El fiscal especializado en delitos de lesa humanidad Ricardo Perciballe solicitó el allanamiento de la casa de Parque Miramar del teniente coronel en situación de reforma José Nino Gavazzo. Varios biblioratos y cajas con documentos vinculados a la dictadura fueron requisados por un equipo especializado, informó ayer Sudestada. Tras el operativo, la documentación fue enviada al Juzgado Penal de 29º Turno, en el que se encuentra el expediente de 28 ex presas políticas que denunciaron por abuso sexual y otros tratos inhumanos a Gavazzo, Jorge Silveira y otros represores en 2011. La jueza a cargo, Julia Staricco, dijo a varios medios de comunicación que se va a analizar la documentación obtenida, que “es bastante” y “puede ser útil para esta causa o para otras” que son llevadas adelante por Perciballe.
El operativo fue solicitado por Perciballe luego de la entrevista que Gavazzo dio al suplemento “Qué pasa”, de El País. Allí Gavazzo mostró diversos documentos vinculados con el terrorismo de Estado. En diálogo con la diaria, Perciballe dijo que es la primera vez que en Uruguay se lleva adelante el allanamiento del domicilio de un represor condenado de delitos de lesa humanidad. Antes, en octubre de 2015, se había allanado la casa del coronel fallecido Elmar Castiglioni, ex jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado. En esa oportunidad, se incautaron 60 cajas con documentos que dejaron en evidencia la existencia de espionaje militar en democracia.
El fiscal considera que el operativo fue importante por varias razones. “Hay varios planos a tener en cuenta; lo primero es el gesto de hacer un allanamiento de esa naturaleza. Lo segundo es que lo que se encuentre siempre va a tener un valor histórico más allá de las posibles imputaciones, o sea, esto quizás pueda servir para dar un poco más de verdad. Si esto sirve para hacer una imputación, bienvenido sea; pero me parece que hay que valorarlo en todas estas dimensiones”.
Otro paso contra la impunidad
El jueves, Radio Uruguay informó que Perciballe solicitó el pedido de procesamiento con prisión de siete militares y dos órdenes de captura internacional para aviadores retirados de la Fuerza Aérea Uruguaya, por las torturas cometidas en la base aérea Boiso Lanza durante la dictadura.
La organización Crysol, integrada por ex presos políticos, presentó una denuncia colectiva en 2010. Los militares que tienen pedidos de procesamiento son Walter Alcides Pintos Alvariza, Roberto Freddy Amorín Maciel, Gustavo Carlos Urban Saavedra, Roberto El Negro Cáceres, Ramón Bernardo Rodríguez López, Juan Antonio Rodríguez Goñi y Enrique Rivero Ugartamendia. En tanto, la fiscalía solicitó la captura internacional para Ángel Fresia Dubois y José Eduardo Gaviota Delgado.
El vicepresidente de Crysol, Baldemar Tarocco, contó a la diaria que se trata de la primera denuncia colectiva presentada en Uruguay. “La presentamos en 2010, cuando estaba Mariana Mota como jueza. Si bien en un comienzo los denunciantes fuimos diez o 12, después se fueron sumando compañeros y compañeras y llegamos a ser 50. Ya fallecieron seis; se mueren las víctimas y también los victimarios. Los expedientes son trancados por los militares y se sigue perpetuando la impunidad”.
Para Perciballe, lo importante de los pedidos de procesamiento es que existe “un órgano del Estado, como es la fiscalía, que establece quiénes son las víctimas y quiénes son los victimarios. Hasta el pedido de procesamiento nadie sabía nada de esa causa, y ahora se sabe. Si después van presos o no, es otra etapa. Lo importante es que el Estado pueda establecer lo que pasó”.