La Dirección General Impositiva (DGI) firmó en julio, por medio de su titular, Joaquín Serra, una resolución que declara a Rodrigo Blas “responsable solidaria e ilimitadamente por el Irae e impuesto al patrimonio, por su actuar doloso en el ejercicio de su función; y personalmente por las acciones de mora contravención” por un cifra cercana a los 58 millones de pesos, aproximadamente 1,9 millones de dólares.

Según informó ayer el semanario Brecha, el caso no es nuevo –está en la órbita de la Justicia penal de crimen organizado desde el año 2014–, pero según aseguraron fuentes judiciales al medio, es inminente el reinicio de las actuaciones a cargo de la sede especializada de segundo turno. Blas, presidente del Partido Nacional en Maldonado, es un hombre de confianza del líder partidario Luis Lacalle Pou y también del intendente Enrique Antía, y montó por medio de su inmobiliaria, Blas Propiedades, un entramado para evadir parte de los impuestos correspondientes a la venta de los terrenos de la empresa Javipark SA, de la que Blas figura como apoderado.

En la maniobra también están implicados, además, tres escribanos que trabajan para Blas, uno de ellos José Luis Robatto, quien fue miembro de la Junta Anticorrupción durante el gobierno de Jorge Batlle.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por la DGI, Javipark SA utilizó la inmobiliaria de Blas para vender inmuebles. Primero se emitía un boleto de reserva en el que figuraba el precio verdadero pactado entre las partes y por el que el comprador abonaba una seña; el día del otorgamiento de la escritura de compraventa se integraba parte del precio, hasta completar aproximadamente 40%; el saldo del 60% restante que quedaba a pagar en cuotas era el que figuraba como precio en la escritura. “De esta manera, el ingreso o renta bruta consignado documentalmente era significativamente menor al realmente devengado y, por ende, también eran considerablemente menores las obligaciones impositivas asociadas a dicha renta”, resume la resolución de la DGI.

Independientemente de la resolución judicial, la resolución administrativa de la DGI es recurrible ante el propio organismo (si se llegara a esa instancia la decisión final recaería sobre el Ministerio de Economía y Finanzas) y también ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.