Graciela Villar: “No podemos negar que vamos a tener que negociar con todos los partidos”

La candidata a la vicepresidencia por el Frente Amplio (FA), Graciela Villar, dice que uno de los grandes desafíos será lograr consensos, sin exclusiones, con el bloque al que llama conservador. “No podemos negar que vamos a tener que negociar”, dijo en referencia a los partidos que logren representación parlamentaria. Le preocupa que no se haya logrado aplicar cabalmente la Ley de Violencia hacia las Mujeres basada en Género y adelanta que “va a ser una de las peleas que vamos a dar a nivel presupuestal”. Sobre la decisión que tomó el Congreso del FA de eliminar la ley que prevé un año mínimo de privación de libertad para delitos graves que cometieron adolescentes, y la de borrar sus antecedentes –decisiones que causaron fuertes debates a la interna del oficialismo–, adelantó que analizarán si “es posible” aplicar esas medidas “en esta etapa o más adelante”.

Fuiste criticada por decir que esta elección era una opción entre oligarquía y pueblo. ¿Seguís pensando lo mismo?

Desde el punto de vista conceptual, hacía referencia al discurso de Liber Seregni en 1971, y está claro que la postura del Frente Amplio [FA] y de la candidatura es la confrontación de dos proyectos de país: uno es progresista y el otro es conservador.

¿Todos los proyectos alternativos al FA son conservadores?

Hoy hay un bloque que está identificado con una línea muy conservadora. Las excepciones [se verán] a partir de las propuestas y de las coincidencias que puedan tener en algunos temas.

¿Y cómo se hace para lograr acuerdos con parte de ese bloque conservador si se presentan como contrarios a ellos? ¿Es posible que puedan construir políticas de Estado?

Ese es el desafío que tiene el próximo gobierno en cualquier escenario: buscar consenso sobre los temas nacionales que importan, independientemente del sector en el que estés ubicado. Es tener presente esa construcción seregnista de que no importa en qué lugar del espectro político estés si hay cuestiones nacionales que son urgentes. Hay algunos temas que implican la búsqueda de consenso, que tienen que ver con el enfoque de la seguridad, de la educación y la seguridad social. Después de esos debates y análisis se verá si se puede o no construir un acuerdo, pero creemos que se pueden crear alianzas estratégicas en función de los grandes temas.

¿Qué desafíos implica ser candidata a la vicepresidencia después del caso Raúl Sendic? ¿Eso pesa?

Son dos escenarios distintos. El resultado de esta fórmula paritaria tiene que ver con las luchas de los movimientos feministas y la participación de las mujeres en política. Conformar esta fórmula paritaria es dar respuesta a la síntesis que los movimientos sociales venían peleando, en particular los feministas. Mi rol desde la responsabilidad que tengo al asumir la primera fórmula paritaria supone aportar una mirada mucho más transversal en los temas políticos. Creo que son escenarios e historias distintas. Me toca estar en la primera fórmula paritaria que va a ser elegida y que incidió en todo el espectro político para que se buscaran fórmulas paritarias en las otras tiendas.

¿Qué evaluación hacés del proceso de tu elección como candidata a la vicepresidencia? Fue muy criticado.

Fue un proceso criticado objetivamente. También tuvo que ver con la perspectiva de Daniel [Martínez] de la búsqueda de diálogos y hacerlo todo de forma transparente. Además, hubo por primera vez una precandidata mujer a la presidencia, que en última instancia, de acuerdo a las potestades que tenía el compañero que eligió el FA, no fue la que integró la fórmula, sino que Daniel buscó una perspectiva de carácter más social para que acompañara esta fórmula, respetando la paridad. Generó polémicas, sí; por suerte las subsanamos.

¿Por qué te parece que generó polémicas?

Porque se había instalado una opinión de que la fórmula debería conformarse entre los cuatro precandidatos. Esa regla no se siguió, pero se siguieron canales que estaban habilitados por el FA.

¿Qué impronta le darías a tu rol de vicepresidenta si sos electa?

Vengo de una historia en los últimos 15 años en la Junta Departamental de Montevideo que tiene que ver con construir diálogos y consensos. El rol que voy a tener remite a esa experiencia. A nivel parlamentario, mi responsabilidad fundamental va a ser la búsqueda de aportes para obtener mayorías o mayorías especiales para la resolución de temas importantes. Esa va a ser la esencia. También voy a tener una mirada transversal sobre los temas. Eso implica que, en el rol de la vicepresidencia, no me subsuma en la mirada de género que es necesario tener. Y también una mirada muy fuerte desde lo social; voy a tener una opinión política por la historia de donde vengo y donde siento que puedo incidir positivamente.

¿Y cómo se puede unir esa apuesta al diálogo con la disyuntiva ‘oligarquía versus pueblo’?

