El senador frenteamplista Danilo Astori tiene una visión crítica con los anuncios que hizo el presidente Luis Lacalle Pou este miércoles. Astori piensa que en un contexto como el actual, incluyendo los posibles efectos del coronavirus sobre la economía, es “cuando más tiene que aparecer el Estado”. “Uruguay ya está pagando un precio por la situación volátil a escala global, particularmente por la influencia de este virus en la economía mundial. Eso ya nos está llegando lamentablemente, pero si agregamos desde adentro factores que agravan o que estimulan la recesión, la conclusión va a ser peor. Estas medidas recesivas son lo que menos necesita el país”, opinó el ex ministro de Economía.

Cuestionó también esa “especie de ansiedad” para “terminar mañana” con el déficit fiscal, y planteó que las posturas públicas del ministro de Ganadería, Carlos María Uriarte, y del propio presidente Lacalle Pou alimentaron la devaluación de estos días. Según dijo, este “muy mal manejo” de la política cambiaria provocará un “incremento inflacionario muy importante”.

Astori considera que el Banco Central “se durmió, y si hubiera actuado “con mayor firmeza, continuidad y volumen” se habría moderado la suba del tipo de cambio.

¿Cómo tomó los anuncios que hizo el gobierno este miércoles sobre la reducción del gasto público?

Lo primero que puedo decir es que me parecen impracticables. Por varias razones. En primer lugar, la mecánica de topear con el mismo límite a todos los gastos de funcionamiento e inversiones es muy difícil de poner en práctica, porque hay un cúmulo de situaciones diferentes y encuentra a los responsables de las políticas en situaciones distintas. El gobierno habla de recurrir a refuerzos de rubro, como diciendo que ponen un tope, pero también prevén solucionar los problemas que se presenten haciendo un refuerzo de rubro. Es como decir que topeamos la ejecución pero no la topeamos, hay una contradicción. Es difícil de poner en práctica la idea de nivelar a todos con el mismo tope de ejecución, fijado en 85% del gasto presupuestal más reciente. En segundo lugar, es una medida esencialmente recesiva en momentos en los que el país necesita exactamente lo contrario. Tenemos una inversión privada muy deprimida y en estas circunstancias se necesita que el sector público salga a dar la cara con inversiones. La inversión pública en la última medición que tenemos, que es la del tercer trimestre de 2019, muestra un interesante incremento de 4,4%, lo cual recoge el inicio de la obra del ferrocarril, inversiones en transporte, comunicaciones y vialidad. Es lo que habría que haber continuado ahora, aun cuando hay un déficit fiscal a combatir. Se necesitan medidas anticíclicas, porque la falta de empleo sigue siendo un tema importante, aunque ayer [por el jueves] se conoció el dato de desempleo [8,5%], que es una cifra alentadora para las actuales circunstancias. En todo caso, estas medidas recesivas son lo que menos necesita el país.

Pero si no hay restricción del gasto ¿qué medidas tomar para bajar el déficit fiscal?, porque el gobierno del Frente Amplio (FA) no fue exitoso en esta materia y alguna medida había que tomar.

Yo voy por la positiva, creo que la reducción del gasto es importante, pienso que hay que hacer un esfuerzo en mejorar la calidad del gasto, porque no es sólo un problema de volumen sino de cuan bien se gasta y hay cosas para mejorar. Pero iría sobre todo por el lado de los ingresos, es por ahí que se tiene que combatir el desequilibrio fiscal. Hay que generar actividad y recursos públicos que contribuyan a tener una mejor trayectoria fiscal. Me parece negativo establecer topes de ejecución que terminen con un efecto recesivo. En nuestro caso se avanzó muy lentamente, sobre todo en 2019, porque hubo un escaso movimiento de la inversión privada y la inversión pública se empezó a mover en una medida significativa recién en el segundo semestre. La segunda razón de la impracticabilidad de las medidas de contención del gasto es que ellos apelan, como dijeron en campaña y siguen repitiendo ahora, a una supuesta reducción del gasto de 900 millones de dólares en un año, incluyendo la supresión de una de cada tres vacantes en todo el sector público, aunque todavía no aclaran en dónde. En las primeras declaraciones han señalado que excluyen las áreas de salud, educación y seguridad, que son justamente las áreas que presentan posibilidades reales de un ahorro como el que plantean, básicamente porque son las que más aumentaron porque se necesitaban más profesores, policías y personal de la salud. Si excluyen esas áreas, es impracticable la medida. O sea que pueden pasar dos cosas: no se logra el ahorro anunciado o se recorta en áreas en las que no se debe ingresar. Y ambas alternativas son malas.

