Con una pila de hojas bajo el brazo, en febrero de este año, el senador nacionalista Jorge Larrañaga subió las escaleras del Honorable Directorio del Partido Nacional (PN) para presentar la “Agenda para el progreso”, un documento programático que apunta a ser acordado con los otros partidos de la oposición.

Se conformaron distintas comisiones técnicas, integradas por representantes de los distintos sectores del PN, para trabajar sobre los ejes planteados por el senador nacionalista. Según explicó a la diaria el diputado Pablo Abdala (Alianza Nacional), se elaboró un documento final, con las coincidencias entre los sectores, respecto de cada uno de los “rubros importantes para la vida del país”, como salud, educación, seguridad y economía, entre otros.

El próximo lunes el directorio analizará el documento y deberá delinear cómo continuar el proceso de discusión, así como también deberá zanjar las diferencias sobre algunos de los puntos en los cuales no se logró acercar las posiciones. Abdala explicó que la idea de Larrañaga no fue sólo presentar un documento, sino iniciar un proceso de diálogo con los otros líderes de la oposición para poder “detectar coincidencias en cuanto a las respuestas que el sistema político debe dar a los distintos asuntos del país”.

En materia de políticas sociales, el ex consejero del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de la Educación Pública, Daniel Corbo, estuvo trabajando en la redacción del documento y adelantó que se propone “dar forma a un sistema de protección social” y proponer una visión diferente. En particular, se objeta que el esfuerzo en materia social durante los gobiernos frenteamplistas se basó en la transferencia de ingresos y no en la “dinamización de activos de las personas”, es decir, brindar las condiciones para que puedan capacitarse y desarrollarse en su trabajo. En su opinión, las transferencias de ingresos es lógica en determinados momentos de emergencia y durante un tiempo, pero no puede “eternizarse, porque genera ‘pasividad ciudadana y clientelismo’”. En concreto, proponen tender “puentes” para aquellos jóvenes que ni estudian ni trabajan puedan “encaminarse en el sistema”.

En lo referente a la educación, explicó que todos coincidieron “en que había que fortalecer la conducción representativa republicana del sistema”. En otras palabras, se propone que las autoridades de la enseñanza sean elegidas por el voto de la ciudadanía y que existan representantes de todos los partidos políticos. La idea apunta a que “ningún partido se arrogue la monopolización de la conducción educativa”, y agregó que “si la educación debe representarnos a todos, no puede ser que medio país esté por fuera de la conducción”.

Otra de las propuestas apunta a eliminar la elección anual de horas docentes en secundaria y en la Universidad del Trabajo del Uruguay, y que pasen a ser “cargos” que se mantengan por un período de tres años. “De esta manera, el docente no tiene estabilidad sobre cuál va a ser su futuro, no puede proyectarse con compromiso”. La propuesta busca “pasar de horas de clase a cargos y que esos cargos tengan un porcentaje de horas de clase, otro porcentaje destinado a la coordinación con otros profesores y un tercer espacio al apoyo de los estudiantes y familias”.

Por otro lado, se busca que las Asambleas Técnico-Docentes “tengan un plano técnico”. Según Corbo, muchas veces “se confunde el plano sindical, los intereses de la corporación docente, con el plano técnico”.

En materia de seguridad, fuentes del PN señalaron que hubo acuerdo en ejes centrales, salvo en la creación de una Guardia Nacional integrada con efectivos militares. Los ejes en los que hubo acuerdo fue en el “rol activo en combate de la delincuencia, haciendo el mejor uso de los recursos humanos”. Asimismo, en el “combate frontal al narcotráfico” y en la “recuperación de los territorios en manos del narcotráfico”. Sobre el cumplimiento de las penas en los casos de delitos graves, se acordó proponer la eliminación de la libertad anticipada. En cuanto al sistema penitenciario, buscarán una “gestión penitenciaria eficaz” con “políticas de inclusión social”.