El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García, uno de los encargados de coordinar el proceso de transición, entiende que el intercambio con el gobierno electo tiene que darse de la “mejor manera”, pero considera que “no es bueno” que la futura ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, afirme que “hay falta de información” cuando “realmente no la hubo”.
Para él, el Frente Amplio (FA) tiene que enfocarse en las elecciones departamentales y trabajar para darle participación a “la ebullición de la gente” que se movilizó en el tramo final de la campaña. A nivel capitalino, nota que hay “diversas posibilidades”, pero considera que la decisión que tome Daniel Martínez será fundamental. “Una cosa es si Daniel Martínez dice, como está dando señales en las últimas horas, que va a ir adelante, y otra es si dice que no”.
Luego de la reunión bilateral del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Azucena Arbeleche dijo que pidió información adicional para conocer por qué se resolvió “no corregir las tarifas públicas de acuerdo a los costos”. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno durante la reunión?
Las tarifas no siempre aumentaron todas, hay algunas que se mantienen incambiadas. Por ejemplo, la del gasoil está incambiada desde el 3 de enero de 2018. En este proceso de transición, el gobierno electo inmediatamente hizo de esto un tema relevante. Al día siguiente de que se reunió el presidente con el presidente electo nos pidieron una reunión y se la dimos. Ahí recibimos algunos planteamientos que respondimos, conjuntamente con el MEF, el viernes. Incluso lo hicimos antes de entregar toda la información de los ministerios. Nos habían solicitado los flujos de fondos de las empresas, las proyecciones al 31 de diciembre de 2020, y les explicamos que, claramente, no es posible para nosotros hacerlo, porque las proyecciones de las empresas dependen de cuánto entiendas que va a aumentar el Producto Interno Bruto, el precio del dólar, la inflación, el precio del petróleo, la política salarial, la política de inversiones. Todo eso depende del gobierno electo, por lo tanto las proyecciones –que fueron completas– se las dimos al 29 de febrero y les explicamos que no podíamos ir más allá, porque todos esos datos nosotros no los conocemos de antemano y sería un atrevimiento que el gobierno saliente entre a hacer cálculos con estimaciones del gobierno entrante. Estoy sorprendido porque se planteó que había falta de información cuando lo que se hizo ayer, en boca de Isaac Alfie, que me pareció bien razonable, fue solicitar el dato de disponibilidades, es decir, la caja, que no lo habían pedido inicialmente. Obviamente les vamos a dar la proyección al 29 de febrero para que sepan con cuánta caja van a quedar las empresas.
Arbeleche planteó que le preocupa la situación de caja de las empresas públicas.
No se entiende que le preocupe la situación de caja cuando pidieron la información el jueves. Se le va a dar esa información en los próximos días. No hay problemas con la situación de las empresas públicas. Las empresas públicas están saneadas, funcionando bien, y no hay de qué preocuparse.
¿Creés que estos cuestionamientos son una muestra de “mala fe o ignorancia”, como dijo el ministro Danilo Astori a Búsqueda?
No, yo no los califico. Es más, creo que estamos en un momento diferente, que un momento fue la campaña electoral y que este es un momento de transición. Me parece que todos tenemos que hacer el máximo esfuerzo para reconocer que hay un gobierno electo que va a gobernar durante cinco años, que tenemos que recorrer este proceso de transición de la mejor manera, porque es lo mejor para la gente. Entonces, me parece que tampoco es bueno o deseable que se plantee, de parte del gobierno electo o de la ministra de Economía electa, que hay falta de información, cuando realmente no la hubo.
En las reuniones de transición, ¿el gobierno electo manifestó la intención de no subir sueldos públicos?
Además del tema de las tarifas o de la solicitud de las proyecciones, hubo una solicitud de información referida al Imesi, otra al ajuste de la Base de Prestaciones y Contribuciones, y otra al ajuste de los salarios públicos. La respuesta a esta pregunta fue que hay un convenio colectivo vigente, por lo tanto, la pregunta no tiene mucho sentido desde nuestro punto de vista como gobierno. El convenio colectivo vigente hay que cumplirlo. Es una pregunta que para nosotros sobraba, porque no cabían dos posibilidades.
Astori dijo esta semana que la ley de flexibilización de condiciones de acceso a las jubilaciones fue a contrapelo de la transformación que necesitaba Uruguay en seguridad social. ¿Coincidís?
