El escenario que los reunió fue el Congreso Nacional de Ediles del Partido Nacional (PN), que sesionó ayer en Durazno. Estaban todos los precandidatos invitados, pero Verónica Alonso no pudo concurrir por una cuestión de salud y Juan Andrés Ramírez declinó la invitación por haberse bajado de la candidatura. Cada uno de los precandidatos –Jorge Larrañaga, de Alianza Nacional; Luis Lacalle Pou, de Todos; Enrique Antía, de Mejor País, y Carlos Iafigliola, de Movimiento Adelante– tuvo 20 minutos para presentar sus énfasis programáticos, y luego respondieron preguntas de los legisladores locales. En dos temas manifestaron coincidencias: todos dijeron estar en contra de la negociación que hizo el Poder Ejecutivo por la instalación de la segunda planta de celulosa de UPM, en Durazno, y también dijeron estar en contra del proyecto de ley que modifica la cantidad de municipios en el país y la cantidad de ediles departamentales.

El Poder Ejecutivo propuso que la cantidad de integrantes de las juntas departamentales se ajuste a razón de un miembro por cada 5.000 ciudadanos en el departamento, y que haya municipios en todas las localidades de más de 1.000 habitantes. “No conozco la redacción, pero no la comparto. Hacer una reestructura del organigrama del gobierno en dos niveles me parece el lujo de la miseria”, afirmó Luis Lacalle Pou, provocando el aplauso cerrado de los ediles. Tampoco Larrañaga conocía el proyecto, pero adelantó que no lo comparte, aunque aclaró que está de acuerdo con el tercer nivel de gobierno, “una gran ayuda para los gobiernos departamentales”. Además, consideró que el proyecto de ley sería inconstitucional “porque el número de ediles no puede ser modificado por ley”. Antía descartó que sea momento de discutir el proyecto y la misma postura manifestó Iafigliola.

También estuvieron de acuerdo en que el gobierno “negoció muy mal” el contrato con UPM, y tanto Lacalle Pou como Larrañaga afirmaron que en caso de que el PN gane las elecciones buscará renegociar el acuerdo si es que se firma. “Desde mi punto de vista, la empresa tenía condiciones objetivas para instalarse”, aseguró Lacalle Pou, que enumeró: la empresa ya tiene una planta en Uruguay, tiene una zona franca por la institucionalidad del país “que se la deben a todos los gobiernos”, y porque “ya tiene los árboles”. Opinó que, aunque está de acuerdo en que se instale la inversión, también “queremos darles los menores beneficios posibles”. El líder de Alianza aseguró que si bien por el acuerdo la contrapartida nacional sería de 800 millones de dólares, por la aplicación de los proyectos de participación público-privada van a ser 2.000 millones. Afirmó que aunque es positivo que “se atraiga inversión a un área deprimida del país”, se debe atender “la situación del río Negro, que presenta contaminación hoy”.

En las exposiciones, todos los candidatos mencionaron la seguridad como un punto prioritario de sus plataformas, pero mientras Larrañaga destacó su propuesta de reforma constitucional para, entre otros puntos, permitir que los militares cumplan funciones de seguridad bajo el mando del Ministerio del Interior, Lacalle Pou enfatizó que la responsabilidad por la situación de la seguridad recae en que “el presidente no ejerce la autoridad y el ministro no conoce ni respalda a la Policía”.