Una semana después del triunfo de la coalición encabezada por Luis Lacalle Pou en las elecciones nacionales, el escribano Atalívar Cal asumía la presidencia de la Asociación de Escribanos del Uruguay (AEU). Cal no oculta sus preferencias políticas: en Twitter se hace eco de mensajes de dirigentes del Partido Nacional (PN), celebra el envío del proyecto de ley de urgente consideración (LUC) al Parlamento o se queja porque a Canal 10 “sólo le falta autodesignarse como medio oficial del FA [Frente Amplio]”. A Cal lo acompaña en la vicepresidencia de la AEU Diego Stirling Martins, hijo del ex ministro del Interior de los gobiernos de Julio María Sanguinetti y de Jorge Batlle, Guillermo Stirling.
Durante la administración anterior de la AEU, bajo la presidencia de Ana María Ramírez –militante del Partido Colorado (PC) y luego del PN–, la asociación mantuvo una actitud opositora al gobierno del FA, por ejemplo, adhiriendo a las demandas de Un Solo Uruguay y apoyando los actos contra las medidas de inclusión financiera.
Bajo la gestión de Cal, la asociación tiene las puertas abiertas de la Torre Ejecutiva: según supo la diaria, antes del envío del proyecto de LUC al Parlamento, representantes de la AEU se reunieron con el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, y le entregaron una propuesta con una serie de reformas al Código Civil. La iniciativa fue tomada en forma textual en el proyecto de ley que se envió al Parlamento en abril.
La inmediata receptividad que tuvo el gobierno con las iniciativas de los escribanos tomó por sorpresa y molestó incluso a representantes de la coalición de gobierno: el diputado colorado Ope Pasquet escribió en Twitter que “no se puede modificar de apuro” el Código Civil, “sin consultar a expertos”. “Al Partido Colorado no se le avisó de esa novedad, ni se le explicó su fundamento, necesidad o conveniencia”, cuestionó.
Ante las críticas, la AEU reaccionó rápidamente. Este lunes, Pasquet y el senador del PC Adrián Peña se reunirán con representantes de la asociación para conversar sobre los cambios propuestos. En un comunicado de la Mesa Ejecutiva de la AEU dirigido a sus socios, bajo el título de “urgente”, se advierte que los cambios al Código Civil contenidos en la LUC son “una lucha de todos” y convocan a los escribanos a “llamar a todos los legisladores de todos los partidos que conozcan”. “Esto dará un impulso a la comercialización, trabajo, pago de impuestos. Es un proyecto ganar-ganar”, sostienen. Y concluyen en el comunicado: “Ya en el pasado permanecimos quietos y nos han cambiado la profesión. Lo vamos a permitir con la obsoleta idea de que lo haga otro?”.
La mayoría de las modificaciones al Código Civil propuestas por los escribanos acortan los plazos de prescripción. Entre otras disposiciones, acortan de 30 años a 20 el plazo de prescripción de la acción para pedir la partición de la herencia contra el coheredero que ha poseído el todo o parte de ella; se establece que la propiedad de los bienes inmuebles y los demás derechos reales prescriben por la posesión de 20 años (ahora son 30), sin necesidad, de parte del poseedor, de presentar título; disponen que toda acción personal por deuda prescribe a los diez años (hoy son 20). También se propone eliminar un artículo del Código Civil que establece que debe reputarse ausente, para los efectos de la prescripción en materia de propiedad, al propietario que reside en país extranjero, salvo que la ausencia fuera menor a un año entero y continuo.
Según dijo Cal a Subrayado cuando la LUC ingresó al Parlamento, estas modificaciones constituyen “una oportunidad para que, por ejemplo, modificando los plazos de prescripción, podamos competir por las inversiones en iguales condiciones que las que tienen los países de la región con esta normativa”. Sin embargo, escribanos consultados por la diaria dijeron desconocer la motivación de estos cambios, aunque prefirieron no declarar hasta conocer las razones que llevaron a la gremial a impulsarlos.
