El 11 de marzo, dos días antes del anuncio oficial de la llegada de la pandemia de la covid-19 al país, el gobierno de Luis Lacalle Pou promulgó el Decreto 90/020. La norma dispone un recorte de 15% en gastos de funcionamiento e inversiones de la mayoría de los organismos estatales. Al mismo tiempo, establece que los cargos vacantes generados al 31 de diciembre de 2019 no podrán ser provistos, y que de las vacantes generadas en 2020, sólo podrá ocuparse un tercio. Estas medidas de ajuste se fundamentan en “la situación de elevado déficit fiscal, así como la presión tributaria que pesa sobre la población”. El gobierno considera que “el excesivo gasto en función del nivel de ingreso del país” hace necesario “implementar políticas destinadas a racionalizar el gasto público”.

En línea con las disposiciones del Decreto 90/020 pero ampliándolas y profundizando el ajuste, a comienzos de abril la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) envió a las empresas públicas un documento denominado “Instructivo para la elaboración presupuestal 2020-2021”. Allí se instaba a las empresas a hacer recortes en recursos humanos, bienes e inversiones.

En materia de recursos humanos, el documento de la OPP plantea la eliminación de 100% de las vacantes existentes al 31 de diciembre de 2019 y de 67% de las que se generen a partir de dicha fecha. Se prohíbe la renovación automática de partidas para becarios, pasantes y arrendamientos de obra o servicio y se establece que el importe en pesos destinado en 2020 a la realización de estos vínculos no podrá superar el 60% de los montos ejecutados en 2019.

En bienes y servicios, se insta a una reducción global de 15% en términos reales en 2020 respecto de las partidas ejecutadas en 2019, y en las correspondientes al ejercicio 2021, un 5% adicional en relación a las presupuestadas para 2020. Sólo se exceptúan de esta disposición las partidas que “dependen directamente del nivel de actividad y no sean controlables por la empresa”, como la compra de crudo y derivados, o la compra de productos químicos para el proceso de potabilización del agua. Además, el instructivo añade que en el caso de pago de condenas o sentencias judiciales, las empresas deberán compensar dichos importes con una correspondiente menor ejecución en bienes y servicios.

Finalmente, en materia de inversiones, se establece un recorte para el quinquenio 2020-2024 de 15% respecto del promedio de ejecución del período 2015-2019. Y se aclara que en 2020 “no se podrá incluir en esa partida renovaciones de vehículos, mobiliario y equipamiento”.

UTE: recortes de hasta 30% en inversiones

En la última semana de julio, los directorios de las empresas públicas aprobaron sus presupuestos 2020-2021 y planes quinquenales con el voto en contra de los representantes del Frente Amplio (FA) –con excepción de Antel, donde aún no hay director de la oposición–. Estos entienden que los ajustes dispuestos perjudicarán la calidad de los servicios, postergarán inversiones imprescindibles y contribuirán a profundizar la crisis económica que ya atraviesa el país, dada la dimensión de las empresas públicas en la economía uruguaya.

Fernanda Cardona, directora por el FA en UTE, dijo a la diaria que recibió el presupuesto el día anterior a la sesión del directorio en la que se aprobó. Aseguró que si se proyecta el presupuesto 2020-2021 para los próximos cinco años, la rebaja establecida en materia de inversiones es “aún mayor que lo que pide la OPP”. Este año, UTE invertirá un tercio de lo que se invertía en el gobierno anterior, y en el próximo quinquenio, las inversiones se reducirán hasta 30% de lo ejecutado en el quinquenio anterior.

Esto implica, según Cardona, que no habrá inversión en generación de energía y se afectarán otras inversiones importantes del ente. Además, se suprimirán funciones operativas, y por las restricciones al llenado de vacantes, en distribución “no se van a poder cubrir los llamados con las cuadrillas que hay”.

A estos recortes se suma la situación de sequía del primer semestre del año y la suba del dólar, que ha afectado a todas las empresas públicas. Debido a la devaluación, en términos reales el recorte de 15% del Decreto 90/020 se transforma en un recorte de 25%, según las estimaciones de los directores frenteamplistas.