¿Qué efecto podría tener la reducción de gastos de inversiones en áreas como transporte o vivienda?

Poner topes de ejecución en esas áreas podría tener un efecto recesivo muy importante.

En un contexto como el que estamos, incluyendo los posibles efectos del coronavirus, es cuando más tiene que aparecer el Estado. En los contextos críticos, el Estado siempre es fundamental. Uruguay ya está pagando un precio por la situación volátil a escala global y particularmente por la influencia de este virus en la economía mundial. Ya hay problemas en las exportaciones y en los precios de algunos productos. Eso ya nos está llegando lamentablemente, pero si agregamos desde adentro factores que agravan o que estimulan la recesión, la conclusión va a ser peor.

¿Cuáles serían los efectos inmediatos?

Vamos a tener problemas de empleo y de ingresos, que además se van a ver perjudicados por otros motivos, porque las medidas que se han tomado en el área de los ingresos y la política cambiaria obviamente van a estimular una tendencia inflacionaria creciente. Y ese es el peor de los impuestos. Se ha hecho una adecuación tarifaria, se ha tomado una medida que significa aumentar el IVA que se paga cuando se hacen pagos con tarjetas de débito y también cuando se paga por servicios gastronómicos con tarjetas de crédito. Eso es un aumento de impuestos, porque elimina una exención o un tratamiento especial que se había hecho. Entonces, si sumamos la adecuación tarifaria, un aumento de impuestos que para cierto sector de la población va a ser importante y le agregamos los efectos de la disparada que tuvo la cotización del dólar, entonces cabe esperar efectos inflacionarios muy importantes en los próximos tiempos.

Con respecto al aumento del IVA, se ha dicho que el impacto sería sobre los deciles de ingresos más altos. ¿Es así?

La expansión del uso de las tarjetas de débito en Uruguay es impresionante. Y es una de las características más importantes de la Ley de Inclusión Financiera; al mismo tiempo que crecía la cantidad de tarjetas de débito, disminuía el costo del arancel. Uno de los atractivos eran los cuatros puntos de IVA que se devolvían. Este volumen de operaciones tiene más que ver con sectores de clase media, que le dieron un gran impulso al uso de las tarjetas de débito. Pero teniendo en cuenta el volumen de ese crecimiento, estimo que llegaron también a sectores más modestos en materia de ingresos. Se generalizó mucho, por lo tanto la medida impactará negativamente sobre mucha gente. ¿Quiénes lo sufren más? Los más débiles, obviamente, porque son los que tienen menos herramientas para defenderse ante una medida de este tipo. El IVA es el impuesto más injusto que se pueda concebir en todo el sistema tributario, es un impuesto que es fácil de recaudar. Y aprovecho para recordarlo: Uruguay derrotó en una medida importante la informalidad, cuando llegamos al gobierno teníamos unos niveles de evasión del IVA brutales. A pesar de todo eso, sigue siendo el impuesto más injusto.

La medida del IVA está alineada con el espíritu que tiene la ley de urgente consideración (LUC) con respecto a la inclusión financiera. ¿A qué responde esa concepción?

A que tenemos visiones muy diferentes acerca de la transparencia, la formalidad y el combate a la evasión. Y ya no hablo del IVA en particular. Uruguay ha avanzado enormemente en la construcción de normas que combaten delitos tributarios que se cometen a escala mundial y que han habilitado intercambios de información entre países que antes no se hacían. Hemos tenido grandes avances en el combate al lavado de activos, el terrorismo y el crimen organizado, y eso incluye el dar cuenta del uso de medios tradicionales de pago en ciertas operaciones sobre las que hay que proporcionar información. Nosotros tenemos esa visión de respaldar este combate mundial a la evasión y el crimen tributario; aparentemente, el gobierno interpreta que esto significa meterse en la vida de la gente, violar fueros personales. Y termina amparando la falta de transparencia, porque reduce los controles y las riendas sobre quienes pueden estar vinculados a delitos de este tipo. El gobierno, en su esencia liberal o neoliberal, como quieran llamarle, decide postular limitaciones a la ley de inclusión financiera. Dicho sea de paso, sobrepasan el límite, porque si bien levantan las restricciones acerca del uso de medios tradicionales de pago poniendo límites más altos, también aligera o modifica negativamente lo único obligatorio que tiene la ley: que cada trabajador pueda tener su cuenta bancaria gratuita en el lugar que quiera el trabajador.

El gobierno prevé recaudar entre 45 y 50 millones de dólares anuales con el cambio en el IVA. Al momento de resolver esa medida, ¿primó más la necesidad de contar con esa recaudación o la animosidad contra la inclusión financiera?