Daoíz Uriarte, abogado y presidente de la Vertiente Artiguista, FA, dijo a la diaria que “es de una vulgaridad supina modificar artículos de tal magnitud e importancia histórica por medio de la LUC”. Advirtió que no existe una evaluación del impacto económico que tendrá para el Estado reducir el plazo de prescripción de las deudas de 20 a diez años. “Por ser elementos tan especiales (las modificaciones propuestas), para gente que tiene mucho dinero o que maneja intereses muy grandes, uno tiende a pensar que puede haber una intencionalidad de solucionar problemas jurídicos de grandes propietarios mediante este mecanismo, sin que esto se discuta públicamente”, consideró. Añadió que sería razonable debatir estos temas sin urgencia. “Pero hay que discutirlos. Porque estas prescripciones eran de 30 años cuando el promedio de vida era de 50 años o menos. ¿Hoy el promedio de vida es de 80 años y quieren reducir las prescripciones? Es medio raro”, valoró.
Clima de negocios
Otras disposiciones contenidas en la LUC, por ejemplo la autorización de pagar en efectivo transacciones por montos de hasta 100.000 dólares, también están en línea con los reclamos que viene formulando la AEU desde la aprobación de las normas de inclusión financiera. “La AEU se encuentra muy satisfecha con la inclusión de un artículo en el proyecto de ley de urgente consideración que contempla el pago de precios con efectivo que tenga un techo de 100.000 dólares”, celebró Cal en la citada entrevista con Subrayado.
En un comunicado público emitido en febrero, tras conocerse el primer borrador de la LUC, la AEU, la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay y la Cámara Inmobiliaria Uruguaya expresaron en conjunto su respaldo a las disposiciones contenidas en la norma. En particular, valoraron la suba del tope para hacer transacciones con efectivo de los 4.500 dólares actuales a 100.000. La normativa actual, consideran, “ha limitado la posibilidad de concretar negocios, acarreando con ello reducción del mercado, menor trabajo para los operadores jurídicos, Inmobiliarias, Industria de la Construcción, Automotoras, entre otros”.
En aquel comunicado, las gremiales valoraron positivamente las declaraciones del actual titular de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), Jorge Chediak, que había sugerido en enero elevar el tope para las transacciones con efectivo a 150.000 dólares.
Sin embargo, expertos en la materia como el abogado Leonardo Costa, que fue prosecretario de Presidencia durante el gobierno de Batlle, señalaron que este y otros cambios propuestos en la LUC generarán “consecuencias de gran impacto negativo para el sistema antilavado uruguayo”. Según informó El Observador el 14 de abril, en un documento de análisis, Costa y el abogado Juan Diana consideran que las modificaciones generarán un aumento de la probabilidad de ocurrencia de maniobras de lavado de dinero por medio de operaciones intrasistema financiero, que facilitarán mecanismos para la regularización de activos eventualmente ilegítimos; y advirtieron sobre posibles calificaciones negativas de los organismos de evaluación internacional de control de lavado de activos que repercutirán en las posibilidades de realizar transacciones financieras internacionales o en un posible incremento en los costos.
La LUC incorpora asimismo una disposición en línea con los reclamos de los escribanos y de otros colectivos de profesionales, porque cambia la ley de lavado de activos y establece que se considerarán aplicables “las medidas simplificadas de debida diligencia, cuando la operación se efectúe con instrumentos de pago relativos a dinero u otros valores depositados en instituciones financieras supervisadas por el Banco Central del Uruguay, emitidos o acreditados a nombre de la parte que propone el instrumento de pago”. Esto implica, según el análisis de Costa y Diana, que se descarta la verificación de la identidad del beneficiario final y el pedido de documentación económica de respaldo que acredite el origen lícito de los fondos.
El 28 de febrero de 2020, cuando se anunció su designación como titular de Senaclaft, Chediak anticipó, en diálogo con la prensa, la sintonía del nuevo gobierno con los reclamos de los colectivos profesionales de escribanos y contadores. Consultado sobre cuál sería el cambio más importante de su gestión respecto de la anterior, respondió: “Contemplar algunos reclamos de determinados colectivos profesionales, como por ejemplo los escribanos y los contadores, que han visto incrementada su función en la necesidad de controlar el movimiento de dinero en las transacciones comerciales. Hay que ver si se pueden ajustar criterios a efectos de que los controles no mengüen, pero que la operativa sea lo menos obstaculizante posible para esta gente”.