Para este año se prevé una disminución en la recaudación de UTE de 160 millones de dólares. “Venimos de 15 años en los que UTE no sólo trasladaba dinero a Rentas Generales, sino que las tarifas nunca se subieron por encima de la inflación. Ahora no sé cómo van a trasladar a Rentas Generales, cómo van a mantener calidad de servicio y cómo van a hacer para que la tarifa no aumente”, alertó Cardona. Porque al mismo tiempo, el gobierno le exigió a UTE este año que transfiriera a Rentas Generales 48% más que el año anterior.

En OSE la reducción de las inversiones será de 90 millones de dólares en 2020 y 2021, y se perderá 25% de los funcionarios.

OSE: una plantilla diezmada

En OSE, según un informe que entregó el director Edgardo Ortuño al FA, la aplicación de los lineamientos de la OPP determina “una significativa reducción de inversiones en obras y de funcionarios, lo que afecta los servicios a la población, debilita a la empresa pública para el cumplimiento de sus objetivos y tiene consecuencias económicas, sociales y ambientales negativas”. La reducción de las inversiones será de 90 millones de dólares en 2020 y 2021, y se perderá 25% de los funcionarios de OSE debido a la disposición de no llenar vacantes en 2019 y llenar un tercio en 2020 y 2021, medida que se suma a las limitaciones sobre vacantes que ya había establecido el gobierno anterior.

El recorte de las inversiones, según el informe de Ortuño, afectará obras importantes como la Presa y Usina Solís Chico, que es “estratégica para disponer de una nueva fuente de agua potable para garantizar el abastecimiento de la Costa de Oro”. Al mismo tiempo, el Ejecutivo no ha confirmado aún el financiamiento para un proyecto iniciado en la administración anterior y que tiene financiamiento comprometido de la CAF: la construcción de una presa en el arroyo Casupá. Esta obra permitiría contar con una nueva reserva para atender los requerimientos de agua potable de Montevideo, Canelones y el área metropolitana, y funcionaría como respaldo ante situaciones de sequía. Otorgaría una capacidad de almacenamiento de 118 millones de m3 de agua, que se sumarían a los aproximadamente 80 millones de m3 que se represan actualmente.

En saneamiento, el presupuesto se reducirá en 46 millones de dólares. Esto afectará a obras como el proyecto de saneamiento Eje Ruta 5 de Montevideo y Canelones. Los recortes también afectarán, según el informe de Ortuño, a la planta de tratamiento de Aguas Corrientes.

“El aprobado, con nuestro voto en contra, es un presupuesto de recorte y achique cuando más se necesita del impulso económico y la sensibilidad social de nuestras empresas públicas. Las reducciones en inversiones y en reposición de vacantes significan menos obras y menos puestos de trabajo, y llegan justamente cuando la pandemia torna la crisis sanitaria en crisis económica y social ante la cual el empleo debe ser asumido como prioridad nacional”, denuncia el director frenteamplista en el documento.

ANCAP: disminución acumulada de la inversión

Walter Sosa, director frenteamplista en ANCAP, dijo a la diaria que los recortes al presupuesto “inciden de manera muy significativa y limitan mucho las posibilidades de desarrollo de ANCAP”. Recordó que el ente está en su mínimo histórico en materia de cantidad de funcionarios de los últimos 11 años y dijo que “estas limitaciones ponen una tensión importante”, porque ya se está “por debajo de lo necesario”.

En materia de inversiones, a raíz de los recortes este año se invertirán 12 de millones de dólares. “Esa limitación que impone la OPP es inédita, porque no existe ninguna empresa petrolera con un presupuesto tan bajo de inversiones”, cuestionó. En el período 2010-2015, ANCAP invirtió en promedio 132 millones de dólares por año. Y en el período 2015-2019, el monto promedio de la inversión anual fue de 23 millones de dólares, sin contabilizar las capitalizaciones.

El ajuste afectará, según Sosa, a inversiones “imprescindibles” como la del Horno 3 para el pórtland, las mejoras en la planta de La Tablada y las obras en el puerto de Paysandú.