Ambas cosas. Si tuviera que elegir cuál tiene más peso para este gobierno, diría que el primer aspecto, por la obsesión que han mostrado con respecto al déficit fiscal.

El director de la Oficina de Planeamiento y Prespuesto (OPP), Isaac Alfie, dijo el miércoles que las empresas públicas son deficitarias y por eso era necesario una adecuación tarifaria. ¿Qué opina?

Cuando Alfie hace declaraciones sobre cifras hay que prestar mucha atención y analizar muy bien lo que dice, entre otras cosas porque no muestra claramente la realidad de los temas a los que se está refiriendo. Él hizo un planteo parcialmente cierto, pero que sugiere una realidad que no es tal. Quiero decirlo con absoluta claridad: el gobierno del FA termina su período entregando empresas públicas absolutamente superavitarias, no deficitarias. Y hablo de todas, pero particularmente de las cinco más grandes: UTE, Antel, OSE, ANP y ANCAP. En algunos casos, como ANCAP, con un proceso de mejora notable desde que asumió la nueva dirección. ¿A qué se refiere entonces Alfie cuando habla de un déficit de 500 millones de dólares, como lo hizo en la conferencia de prensa? Se refiere a algo que no explica: esa cifra responde a la proyección pasiva de la acción de estas empresas, hasta 2020 incluido. O sea, suponiendo que no se hace absolutamente nada, que no hay adecuación tarifaria y que además las empresas no actúan, no modifican nada. No hacen un negocio o una actividad, no buscan obtener ingresos, nada. Repito: proyección pasiva. Esa es la cifra que maneja Alfie, que son además 500 millones de dólares de caja, no de patrimonio. Eso es todo lo que no dice Alfie y lo que nos obliga a aclarar. Dio una idea de que las empresas están fundidas y eso es absolutamente lejano a la realidad de las empresas públicas uruguayas.

Si se consideran los 15 meses en los que no aumentaron las tarifas, el ajuste termina estando por debajo de la inflación acumulada. Dejando de lado las promesas electorales, ¿considera que son números razonables?

Hay varias cosas ahí. En primer lugar, no me puedo poner en el lugar del gobierno y decir que hicieron bien o mal sin considerar toda la política económica. Cuando vos estás fijando una tarifa, tenés que pensar en la situación de la empresa pero también en los efectos que esa decisión va a tener sobre toda la sociedad. Pongo dos ejemplos: uno es el déficit fiscal, que no es de esa empresa sino de toda la sociedad, y otro es la inflación y la evolución de los precios, que también importan y mucho. Vuelvo a repetirlo, la inflación es el peor impuesto, incluso peor que el IVA, porque te come los bolsillos, particularmente de aquellos más débiles que dependen de un salario o de una pasividad. ¿Dónde están las contradicciones del gobierno? En que ahora están haciendo lo que durante cinco años calificaron de tarifazo, cada vez que el FA tomaba una decisión.

Hace un rato mencionaba que venía cierta “ansiedad” con respecto a las medidas contra el déficit fiscal. ¿Cómo observa ese ritmo?

Primera aclaración: estamos todos en contra del déficit fiscal. Que no se interprete mi análisis y mi defensa de lo que hicimos como una defensa del déficit fiscal: no es así. Es malo el déficit fiscal. Ahora, una cosa es combatir el déficit fiscal sin plata, y otra cosa es combatir el déficit fiscal con una solidez financiera como la que tiene Uruguay. Uruguay es un país extraordinariamente sólido desde el punto de vista financiero. No sólo por las reservas que tiene, sino principalmente por la fortaleza institucional que construyó durante mucho tiempo, y sobre todo, por el acceso y la calificación que tiene ese acceso a los mercados financieros del mundo. Entonces, Uruguay puede con esa base fundamental de solidez financiera tomarse el tiempo necesario como para que el combate al déficit fiscal no sea en perjuicio de la gente que está en peores condiciones, como puede ocurrir si continúan las tendencias de estos primeros días de gobierno. Hay una especie de ansiedad de que tiene que terminar mañana el déficit fiscal. Por otra parte, hay incluso analistas –entre comillas– que han dicho que tenemos un déficit fiscal insostenible y explosivo. Ni insostenible ni explosivo; el déficit fiscal uruguayo es manejable, porque no se lo puede analizar o calificar con independencia de cómo está funcionando la economía. Y Uruguay está tan sólido que puede tomar la trayectoria de una disminución gradual del déficit fiscal y no salir con medidas de choque, de recorte feroz de derechos y de conquistas. Ahora, no cualquiera puede hacer esto. Lo pueden hacer países que construyeron fortalezas, que en el caso de Uruguay lo llevan a pagar las tasas de interés internacionales más bajas de toda su historia, y de las más bajas de los países emergentes.

