El nacionalista Martín Lema, presidente de la Cámara de Representantes, presentó el 15 de diciembre su primera tanda de proyectos de ley en el marco del Programa de Modernización Legislativa (Promole), que impulsa y que planea que quienes lo sucedan en el cargo continúen en las próximas presidencias.

El plan, aseguró el diputado a principios de diciembre, implica un trabajo de varias cátedras de las facultades de Derecho de las universidades del país con un criterio técnico y no político. En concreto tiene tres finalidades: revisar leyes que “no se cumplen y serían trascendentes”; actualizar normativas, y derogar legislación en desuso. Habrá una segunda tanda de medidas, que llegará antes del 10 de febrero, días antes de culminar su mandato.

Los ocho proyectos presentados por el legislador presentan modificaciones a un variopinto menú de temas que van desde disposiciones ambientales hasta causas judiciales en relaciones de consumo de bajo monto.

En efecto, uno de estos proyectos busca “regular la acción de responsabilidad por daño ambiental” y está basado en una propuesta elaborada por el Colegio de Abogados de Uruguay.

“En un proceso de varias décadas, claramente se ha deteriorado el ambiente en nuestro país, lo que sin embargo no se ha visto acompañado de un aumento de procesos judiciales que tengan como objeto la recomposición del daño ambiental”, dice Lema en la exposición de motivos. Una “posible explicación” de esto, conjetura, es la “dificultad que existe de lograr una sentencia que acoja una demanda que tenga como objeto la recomposición del ambiente dañado”.

Según explica el legislador, el actual ordenamiento jurídico del país no establece una indemnización sustitutiva en los casos en que no sea “material o técnicamente factible la recomposición del ambiente”, que es lo que prevé su proyecto. Además, se propone la “solidaridad” de los eventuales responsables del daño ambiental, de tal forma que si en este hubieran participado dos o más personas, todas serán solidariamente responsables, y que cuando una persona utilice subcontratistas, intermediarios o suministradores de mano de obra también será solidariamente responsable por el daño de estos. El proyecto además establece la obligación de contratar un seguro ambiental para determinadas actividades, construcciones u obras que puedan conllevar riesgos para el medioambiente.

Por último, Lema advierte que en el derecho ambiental existen algunas “particularidades” a la hora de demostrar la relación de “causalidad” en un posible delito ambiental, que hacen que en su proyecto “se entenderá verificada la relación de causalidad [ante un daño medioambiental] cuando exista alta probabilidad de que determinada persona física o jurídica haya causado el perjuicio”.

Aguas: polémica por consejo con participación de la sociedad civil que se elimina

En tanto, Lema presentó otro proyecto para derogar el artículo 23 de la ley sobre política nacional de aguas. Dicho artículo creaba, en la órbita del entonces Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, un “Consejo Nacional de Agua, Ambiente y Territorio”, integrado por “representantes del gobierno, usuarios y sociedad civil” en igual representación, y presidido por un representante de dicha cartera.

Según argumenta Lema en la exposición de motivos, la “comisión de expertos de derecho ambiental” que trabajó en el Promole planteó como “prioritaria” la derogación de dicho organismo. ¿Los motivos?: “Ese Consejo nunca funcionó efectivamente, entre otras razones, por la existencia de distintas instancias de similares características y fines; pero también, por el establecimiento de una institucionalidad diferente”. Así, enumeró en 2015 la creación de la Secretaría Nacional del Ambiente, Agua y Cambio Climático, y luego, ya en este gobierno, el Ministerio de Ambiente, por medio de la ley de urgente consideración. Por lo tanto, argumentó, se trata de una norma en “desuso”.

En cambio, Daniel Greif, ex titular de la Dirección Nacional de Aguas, dijo a la diaria que si bien es cierto que el consejo no funcionó, “podría reglamentarse e instrumentarse en lugar de derogarlo”.

Por otra parte, el proyecto de Lema le otorga los cometidos y atribuciones de dicho consejo al Ministerio de Ambiente, “asegurando la participación de los usuarios y la sociedad civil en la planificación, gestión y control de recursos hídricos”.

Pero según Greif estos cometidos “no se sustituyen por lo que pueda realizar el nuevo Ministerio de Ambiente” ni la Secretaría Nacional del Ambiente, Agua y Cambio Climático. El ex jerarca dijo que la estructura de participación que se estableció para dicho consejo tenía como objetivo “complementar el rol de los tres consejos de recursos hídricos de las tres grandes cuencas hidrológicas: el del río Uruguay, el de la cuenca del Río de la Plata y el frente marítimo, y el de la cuenca de la laguna Merín”. Con este consejo, sostuvo, se apostaba a reunir y organizar la participación de la sociedad civil que se canaliza por la Comisión Técnica Asesora de la Protección del Medio Ambiente, la Comisión Asesora de Agua y Saneamiento y la Comisión Asesora de Ordenamiento Territorial.

Otra oportunidad

A su vez, Lema volvió a insistir con legislar un tema que naufragó en la legislatura pasada por falta de acuerdos: las excepciones y limitaciones de los derechos de autor. El proyecto estudiado en aquel momento consiguió la aprobación unánime del Senado, pero se estancó en la Cámara de Representantes.

En su propuesta, el diputado presenta un proyecto parecido al que llegó a la cámara baja en ese momento pero con algunas omisiones: “Se eliminaron las propuestas que no hacen directa referencia ‒a entender de la Comisión Técnica de expertos de Derecho Comercial que ha participado en Promole‒ con las excepciones o limitaciones en relación con la Enseñanza y para el acceso justo a los textos de estudio”.

Consumidores y reclamos

En base a la “comisión de expertos de práctica profesional”, Lema propone cambios en la Ley 18.507, que establece el procedimiento para causas judiciales originadas en relaciones de consumo que no superen las 100 Unidades Reajustables (UR) (129.100 pesos). El problema, según señala el abogado, es que esa norma establece que no se requiere asistencia letrada (de abogados) para iniciar la causa, pero a 11 años de vigencia de la ley “se han suscitado múltiples situaciones donde la parte débil de la relación de consumo, el consumidor, se ha debilitado más aún con consecuencias graves que se suscitan durante el proceso”.

En efecto, el legislador observa que “el formulario elaborado por el Poder Judicial para completar por el ciudadano que reclama un incumplimiento en una relación de consumo es imposible completarlo para que al ser leído sea entendible”. Por ello, “hace unos cuatro años se permite anexar un relato sucinto de lo acontecido”, pero los resultados han sido aún peores, “porque el reclamante se explaya sin expresar el objeto de su reclamación en forma clara y luego ese reclamo queda sin resultado o es rechazado”.

Según Lema, el espíritu de la ley al establecer que no era obligatorio el patrocinio letrado se ha desvirtuado en tanto “no se condice con el acceso igualitario a la justicia”, por lo que propone que a partir de 10 UR (12.910 pesos) sea obligatoria la asistencia letrada.

Entre el resto de las iniciativas, Lema también presentó un proyecto de ley para regular las prestaciones alimentarias de alcance internacional ‒cuando quienes deban otorgarlas vivan en el exterior‒. El diputado explica que si bien existen convenios internacionales que rigen en estas circunstancias, sólo se aplican con los países que los han ratificado, por lo que “quedan una enorme cantidad de casos al margen”.