En realidad la gente se define por su historia. Yo tengo una historia de 15 años de trabajo político. No soy una outsider. He trabajado en un escenario desde donde hubo que dialogar con el Partido Colorado y el Partido Nacional cuando tuvieron su representación y en la última etapa, con el Partido de la Concertación. El diálogo ha dado resultados de obtener mayorías, que resultaron en, por ejemplo, el Fondo Capital, que fue resultado de un debate bien diverso, que contó con el apoyo de sectores de la oposición. Es parte del ejercicio. Pero también mi historia anterior, que viene del movimiento sindical, supone la búsqueda de acuerdos y consensos para obtener logros.

En los últimos días tomaste la iniciativa del proyecto Femicidio 0, propuesto por Casa Grande, para elaborar un Plan Nacional sobre Violencia de Género. ¿Es un tema que querés trabajar particularmente?

Es un tema que me preocupa en el entorno de los grandes temas de violencia que tenemos en la sociedad uruguaya. 108 llamadas diarias tienen que ver con violencia de género, violencia doméstica o intrafamiliar. Es un tema que preocupa no sólo al movimiento social, sino a la sociedad. Creemos que hay que tomar medidas urgentes y algunas tienen que ser en forma muy rápida.

¿Por ejemplo?

El tema de las tobilleras lo tenemos que resolver. Había 300 casos pendientes de tobilleras. La puesta en práctica en 2017 de las tobilleras significó que en esos casos no hubo feminicidios, por lo tanto dan resultados. Asegurar que en el presupuesto quinquenal estén los recursos para la Ley 19.580, que establece un aparato jurídico destinado específicamente para este tema de violencia. Conseguir aliados en los medios de comunicación, en la sociedad civil y en la educación para trabajar por una vida sin violencia. Es necesario hacer campañas de bien público. Tenemos que bajar los niveles de armas en la sociedad civil porque implican respuestas de enorme violencia, y tenemos que reconstruir los diálogos sociales en torno a los temas de convivencia, que son fundamentales.

Con la situación fiscal del país, ¿cómo se financiaría la aplicación de la ley?

Cuando se aprobó la ley el gobierno se comprometió a crear una fiscalía específica en temas de género y desarrollar 19 juzgados penales. Creo que hay que generar una reestructura por medio de los propios Juzgados de Familia, porque el tema de la violencia de género también tiene que ver con la violencia a los menores. Va a haber que reestructurar y generar una política mucho más transversal. Los temas de violencia de género no sólo se resuelven con el aspecto judicial. Si bien este es un determinante importante, se necesita una transversalización para ver a dónde van esas mujeres, qué posibilidades tienen de inserción laboral y cómo se genera una reubicación familiar, porque son en general mujeres jefas de familia y a cargo de hijos menores. Entonces tendremos que tener una visión completamente transversal de cómo apoyar a las víctimas de violencia de género.

¿Pero eso implicaría un aumento del gasto o no?

Deberá tener una inyección de dinero propio, porque lo peor que podría pasar es que tengamos la ley y no le demos recursos. Va a tener que definirse dentro del Poder Judicial y de toda la estructura del Estado cuál va a ser el dinero que se destine, y va a ser una de las peleas que vamos a dar a nivel presupuestal.

¿Qué otras áreas considerás prioritarias?

En este momento me preocupa la fragmentación territorial. En estos 15 años de gobierno del FA, uno de los logros más importantes ha sido el abatimiento de la pobreza. Recibimos un país con 40% de pobreza y hoy estamos en 8%. Teníamos 60% de pobreza infantil y hoy estamos en 17%. La indigencia casi ha desaparecido, pero tenemos unos núcleos duros de pobreza de carácter estructural que necesitan ser abordados seriamente. Allí hay muchos niños, niñas y adolescentes, y es necesario incluirlos desde lo social con políticas que impacten en forma multidimensional. No es sólo la transferencia económica lo que resuelve la situación de pobreza, tenés que complementar con políticas de vivienda, educación, salud y empleo. Eso supone una recuperación sostenible de esos sectores, que son los que todavía siguen afectados.

¿Cómo se explica el aumento de personas en situación de calle?

La situación de personas en situación de calle es un fenómeno particularmente preocupante, porque del último censo que hizo el Mides [Ministerio de Desarrollo Social] se constata que 70% son personas que estuvieron de alguna forma penalizadas, tanto a nivel de las cárceles como del INISA [Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente], son personas que han tenido una ruptura importante con el entramado social al que pertenecían. Ahí uno de los aspectos a destacar es la propuesta que tiene Daniel dentro de las 12 medidas de seguridad, sobre el seguimiento a los liberados. Se propone que durante su internación en cualquier penitenciaría tengan un proceso de formación y después se genere un proceso de acompañamiento para la inclusión. Es bien representativa la composición que tiene hoy la gente en situación de calle y cómo ha roto los vínculos con grupos familiares o sociales. Eso hay que resolverlo.