El gobierno de Lacalle Pou acusa al del FA de haber ocultado números en materia económica.

Eso es absolutamente falso. Tuvieron todos los números a su disposición desde mucho antes de iniciada la transición. No dejamos de darle una sola información. Ni siquiera ahora, cuando hubo todo este entredicho de las tarifas. Todos los entes habían suministrado información, y algunos, como ANCAP, aumentaron ese suministro. Tenían toda la información solicitada para poder tomar las decisiones sobre tarifas que entendieran convenientes.

El presidente Lacalle Pou estuvo al frente de los anuncios en materia económica, junto con las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas y de la OPP. ¿Qué opina de esa gestualidad, que es una innovación en algún punto?

Yo creo que el gobierno caracteriza esta situación como difícil, y realmente no me parece mal que el presidente se involucre directamente cuando hay que hacer un anuncio de este tipo, sobre todo porque hay incertidumbre en cuanto a los caminos que se van a seguir transitando en el futuro. Me parece bien que el presidente, con su presencia, le dé respaldo a quienes están haciendo anuncios que son difíciles –porque son anuncios que no son para alegría de nadie, ni siquiera de quienes votaron este gobierno, supongo yo–.

Desde su experiencia, ¿en algún momento sintió la necesidad de que desde la Presidencia, ante un anuncio difícil, hubiera presencia también?

Pero siempre que la necesitamos, estuvo, nunca dejó de estar. Y lo digo no sólo con la experiencia de estos últimos cinco años, sino con la experiencia del primer y segundo gobierno. Claro, ahora parece que, en pocos días transcurridos, hay una presencia más intensa de Lacalle tanto con respecto a [Tabaré] Vázquez como a [José] Mujica. Lo que pasa es que está muy concentrado en el tiempo, vamos a ver cómo sigue en el futuro.

En materia cambiaria, hay explicaciones distintas respecto de la suba del dólar: hay quienes dicen que obedece a factores externos y otros hacen hincapié en la asunción del nuevo gobierno como razón fundamental, ¿cuál es su posición?

Bueno, este tema se manejó muy mal por parte del gobierno. Antes que nada, viene precedido de un relato que postulaba que había atraso cambiario, que el dólar en Uruguay estaba bajo, que eso dificultaba la competitividad del país. Sobre todo desde la formación de Un Solo Uruguay, desde el agro, se insistió muchísimo en ese mensaje. Y llegan al gobierno con mucha gente esperando que esa llegada signifique un alza del tipo de cambio. A tal punto, que aun antes de asumir, el actual ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca [Carlos María Uriarte], que dice representar a un sector de la producción, el agro –lo cual me preocupa mucho, porque los corporativismos le hacen muy mal a la República y a la democracia–, habló de que el dólar estaba muy bajo, mencionó una cifra –40 pesos, la recuerdo perfectamente–, gestando el clima de que “ahora llegamos nosotros y el dólar...”. Eso en economía es muy peligroso, porque genera expectativas y conductas. Si a vos te dicen: “El dólar tiene que subir, yo soy gobierno y estoy a favor de que suba”, vos salís corriendo a comprar dólares, y contribuís a la devaluación. Si a eso le agregás que después de asumido el gobierno, no el ministro de Ganadería, sino el presidente de la República dice: “El dólar está bajo, tiene que subir, aunque no con saltos bruscos” –que fue lo que hicimos nosotros durante 15 años, evitar saltos bruscos–, y no lo logran evitar, tenés que concluir que esta actitud, esta postura del gobierno fue un factor que alimentó enormemente la devaluación que hubo en Uruguay hasta ahora. Y eso es un muy mal manejo, porque va a ser una vía de incremento inflacionario muy importante en el Uruguay. Hay países donde la devaluación o la modificación del tipo de cambio llega lentamente a los precios internos; un ejemplo es Brasil. Y hay países donde se transmite con mayor rapidez; un ejemplo es Uruguay, donde las modificaciones en el tipo de cambio se transmiten rápidamente a los precios internos. Ya estoy viendo a los supermercados remarcando todos los precios, ya empezó el remarque. Y la gente lo va a sentir. Yo no voy a ser tan cerrado de reconocer que hay factores internacionales que están pesando, lo reconozco. Pero acá hay factores internos que aceleraron la devaluación de Uruguay y lo hicieron en coherencia con su convicción (la del gobierno actual) de que por esa vía van a ser más competitivos y que el país va a mejorar su producción.