En los últimos 16 años, en Uruguay hubo ajuste sobre la inflación en todas las pasividades. Eso contribuye a la justicia y a un mayor bienestar de la gente y de los adultos mayores. Toda sociedad debe tener la responsabilidad de elegir hasta dónde avanza y evitar pasar por una situación en la que haya que retroceder o perder derechos. Acá hay una tema conceptual bien profundo y de izquierda. Creo que estamos en un momento en el que, sin pérdida de derechos, hay que encarar una mirada de la previsión social a largo plazo. De hecho, en la OPP ya sabemos que vamos a tener un porcentaje mucho mayor de adultos mayores a futuro. Si con ese dato arriba de la mesa no se encara acciones a tiempo, las soluciones siempre van a ser peores. Es necesario encarar una reforma de previsión social en este período de gobierno, no sólo del Banco de Previsión Social sino del resto de las cajas. Acá tenemos el antecedente inmediato de la Caja Militar, pero el presidente electo ha dicho que no existe déficit. Me gustaría saber la opinión del equipo económico. Uno de cada cuatro pesos de lo que recauda el Estado va a cubrir el déficit de la previsión social. Creo que lo de Astori venía por ese lado: es un tema de Estado. Muchas veces, en el juego político existe algún grado de demagogia que implica no encarar este tipo de temas con la responsabilidad que corresponde.
¿Cómo pensás que tendría que abordar la reforma el gobierno electo?
El gobierno electo tiene que convocar a un gran diálogo nacional, con técnicos de todos los partidos. Se debería arrancar rápidamente por un gran diagnóstico y después presentar una propuesta. Tiene que ser sin pérdida de derechos, pero con la certidumbre de poder cumplir con ellos. Volviendo a eso de que es un tema de izquierda, tenemos varios ejemplos en la región en los que aparentemente en el discurso y en las acciones se iba más adelante y después se produjeron enormes retrocesos, y la gente es la que termina pagando.
¿A qué casos te referís?
A los de Argentina y Venezuela. En el caso de Argentina, en los gobiernos de los Kirchner se hicieron avances en algunas áreas que desconocieron una variable fundamental: la inflación. Si vos no cuidás la inflación, no cuidás a los más débiles, porque siempre corren la carrera de atrás. Siempre el remarque de precios va a ser más rápido por parte de las empresas de lo que se ajusta el salario o la jubilación, entonces tener estabilidad y una inflación de menos de un dígito es un hecho fundamental en Uruguay. Muchas veces se dice que se podría ir más lejos. Bueno, depende de la posibilidad que tenga una sociedad. Entonces, mi visión, desde un punto de vista de izquierda, profundo, es cuidar a la gente.
Foto: Ernesto Ryan
¿En este gobierno por qué no se encaró la reforma de la seguridad social?
En un inicio no estaba en la agenda, pero después hubo un incremento muy grande de este gasto endógeno. El MEF lo fue informando en cada una de las rendiciones de cuentas. Si repasás lo que han sido los informes, vas a ver que aparecen cada vez con más fuerza en el tiempo. La Caja Militar arrancó con un déficit mucho menor y la realidad fue llevando a que ese déficit se fuera incrementando. Hoy es reconocida por todo el sistema político la necesidad de encarar ese tema.
Esta semana se dio a conocer un documento elaborado por diversos especialistas, y coordinado por el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, con propuestas para reformar la gestión de las empresas públicas. Entre otras cosas, se cuestiona que las empresas públicas actúen fuera del marco de competencia, porque ello “no genera incentivos adecuados para la eficiencia y la competitividad”. ¿Cuál es tu lectura?
Creo que las empresas públicas tienen mucho para mejorar, incluso considero que requieren un marco legal. En este período de gobierno, en la OPP trabajamos sobre ese tema, elaboramos una propuesta y se llegó a un proyecto de ley que los tiempos políticos no permitieron que fuera tratado. Buscamos corregir algunas cosas, pasando todos los directorios a tres integrantes, eliminando los de cinco, permitiendo replicar la experiencia que tuvo ANCAP de abrir los llamados de cargos gerenciales para que puedan presentarse personas por fuera de las empresas. Otro punto para avanzar es la necesidad de generar mayor coordinación a nivel del Ejecutivo en materia de decisiones sobre las empresas, en materia de tarifas, en materia de inversiones, en diversos aspectos que hacen a la gestión de las empresas, porque aquí hay un tema técnico. En el caso de las inversiones, por ejemplo, sucede lo mismo que en una empresa privada. Hay una oposición de intereses que es natural entre el que es gerente operativo y quiere tener la última tecnología, y el financiero que quiere ver qué flujo de fondo le genera eso.