¿Se descuidó el seguimiento de la personas que salen en libertad?

No hubo una mirada complementaria, y por eso se plantea ahora un salto de calidad en el sistema de reclusión. Si hay algo que queda claro es que las cárceles no pueden ser multitudinarias como son hoy. Tenemos un nivel muy alto para la población de detenidos, estamos hablando de 11.000. Necesitamos un proceso para evitar las reincidencias y la situación de calle, que tiene que ver con un seguimiento real de incorporación posterior a la liberación. Creo que hay que darle especial énfasis a esto.

Hablando de seguridad, ¿estás de acuerdo con la decisión que tomó el Congreso del FA de eliminar la privación de libertad obligatoria para adolescentes que cometen delitos graves y borrar sus antecedentes en esos casos?

Es parte de un debate que tenemos que dar en la interna, y analizarlo en el contexto general en el que se da. El FA ha trabajado muchísimo por el No a la Baja y hay que seguir haciéndolo. Es una decisión del Congreso que veremos de analizar cuando asumamos el gobierno, con las medidas que tenemos para tomar en los ámbitos de reclusión de menores.

Si tienen que analizar una decisión ya tomada es porque no les termina de convencer...

No es que no termine de convencer. Hay que ver las condiciones en las cuales las podemos aplicar. En el tema de los menores hay que generar una contención que permita un desarrollo sustentable a largo plazo. Tenemos que generar una reparación de daños que a veces viene desde la infancia. Los menores infractores no llegan a serlo por casualidad, tienen una historia de violencia y todo lo demás, entonces tendríamos que generar los mecanismos de reparación y contención, porque es un problema fundamental para nosotros como fuerza política. Analizaremos en ese contexto si es posible aplicarlo en esta etapa o más adelante.

El FA tiene una baja en intención de voto de cerca de 10% menos respecto de lo que marcaban las encuestas hace diez años. ¿A qué atribuís esa baja?

En estos días cambiaron las encuestas [ríe]. De cualquier forma, hay un mecanismo que tiene que ver con tres períodos de gobierno del FA, donde puede haber opciones entre lo que ya conocen del FA –la certidumbre, como decimos nosotros– y una propuesta de cambio. El cambio también supone un gran signo de interrogación frente a los planteos que está poniendo sobre la mesa la oposición: una modificación bien importante desde un recorte de gasto de casi 900 millones de dólares, que significaría una reducción de las políticas sociales y además una flexibilización laboral bien importante. Hay descontentos, una masa crítica de cosas que no se han logrado hacer, y después de 15 años es natural que la gente mire, cuestione o exija, o quiera saber qué es lo que seguimos planteando frente a lo que plantea la oposición.

En este período de gobierno el gabinete se mantuvo estable. ¿Considerás que se tendría que haber generado algún cambio?

Eso es parte del proceso de la interna que, personalmente, viví desde afuera. La renovación en los equipos del Ejecutivo son potestad del presidente. No sé si es bueno o malo. Hablar de [Eduardo] Bonomi cuando [Diego] Sanjurjo, asesor de [Ernesto] Talvi, reconoce cabalmente la gestión de Bonomi, es medio paradójico. Son decisiones que Tabaré [Vázquez] habrá tomado en función de sentir que eso generaba estabilidad. La rotación en los ejecutivos puede ser buena o no.

Y de afuera, ¿no creés que hubo algún desgaste en alguna figura?

En general el ejercicio de gobierno te genera desgastes. Bonomi se llevó el desgaste mayor por estar en un tema que aparece como prioritario para la opinión pública.

María Julia Muñoz dijo en Doble click, de Del Sol FM, que Luis Lacalle Pou no tiene experiencia “de trabajo ni estudio más que en la Universidad Católica, o sea, un grupo selecto donde se paga”. ¿Qué opinás de estas declaraciones?

La doctora María Julia Muñoz es libre en sus dichos. Se defiende sola y asume las responsabilidades de lo que dice. María Julia tiene autoridad para decir lo que quiera y no seré yo quien la juzgue.

¿Cómo definirías vos a Lacalle Pou?

Por ahora es un contrincante.

¿Y qué representa?

Representa a un partido que ya estuvo en el gobierno y de cuya gestión se desprendió la congelación de los Consejos de Salarios y una invisibilización de los sectores más populares. En su programa hay algunos acentos que me generan incertidumbres.

¿Por ejemplo?

Por ejemplo, sus políticas sociales. En el tema del Mides hay una visión un poco metafísica.

¿Qué opinás de la propuesta de Pablo Bartol de hacer yoga en el Mides y capacitar mentores barriales?

