton Castellano, que habló en representación del PIT-CNT, recordó que hace “pocos años nadie hablaba de cuidados”, porque “era una tarea invisible de la casa”. “Ahora es un tema trascendente y lo incorporamos como un tema medular”, agregó. El representante de la central sindical dijo que los cuidados históricamente fueron desarrollados por las mujeres, “lo cual se transforma en un problema de género”. “Es un tema que el movimiento sindical quiere que forme parte de la negociación colectiva”, porque “no es menor, porque son miles de compañeros que van a realizar esa actividad”.

Claudia Becerra, delegada de los prestadores privados de salud y de la Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay (FCPU), también destacó que “la agenda de derechos es parte de la vida de nuestro país” y “mejorarla, basados en una participación real, es nuestro desafío”. Agregó que el movimiento cooperativo comparte los valores que impulsan las políticas de cuidados.

No obstante, señaló que la actual reglamentación “no está pensada para las cooperativas”, porque los contratos se firman entre los usuarios y los cuidadores en forma directa.

Finalmente, la delegada de la Universidad de la República, Karina Batthyány, dijo que el conocimiento “es fundamental para la implementación de políticas públicas”. “La academia estuvo en el origen de la política pública de cuidados” con aportes que “sirvieron para las argumentaciones que hoy están hablando de esta política pública”. Sostuvo que “la experiencia uruguaya se analiza en otros países”, y “uno de los factores diferenciales es el diálogo entre la sociedad civil, la academia y los hacedores de las políticas”. “Hemos avanzado muchísimo, pero falta mucho más por recorrer”, concluyó.