En concordancia con lo expresado por Tabaré Vázquez, el ex secretario de Presidencia Gonzalo Fernández aseguró que las actas del tribunal de honor que sesionó para el militar retirado Gilberto Vázquez en 2006 no llegaron a Presidencia. Lo hizo en una sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, donde este cuerpo de legisladores busca averiguar por qué Tabaré Vázquez homologó el fallo del tribunal de honor sin advertir que allí se habían confesado delitos.

Fernández sostuvo que cuando se firmaron esas actas “se pensó que se estaba homologando, como es natural, un fallo que recaía sobre la publicitada y mediática fuga [de Gilberto Vázquez] del Hospital Militar”. Además, respondió afirmativamente cuando fue consultado por un eventual engaño de las autoridades militares de la época, ya que a su juicio Presidencia nunca pudo acceder a las actas.

En la comisión, Fernández sostuvo, según registran las actas de la sesión, que el expediente fue entregado por la ministra de ese entonces, Azucena Berrutti, directamente al presidente Tabaré Vázquez, sin las actas del tribunal de honor. Según describió el ex secretario, entregarle un expediente en la mano al presidente no era el trámite habitual, pero los secretarios de Estado tenían la potestad de hacerlo. Respecto de la ausencia de las actas, el ex jerarca aseguró que “no hay ningún registro o anotación de que estuviera el expediente acordonado”. Además, explicó que de acuerdo al Decreto 500/991, “cuando se acordona un expediente debe dejarse constancia en él de que se acordona alguna otra cosa, y aquí no hay ninguna constancia de acordonamiento de expediente”.

Luego, Fernández sostuvo que hubo omisiones en la asesoría jurídica del Ministerio de Defensa (MDN): “Frente a esa mención escueta que se hace del artículo 77 del reglamento del tribunal de honor en el apartado 27 del dictamen de asesoría letrada, que para algunos significa una alerta roja, yo creo, y así lo habría hecho yo si hubiera sido el asesor letrado jefe, que debería haberse ido al despecho de la ministra a decir: ‘Mire, ministra, acá se han declarado tales y cuales cosas’”. Además, expresó que es “sumamente llamativo que el tribunal de honor se atiene exclusivamente al objeto para el cual fue designado, es decir, investigar qué repercusiones jurídicas tenía la fuga del Hospital Militar de este señor y se desentiende o soslaya todo lo demás, que es infinitamente más grave que la fuga”.

Acerca de las actas, Fernández dijo “suponer” que quedaron “en poder de la asesoría jurídica del Ministerio de Defensa”, aunque admitió no tener certezas de en qué oficina estaban. “La otra posibilidad es que hubieran quedado en la Dirección General de Secretaría, donde finalmente terminaron apareciendo, porque a fojas 19 el entonces director general de Secretaría, ya firmada la resolución, dice que, habiéndose adjuntado actuación del tribunal de honor, vuelve a la Dirección Secretaría Central para la prosecución del trámite”.

A partir de esa última hipótesis el actual ministro de Defensa, Javier García, argumenta que las actas sí fueron a Presidencia. El actual jerarca dice que del expediente surge que el 12 de octubre, una vez que el expediente había vuelto de Presidencia, el director general de Secretaría del MDN, José Wainer, informa que las actas están adjuntadas. Este cargo, sostuvo, es un cargo de confianza del ministro. “¿Por qué estaba eso? Porque habían ido a Presidencia, así que me parece que se comió una parte del expediente”, sostuvo en una entrevista días atrás con VTV. En cambio, Vázquez aseguró el miércoles 9 de setiembre en un encuentro por Zoom con dirigentes frenteamplistas que nunca tuvo acceso a las actas.

En medio de las versiones, Wainer aseguró a El Observador, el 10 de setiembre, que no leyó las actas y que quien se encargaba de esos temas era directamente Berrutti. “De acuerdo a mi jerarquía en el ministerio, yo podía firmar decretos de trámite. Pero no tenía nada que ver. Estaba la ministra y había colaboradores de la ministra que se ocupaban directamente de eso. El material no lo leí. Yo me ocupaba de otras cosas”, expresó.

En concreto, para Fernández hubo dos tipos de errores: primero, no haber adjuntado las actas al expediente, y segundo, no haber advertido de la información que estaba en esas actas a la ministra de entonces. “Eso es lo que debe hacer, a mi juicio, un asesor letrado jefe”, expresó.

Este viernes, el senador Jorge Gandini prefirió no tomar partido por las diferentes versiones. “Esa es una contradicción que tenemos que ir analizando. Gonzalo Fernández hace una exposición documentada que parece demostrar que sólo se le llevó el expediente [sin las actas], y dice que hay una normativa que obliga a estampar en el expediente si es que viene acordonado o no, y que no hay ningún registro de esa naturaleza. Simplemente aparece el expediente sin las actas acordonados”.

Pero, a diferencia de lo dicho por Fernández, Gandini dijo no creer en engaños o manipulaciones por parte de los mandos militares contra los entonces jerarcas frenteamplistas, que serían los responsables de la situación. “Los cargos que han trabajado en este caso son de confianza y son civiles. Los que firman la homologación son las autoridades civiles, y ahí es donde tenemos el problema. ¿Por qué se firmaron actas que no se leyeron? Los últimos responsables son los jerarcas políticos. Un tribunal de honor no emite un fallo, recomienda un fallo, que se aprueba o no según el presidente o el ministro. Debieron haber leído ellos o sus equipos. Que nadie las leyó es difícil creerlo, hay documentos que muestran que por lo menos algunos abogados lo leyeron y estampan en el informe que se cometieron delitos”, expresó.

Para la senadora frenteamplista Sandra Lazo, que estuvo en la comisión, lo dicho por Fernández es “coherente con lo que expresaron [el ex subsecretario José] Bayardi y Vázquez”, según dijo a la diaria.

La polémica sobre la comisión también versa acerca de cómo seguirá el funcionamiento del cuerpo respecto de este tema. Según dijo Lazo, el Frente Amplio quiere que el trabajo se centre en el curso que tuvo el expediente, “desde que se formó hasta los hechos que acontecieron después”. Por ejemplo, dijo que es imprescindible que venga a la comisión el entonces comandante en jefe del Ejército, Carlos Díaz, “y los que movieron el expediente adentro, como los funcionarios de la asesoría jurídica, que se supone que debían tener cierta lealtad con las autoridades políticas de turno y no me consta que la hayan tenido”.

En cambio, el oficialismo, que es mayoría en la comisión, respaldó las invitaciones a Vázquez y a Berrutti (que ahora tiene 91 años), y citará a Díaz. “Se insiste en que vengan los responsables políticos y nosotros insistimos en que son grandes, y en el marco de la pandemia es peligroso que vengan, especialmente en el caso de Azucena. Se va a cursar que sea por vía de una plataforma”, dijo Lazo.

Tras un intercambio en la sesión, se resolvió citar a Vázquez y Berrutti, y, según dijo la presidenta de la comisión, la frenteamplista Amanda Della Ventura, “en caso de que tengan alguna dificultad para concurrir, participarían por medio de la plataforma Zoom”.