No la comparto conceptualmente. Parto de que la situación de vulnerabilidad social no pasa por el yoga. Y si fuera sólo la esperanza, tendríamos una visión un poco mesiánica de cómo se construyen las identidades de las personas. Se está negando que hay factores estructurales y socioeconómicos que generan circuitos perversos de los que la gente no sale sola si no hay políticas de Estado que realmente impacten y cambien su vida. El programa plantea un retroceso desde el punto de vista de lo social y en la participación de los técnicos y el Estado cuando habla de generar mentores y líderes. Mentor es aquel que se reivindica como alguien que estuvo en la pobreza y ahora te guía para sacarte de la pobreza. Como si la pobreza en sí misma fuera una opción individual. No se toma en cuenta que hay gente que tiene activos y los puede poner al servicio de potenciar una salida, pero si no tenés activos porque creciste en un circuito donde la pobreza, la vulnerabilidad, la falta de educación o de atención te llevaron a no tener esos activos, va a ser muy difícil que puedas salir. Si no hay una política pública que impacte en esas dimensiones, que no es sólo material –ya que hay que incorporar una visión desde la salud, el acompañamiento, el cuidado, la educación–, para generar una igualdad desde el punto de partida, entonces se apela al voluntariado y se plantean los mentores. Se plantean los líderes barriales, que incluso serían quienes distribuirían el presupuesto designado para políticas sociales. No sabemos si van a hacer un concurso, si tienen las capacidades técnicas o si va a reproducirse un clientelismo político en lo territorial también. Ese líder va a distribuir recursos, va a definir políticas sociales, y el Mides va a pasar a ser el definidor, el orientador, pero no va a tener intervención en las políticas. Es una visión romántica. La forma en que él define el programa es casi poética. Y la pobreza merece algo más que poesía, necesita intervenciones muy fuertes.

Hablando de la oposición, ¿qué diferencias ves entre Lacalle Pou y Ernesto Talvi?

En realidad, al principio había algunas diferencias. Ahora se están acercando. Ambos definen al mercado como un asignador de recursos. Es preocupante que quien se ha definido como batllista plantee la debilidad de un Estado que, para nosotros, desde la perspectiva del gobierno del FA, aparece como un socio del mercado, pero además es un generador e interventor directo en la distribución. El desarrollo de Uruguay como la democracia más inclusiva de América Latina tiene que ver con la intervención del Estado directamente para asegurar el crecimiento con inclusión. En los dos programas eso no está planteado.

¿Con qué candidato a vicepresidente te sentís más cercana? ¿Con Beatriz Argimón o Robert Silva?

Ni cercana ni lejana. En realidad los dos representan, desde el punto de vista político, posturas que yo no comparto. En lo particular, en el caso de Argimón, respecto de la transversalidad de género y las preocupaciones personales –que no son de su partido– que tiene en torno a los temas de inclusión, diversidad y la agenda de derechos, tenemos coincidencias.

¿Te parece bien que el FA pueda eventualmente construir acuerdos con Cabildo Abierto?

El desafío que tenemos planteado como gobierno es que vamos a tener que negociar con todos los partidos, así sea el punto de una ley o de una norma. En tanto tenga representación parlamentaria, no podemos negar que vamos a tener que negociar.

¿Seguís pensando que Guido Manini Ríos es casi un nazi?

Sigo muy preocupada porque haya expresiones políticas que degraden, denigren a la agenda de derechos y a los sectores más vulnerables de la sociedad. Eso me preocupa fuertemente, porque creo que no es bueno para el sistema político uruguayo, que ha avanzado tanto en la agenda de derechos, que hoy aparezcan expresiones que denosten o generen heridas en los sectores más vulnerables que tanto trabajo ha dado visibilizar.

¿A qué le atribuís la alta intención de votos que tiene y la votación que tuvieron en las internas?

Es parte de una fractura de la oposición, sin lugar a dudas.

¿O sea que eso siempre estuvo ahí?

Creo que siempre estuvo, con la diferencia que estaba más concentrado en los partidos tradicionales.

¿Eso implica que los partidos tradicionales se volvieron un poco más a la izquierda o un poco menos de derecha?

Y sí.

Un escenario posible es que el FA no tenga mayorías. ¿Cuál es la primera línea que irán a buscar para dialogar?

La primera línea siempre va a ser con los más batllistas y wilsonistas, pero el esfuerzo va a tener que ser con todos, porque en algunos casos vamos a encontrar coincidencias y apoyos y en otros no. Nos ha pasado con la agenda de derechos; de acuerdo al caso nos han apoyado unos u otros, y en otros casos ninguno. Los grandes temas estarán relacionados con la asignación de recursos y el presupuesto, que son las grandes normas que tenemos que definir en el primer año de gobierno. Ahí vamos a tener que buscar el acuerdo con todos; la discusión se va a tener que dar con todo aquel que tenga representación parlamentaria.

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