También proponen desacoplar el retorno de las empresas al del desempeño fiscal del Estado. Esta discusión también se ha dado en el FA, entre el MEF y los que lideran las empresas públicas. ¿Cómo se resuelve esta tensión?
Se nos ocurre que, sin burocratizar demasiado, un gabinete de coordinación de empresas públicas es importante a la hora de tomar decisiones. La vieja historia del reparto político de blancos y colorados generó una cultura que se viene arrastrando y se atacó durante los períodos del Frente Amplio (FA), pero requiere avances. Además, las empresas públicas son estratégicas. Uruguay es un país pequeño en un mundo con grandes multinacionales que juegan fuerte, entonces hay áreas estratégicas que el país tiene que mantener. Hay monopolios que se dan por la vía de los hechos; quizás ese documento está proponiendo abrir a otras posibilidades que nos parecen que no serían adecuadas en el caso de Uruguay.
Durante la campaña electoral planteaste que todavía no estaba explicitado el modelo de país que quería impulsar la oposición. Tras los primeros anuncios del gobierno electo, ¿hay una idea más precisa?
No. Con la conformación del gabinete y esta coalición de cinco partido vemos enormes contradicciones. Han tenido que salir a corregir afirmaciones que se han realizado de manera permanente por parte de Cabildo Abierto. Sin haberse reunido la ministra electa, Irene Moreira, con Eneida de León, habla de maquillaje en los números del Ministerio de Vivienda. También hay afirmaciones referidas a la agenda de derechos, que son temerarias y tuvieron que ser corregidas, porque se contradecían con lo que ha sido la postura de la vicepresidenta electa en materia de género. No está nada claro hacia dónde vamos. Por ejemplo, en las empresas públicas ha habido un comportamiento de los partidos tradicionales en el poder absolutamente clientelista. El gobierno electo manifiesta que esa actitud es diferente, que se van a hacer auditorías: bienvenidas sean. Como ciudadanos también seremos auditores.
¿Te preocupa que haya una intención de judicializar la política con las auditorías?
No. Igual creo que no es de recibo usar a la Justicia como un mecanismo para laudar temas políticos, porque distrae a la Justicia.
¿Qué rol pensás jugar en el FA?
Hicimos una apuesta importante con la lista 982 con Cristina [Lustemberg], y por 5.500 votos no pudimos acceder a la banca en el Senado. Sí accedimos a una banca en Diputados. Obviamente, estaremos apoyando el trabajo de Cristina y el de todos los compañeros del FA en el llano. Después veremos qué es lo que nos depara la vida.
Hay sectores que empezaron a delinear las primeras respuestas sobre por qué el FA perdió las elecciones, otros piensan que lo mejor es dejar esta discusión para las elecciones departamentales. ¿Cuál es tu posición?
Creo que todos empezamos a esbozar una respuesta, pero el FA tiene una primera prioridad que es la elección de mayo. Eso no quita que en ámbitos más internos estemos procesando un punto de vista común sobre las causas, que siempre son multifactoriales. Lo que te puedo decir ahora con total certeza es que a la energía progresista que apareció en noviembre, que dio ese empuje, hay que valorarla, considerarla y darle participación. Uno de los temas que a mí me saca el sueño es encontrar la manera, de acá a mayo, de que el FA cambie sus estructuras para darle participación a toda esa energía. Aquí hay una contradicción permanente entre la estructuras y lo que es la expresión de la gente en tiempos electorales. Me parece que eso tiene que dialogar. La estructura del FA tiene que ser reflejo de lo que es esa ebullición de la gente, entonces un gran desafío es ver cómo le damos participación a la ola cultural que se generó, que fue impresionante, o a todo el colectivo de profesionales, que iban apareciendo como hongos. Ese es un gran desafío.
En estos días Daniel Martínez volvió a participar en actos del FA. ¿Creés que tendría que tirarse como candidato a la Intendencia de Montevideo?
Hay movimientos sísmicos importantes en Montevideo. Hemos visto diversas posibilidades. Obviamente, el hecho de que Martínez tome una decisión es un hito bien relevante, que afecta el resto del esquema. Una cosa es si Daniel Martínez dice, como está dando señales en las últimas horas, que va a ir adelante, y otra es si dice que no. Veremos. El FA tiene que garantizar que los gobiernos frenteamplistas en los departamentos continúen y que, además, en el caso particular de Montevideo, se contribuya a favorecer la unidad.