Sosa añadió que la disponibilidad de dinero que va a quedar en el ente a comienzos de 2021 será de aproximadamente 20 millones de dólares, “cuando lo que se estima es que, por un tema de riesgos y eventuales gastos, lo recomendable es que haya el equivalente a 1.300.000 barriles, que son unos 40 millones de dólares”, indicó el director.

Sosa cuestionó el recorte indiscriminado dispuesto por la OPP, que no contempla la realidad de cada una de las empresas y la situación en la que se encuentran. “Eso es un hecho preocupante; hay una línea de base igual para todos, cuando las situaciones son muy diferentes”, alertó. Por otra parte, añadió que los recortes no sólo perjudicarán a las empresas públicas, sino a las cadenas de proveedores, y por tanto afectarán la actividad económica en general. “En un contexto de miles de desocupados, no se está contribuyendo a mejorar esa situación. Todo esto acumula a la recesión”, consideró.

Consultado al respecto por la diaria, el presidente de ANCAP, Alejandro Stipanicic, aseguró que la calidad de los productos y servicios de la empresa estatal no se verá afectada por los recortes. “Ningún gasto esencial fue recortado o disminuido, y menos eliminado. Se recortaron cosas que podían ser postergables, como gastos o contrataciones que no eran esenciales. No se puede ver resentido el funcionamiento de la empresa por los recortes”, subrayó.

En materia de inversiones, Stipanicic reconoció que el recorte “fue fuerte”, pero recordó que ANCAP “venía con un bajísimo y preocupante nivel de inversiones”. “No es un nivel de inversión sostenible, y eso lo hemos conversado con la OPP”, aseguró el presidente. Añadió que a la OPP le pareció “totalmente razonable” el planteo y sostuvo que a partir de 2022 el promedio de inversión rondará los 30 o 40 millones de dólares. Además, afirmó que es necesario hacer “una adecuada priorización de las inversiones” y tener “un marco más estratégico” para decidir en qué invertir.

Informó que en estos dos años se priorizarán las inversiones en medioambiente, seguridad (tanques, refinería, pórtland) y sistemas de información (migración al sistema corporativo de información). “Nosotros estamos pasando un año muy difícil, vamos a dar pérdidas. Tenemos que ser extremadamente prudentes en las inversiones que hacemos, con o sin restricciones del gobierno”, remarcó. Este año, estimó el presidente, ANCAP perderá entre 80 y 100 millones de dólares por la caída de la actividad, por el aumento de los costos y por el efecto de tipo de cambio, ya que el ente tiene deuda en dólares.

En cuanto al impacto que tendrán los recortes en la actividad económica del país, Stipanicic consideró que “si la falta de inversión impacta más o menos en la economía, tiene más que ver con la política macroeconómica del país que con la decisión de una empresa”.

Preocupación en el Frente Amplio

En la tarde del miércoles, el presidente del FA, Javier Miranda, se reunió con los representantes de la coalición de izquierda en los entes públicos, servicios descentralizados y organismos de contralor. Según dijo Miranda a la diaria, se trató de “una reunión general para aclarar los tantos”, y los representantes asistieron para informar, entre otros temas, sobre el presupuesto.

El presidente del FA aseguró que en la coalición de izquierda existe “enorme preocupación” con los recortes de gastos, entre otros en las empresas públicas. “Vuelve la motosierra, los recortes indiscriminados. Tenemos un gobierno preocupado por el déficit fiscal y punto, no por la situación económica y social del país”, cuestionó. Sostuvo que en momentos en que el mundo acepta que habrá un aumento del déficit, en que los países se endeudan para hacer frente a la crisis y “es evidente que va a haber un cambio en las políticas de valoración de deuda”, “la propuesta del gobierno es el recorte”. “Europa invierte 5% del producto interno bruto europeo para la atención de la emergencia sanitaria; Chile, que no tiene un gobierno precisamente de izquierda, también invierte 5%; y Uruguay invierte 0,4%, y encima recorta”, expresó. “Estamos a la derecha del Fondo Monetario Internacional, que dice que el Estado tiene que invertir para hacer frente a la emergencia. Es demencial”, concluyó.