Tras siete meses de debate, la Unidad Temática Programática de Educación del Frente Amplio (FA) presentó esta semana sus informes finales a la Comisión Nacional de Programa del FA, con el pedido central de que la educación sea prioridad del programa de gobierno de la fuerza política. Además de reconocer la importancia que tiene la educación para los movimientos sociales, la presentación de los documentos menciona que “otros colectivos políticos (y algunos que los son, pero se escudan en otras nomenclaturas) han identificado la centralidad de la temática y han trabajado en diversas propuestas sin dudas, pero también buscando contrarrestar los avances, propuestas y cambios que los gobiernos frenteamplistas han desarrollado”.
El informe plantea como un aspecto conceptual seguir aumentando la inversión en educación “sobre la base del 6% del PIB, más el 1% para investigación”, y si bien reconoce el aumento que ha tenido en los últimos años el presupuesto educativo, afirma que como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) “sigue estando por debajo del promedio de América Latina, al igual que la inversión por estudiante” (la inversión anual por alumno en la Administración Nacional de Educación Pública [ANEP] es de 2.546 dólares, mientras que el promedio en colegios privados es de 4.685 dólares y en los países de la OCDE 9.029, señala). El documento considera que la variable más adecuada para medir el presupuesto educativo es la de inversión por estudiante, ya que no está sujeta al PIB y no se ve afectada por sus cambios. El informe también señala que los docentes ganan “entre 56% y 60% del salario promedio de los demás trabajadores con similar nivel educativo, lo que incide en la baja opción de los jóvenes hacia las carreras docentes”.
La Unidad Temática también propone “revisar la legislación nacional que habilita la inversión pública en instituciones educativas de gestión privada –creciente en los últimos años–, que se agrega a las exoneraciones tributarias vigentes por disposición constitucional”, en el sentido de que “resulta central al momento de financiar las condiciones materiales básicas” de la educación pública estatal. El documento también afirma que se debe impulsar una “política educativa inclusiva”, enfatizando “que no se puede construir condiciones para la misma desde una concepción cultural educativa de corte elitista y selectiva”.
Compromisos, debes y propuestas
Uno de los nueve subgrupos de la Unidad Temática fue sobre primera infancia, y en el documento se asegura que es necesario ampliar la cobertura de instituciones para esta etapa “para que los niños tengan la atención que necesitan y los educadores las condiciones de trabajo adecuadas”. El texto afirma que en primera infancia “existe un presupuesto invisibilizado, por lo tanto es necesario destinar un presupuesto específico para atención integral”. Otro de los subgrupos fue sobre educación no formal, que plantea que en el marco de un Plan Nacional de Educación se debe fortalecer una política específica, con institucionalidad propia de acuerdo a la Ley General de Educación.
Sobre el Plan Nacional de Educación, el documento menciona el“compromiso público” de las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura de formular un plan que oriente las diferentes propuestas de educación pública “teniendo en cuenta las conclusiones del tercer Congreso de Educación”. El plan establecerá metas e indicadores claros desde una perspectiva cualicuantitativa.
Sobre los docentes, el documento reivindica la aprobación de la Universidad de Educación, autónoma y cogobernada, como forma de “revalorizar” la función docente, y asegura: “La resolución de los problemas de la educación no descansa, centralmente, en la ampliación de márgenes de autonomía a los centros educativos, sino en la ampliación del margen de autonomía profesional de los educadores”.
El documento presenta en detalle los avances de los gobiernos del FA en educación, pero también menciona algunos debes. El subgrupo de educación obligatoria asegura en su documento: “No se genera en el país una reflexión respecto a los cambios curriculares, pedagógicos y materiales que estas decisiones exigen [la obligatoriedad de la educación]. Continúa consolidada una concepción orientada a la preparación para la Universidad, selectiva y de espaldas a la creciente transformación tecnológica”. También menciona una “gran preocupación” por indicadores que señalan que a los 13 años 29% de los adolescentes que cursan educación formal lo hacen con rezago, que la repetición en educación media básica es 25,3% o que el egreso de educación media superior sea sólo de 40% en los jóvenes de 19 a 21 años. “El desafío entonces es impulsar un proceso de innovación hacia un profundo cambio cultural y pedagógico asumido y generado por la comunidad profesional docente de cada Centro Educativo, apoyado por el gobierno de la ANEP, desarrollando prácticas que contribuyan a superar modelos educativos que en la realidad actual pretenden homogeneizar la diversidad y reproducen lógicas educativas selectivas que dan luego paso a más posibilidades de repetición y/o expulsión”, afirma.
Sobre la repetición, el documento de síntesis de la Unidad Temática señala que se deben tener presentes “los diferentes tiempos y modalidades en los aprendizajes de los estudiantes, sea cual sea su edad”, por lo que desde esta perspectiva “hablar de repetición carece de sentido. El FA no dirime acerca de repetición. Defiende un cambio de mirada, que nos permita a educadores, familias, instituciones y la sociedad toda comprender, respetar y defender los tiempos y modalidades de los aprendizajes”.
Entre otros debes, considera que falta avanzar en la implementación de la ley de educación militar y policial: “Aunque esta es una larga tarea, aún no se advierten cambios significativos, por lo que nos desafía con urgencia encontrar dónde están los obstáculos para superarlos”. También agrega como “indispensable implementar efectivamente el Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos aprobado en agosto 2017”, lo que “requiere para ello su respaldo presupuestal”.
Como propuestas, la Unidad Temática del FA plantea afianzar el proceso de descentralización “asumiendo el acompañamiento al estudiante en su trayectoria educativa”, avanzar en los Centros Educativos Asociados entre diferentes subsistemas de ANEP y fortalecer el Consejo Nacional de Políticas Sociales para coordinar la planificación y ejecución de las políticas sociales a nivel territorial. En este sentido, también se enfatiza como “imprescindible” la detección temprana de dificultades que afecten el aprendizaje, para lo cual es necesario “contar con una red interinstitucional eficiente”. El documento asegura que se debe proteger y acompañar las trayectorias de los estudiantes, en particular la de los estudiantes LGTB, con discapacidad, inmigrantes y afrodescendientes.