¿La demora del Banco Central del Uruguay (BCU) en reaccionar también depende de esas señales que manda el “piloto del avión”?

Pero naturalmente. El BCU se durmió, dicho con todo respeto. No actuó como a mi juicio debió haber actuado. Si el BCU hubiera salido a actuar con mayor firmeza y con mayor continuidad y volumen, seguramente se habría moderado la suba del tipo de cambio. Ahora, esto no es lo más importante, lo más importante fue el clima que crearon durante cinco años de que había atraso cambiario, y eso no era cierto. Cuando se desatan procesos de este tipo, hay que tomar medidas para pararlos. Si uno deja que sigan operando factores de expectativas como estas, puede haber nuevas subas. Ojalá no las haya, porque esto lo va a pagar la población en términos de inflación y de pérdida del salario y del poder adquisitivo.

¿Qué perspectivas hay para el salario real en este contexto? Hay otras señales también: el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, habló de flexibilizar los mecanismos de descuelgue de cara a la negociación colectiva.

Esto es un factor de preocupación para los trabajadores, es lógico. El gobierno debería también cavilar, pensar cómo va a actuar cuando llegue el momento de sentarse con los representantes sindicales y negociar. Obviamente, la incertidumbre ha crecido, y yo encuentro una preocupación natural de las organizaciones colectivas que defienden los intereses de los trabajadores. Así que no va a estar fácil eso. Tenemos además el tema del empleo, que es fundamental defender, y eso hay que analizarlo junto a las condiciones laborales, de modo de establecer prioridades que ante todo defiendan las fuentes de trabajo, y por supuesto preserven las conquistas logradas en materia de condiciones de trabajo.

¿Qué actitud debería adoptar el FA cuando el gobierno envíe la ley de presupuesto al Parlamento: una oposición cerrada o una oposición que acuerde y proponga alternativas?

Yo creo que la gente votó para que fuéramos oposición, en primer lugar. En segundo lugar, tenemos visiones muy distintas sobre cómo se gobierna el país, y las vamos a tener particularmente en materia presupuestal. Allí está el tema fiscal como tema central, pero un tema fiscal que repercute en toda la sociedad en sus diferentes áreas de actividad. A mí me parece que el FA debe basar su trabajo de oposición en dos grandes convicciones. En primer lugar, marcar firmemente cuál es su visión acerca del país, traducida en este caso en un plan de gobierno como es un presupuesto. Un segundo pilar debería ser la búsqueda de posibles mecanismos de acuerdo en algunos temas en los cuales se puede encontrar un punto que apoyen las dos visiones diferentes que hay sobre el país. No sobre las cosas sobre las que no hay transacción posible, sino sobre aquellas en las que puede haber algún resquicio de búsqueda de fortalecimiento de una posición entre el gobierno y la oposición, porque eso políticamente es muy importante para que la gente reciba señales de responsabilidad política.

Hay una discusión actualmente a la interna de la bancada del FA respecto de cómo posicionarse frente a la LUC, si rechazar completamente la norma o acordar o proponer alternativas en algunos puntos. Usted se inclina por la segunda opción.

Sí. Y yo he visto un buen clima en la bancada de Senadores para discutir qué hacer con la LUC. En la LUC tenemos excelentes ejemplos. Yo no puedo aceptar la desmonopolización de ANCAP. Tampoco puedo aceptar la modificación de la arquitectura del sistema institucional educativo tal como está planteada en la LUC. No podría aceptar los cambios que se han propuesto en el ámbito del procesamiento judicial, limitando las condiciones para el proceso abreviado, lo cual llevaría a un colapso de los fiscales. Son ejemplos de cosas inaceptables. Pero me puedo sentar a discutir cómo modificar su propuesta sobre regla fiscal, que a mí me parece muy inflexible. Nosotros tenemos otra que es flexible. Y ver si hay un posible punto intermedio entre ambas, dado que el tema fiscal en Uruguay es muy importante. Creo que tenemos que hacer las dos cosas, porque dar la señal política de que tenemos lealtad institucional y responsabilidad política es muy importante, es parte de la política que tenemos que hacer desde la izquierda.

¿Piensa que es posible un escenario en el que la coalición se quiebre y el FA pase a jugar un rol importante en términos de gobernabilidad?

Sí, lo estamos planteando en la bancada. No hay ninguna decisión al respecto, estamos recién empezando a conversar, pero veo un clima que tiende a tener en cuenta las dos trayectorias que venimos analizando ahora.